Infojus Noticias

La Cámara Federal le otorgó al Ministerio de Justicia la potestad de actuar como "parte querellante" en la causa en la que se investiga la presunta desaparición de expedientes en la Inspección General de Justicia (IJG) en marzo de 2012, donde estaban registradas las firmas que estuvieron detrás de la compra de Ciccone.

Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la Sala I del tribunal, con el voto mayoritario de Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero y la disidencia de Eduardo Farah, recordaron el artículo 4 de la ley 17.516 contempla que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública". Y pidieron que no se confunda "la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionarios que pudieran representarlo" y negaron la "existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto".

Por ello revocaron una resolución de la jueza María Servini de Cubría quien se había opuesto a que el Ministerio fuese querellante pues la IJG es una dependencia que forma parte de esa cartera pero ello no fue óbice para que los camaristas revocasen esa decisión. Sin embargo el tercer integrante de la Sala, en disidencia, coincidió con la jueza de primera instancia y afirmó que "la calidad de querellante solicitada resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado".