Infojus Noticias

El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue procesado por el juez federal Ariel Lijo por los presuntos delitos de "cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública" a raíz de lo que consideró su participación directa e interesada, en su propio beneficio, en el rescate de la quebrada empresa Ciccone Calcográfica. Pese a la gravedad de la imputación, y la envergadura de la maniobra reprochada, sólo le trabó embargo por 200 mil pesos. Junto con Boudou fueron procesados también su amigo y ex socio comercial José María Núñez Carmona, con quien el vicepresidente reconoció que mantiene hoy una relación distante. La misma suerte corrió el empresario Alejandro Vandenbroele, pese a que en el expediente no está demostrado que conociera a Boudou. El resto de los procesados, por idénticos delitos, son el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner, como supuesto impulsor de beneficios impositivos para sacar a Ciccone de la quiebra; el propio Tadeo Ciccone y su yerno, Rafael Reinwick, como la otra punta de la negociación que, según lijo, fue espuria e ilegal.

El procesamiento sostiene que Boudou avanzó en su conducta incluso cuando ya era vicepresidente. "Los elementos reunidos también permitieron demostrar su vinculación con la empresa cuando una vez que fue elegido Vicepresidente de la Nación, la empresa consiguió luego de años de intentos fallidos la aprobación de un plan de facilidades de pago y el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional", escribió el magistrado.

A lo largo de 333 páginas, Lijo relató cómo, según la investigación que llevó adelante junto con el fiscal Jorge Di Lello, ocurrieron los hechos.

"Se verificó en estas actuaciones que Amado Boudou, como Ministro de Economía, junto a José María Núñez Carmona, adquirieron -a través de la empresa The Old Fund- el 70% de la firma Ciccone Calcográfica de parte de Nicolás y Héctor Ciccone.

En este sentido, no sólo se probó el vínculo de Boudou y Núñez Carmona con Alejandro Vandenbroele sino que se logró acreditar que ellos eran los verdaderos dueños de The Old Fund y, en consecuencia, de la empresa Ciccone Calcográfica. Así, se han demostrado todos los nexos comerciales, económicos y sociales que los unen, como también, el papel que le asignaron a Vandenbroele de persona interpuesta en la maniobra".

Lijo acomodó como en un rompecabezas todos los indicios que fue recolectando en el expediente, desde movimientos en cuentas bancarias hasta entrecruzamientos de llamados telefónicos. La defensa de Boudou, a cargo del abogado Diego Pirota, sostiene que todo es refutable y anuncia que será refutado en la apelación.  Pirota señaló que "el lunes a primera hora se cumplirá con la notificación y en el tramo final de la semana, unavez que dialogue y estudie la resolución, se presentará la apelación ante la Cámara, previa consulta a Boudou".  El juez, dijo el letrado en un comunicado, "no ha fundado su decisión en pruebas de la causa, sino que sólo ha tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos" y señalaron que se"se han tergiversado pruebas y testimonios, así como inventando circunstancias que no existen en las constancias de la causa penal".

El juez atacó, además, uno de los puntos más débiles de la investigación, que incluso le fue reclamado por la Cámara Federal: la ruta del dinero aportado para el rescate de la empresa.

En el contexto de la causa Ciccone (que incluye el proceso comercial de la quiebra y la estatización de la imprenta), el ex banquero y actual empresario de medios Raúl Moneta aparece reivindicando como propios los fondos que posibilitaron sacar a Ciccone del fondo del pozo. Un simple silogismo permite determinar que si el dinero lo puso Moneta, no lo pudo Boudou.

Lijo no cree que Moneta, hoy afectado por un grave problema de salud, haya sido el financista real: "la prueba obrante en autos pone en serias dudas la veracidad de la aseveración relativa a los fondos; aunque corresponde profundizar las medidas de prueba para determinarlo", escribió.

No obstante, reconoció que "aún está pendiente el resultado de varias medidas", pero anticipó que "la determinación del origen de esos fondos en nada influye en la acreditación del hecho imputado, debido a que es independiente y posterior a la maniobra criminal reprochada, al menos por el momento, en lo relativo a la participación del vicepresidente en el control de la calcográfica Ciccone... incluso si fuera cierto que Moneta inyectó capitales a partir del 29 de octubre de 2010, ello no desacreditaría los hechos ya probados en la sección relativa a la responsabilidad penal por la participación que tuvieron en la maniobra delictiva Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele, Resnick Brenner, Ciccone y Reinwick". Más aún, redobló la apuesta y deslizó la posibilidad de que Boudou y Núñez Carmona hubieran intentado "encubrir los hechos delictivos que habían llevado adelante, por medio de maniobras que podrían considerarse nuevos delitos, como es la coacción y la estafa procesal".

El juez describió los roles que atribuye a ambos, "uno aportando su condición de funcionario público, primero como Ministro de Economía y luego como Vicepresidente de la Nación, y ejerciendo con ello toda la influencia que implicaban sus cargos estatales y el otro llevando a cabo actos, como privado, que Boudou no podía, justamente por su cargo".

El juez dio por probadas dos reuniones entre los Ciccone y Boudou, pese a que no hay pruebas documentales de ellas. Se trata de los encuentros en Telefe y en el restaurant I Fresh Market, "el día que se concretó la adquisición del 70% del capital accionario" de la empresa quebrada. Y dio por ciento que "ese acuerdo ilícito de Amado Boudou se materializó los días 1 y 2 de septiembre del año 2010 a través de José Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele en el estudio jurídico de Taiah".

Boudou también "habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner — Jefe de asesores de la AFIP— y César Guido Forcieri –Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP".

Para la defensa de Boudou, se tergiversaron declaraciones testimoniales, es decir le atribuyó a testigos cosas que no dijeron para incriminar al vicepresidente.

El fallo exculpa al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a quien el fiscal Di Lello le había pedido la indagatoria. "El 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechazó de puño y letra, oportunidad en la que afirmó que el plan debía ajustarse a derecho.

En virtud de que Ricardo Echegaray frustró el plan de pagos ilegal, a Ciccone Calcográfica no se le otorgó el certificado fiscal para contratar con el Estado. Por ello, durante el año 2011, la firma —que, luego de la adquisición, pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS) — habría llevado a cabo un negocio privado de impresión de boletas electorales con el Frente para la Victoria, partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente". En la lectura del juez, el titular de la AFIP frustró un "negocio" del ministro que luego sería vicepresidente.

El fallo insinúa una puja de poder político, pues sostiene que "una vez que Boudou fue elegido vicepresidente, el 14 de noviembre de 2011, CVS, a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos ante la AFIP, que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desembocó en la concesión del certificado fiscal para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. Es decir, tres días después de que Boudou asumiera como vicepresidente".

La maniobra, según Lijo, se terminó de plasmar cuando Boudou ya era vice y logró desde ese cargo "la contratación con el Estado Nacional para la impresión de billetes de curso legal". Según Lijo, Boudou venía preparando el campo para ese accionar: "se determinó la participación directa de Amado Boudou como Ministro de Economía en la interrupción de una licitación pública que tramitaba en Casa de la Moneda que de concretarse podía perjudicar la contratación de su imprenta -Ciccone-".

"Boudou habría aportado su condición de funcionario público" y su amigo de la infancia y socio comercial José María Núñez Carmona "habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo", concluyó Lijo.