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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer en Twitter que una empresa de la que el juez federal Claudio Bonadio tiene el 20 por ciento del capital accionario debe los balances por los ejercicios de 2012 y 2013, “igualito que Hotesur S.A.”. El juez que allanó la empresa que administra el hotel Alto Calafate y la sede de la Inspección General de Justicia (IGJ), hace una semana, tiene acciones en una sociedad que está en las mismas condiciones. A su vez, el senador Marcelo Fuentes (FPV) presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“¿Algún legislador o legisladora denunciará? ¿Algún juez allanará? ¿Qué dirá la prensa independiente?”, escribió anoche la Presidenta, tras el cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. En su discurso dijo que “a esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos”. Poco después informó a través de sus tuits que la empresa Mansue S.A., dedicada a la explotación de estaciones de servicio, debe los mismos balances que Hotesur y no es objeto de investigaciones judiciales.

La Presidenta recordó el comunicado de la IGJ en el que se informó la existencia de 319.626 sociedades comerciales, de las que sólo estaban activas 150.855 al 31 de octubre de este año. De las activas, “83.319 presentaron declaraciones juradas, mientras que 67.536 permanecen pendientes”. Ese comunicado “informaba que Hotesur S.A. se encontraba entre las activas que han presentado declaración jurada y cuya documentación se encuentra en etapa de análisis”, recordó la mandataria.

Entre las sociedades que tienen pendiente la tramitación de las declaraciones juradas también se encuentra Mansue S.A., la empresa que preside Carlos Alberto Bonadío –titular del 40 por ciento de las acciones–, y de la que el juez de Comodoro Py tiene el 20 por ciento. Otro 20 por ciento está en poder de Fernando Luis Climent, y el 20 por ciento restante Alejandro Vicente Climent. “Se ve que se trata de una sociedad de familia. ¿Y sabés qué? Deben los balances por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2012 y al 31/12 del 2013”, tuiteó la presidenta.

Enriquecimiento ilícito

Según el legislador Marcelo Fuentes, el juez tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma “Mansue S.A.”, dedicada a la venta de combustible. “Sugestivamente, el accionista mayoritario es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40 por ciento de la empresa, junto a Fernando y Alejandro Climent que completan el paquete accionario con un 20 por ciento cada uno”, detalló.

De acuerdo a lo que se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012. Fuentes consideró que “al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado”.

A esto se suma, además, que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadio en otra empresa denominada “Gas Lanús S.A.”, que al igual que “Mansue S.A.” se dedicaría a la venta de combustible.

En este contexto, el diputado nacional solicitó que se lleve adelante una profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica. Por último, en la denuncia se solicita, entre otras medidas, la  intervención de la Unidad de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.

“Usa causas para extorsionar y hacer política”

“Lo que viene sucediendo con Bonadio es sistemático. Cada vez que había un expediente relacionado con él en el Consejo de la Magistratura, en el mismo día, o al otro, iniciaba una causa contra el Gobierno de una forma extorsionadora”, dijo el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. El funcionario afirmó el domingo que la conducta del juez es “es claramente de golpismo institucional”.

Álvarez explicó que cada vez que el Consejo de la Magistratura trata alguno de los nueve expedientes por mal desempeño que tramitan en la Comisión de Disciplina y Acusación, Bonadío realiza algún movimiento judicial para “extorsionar” al Gobierno. Recordó que el 20 de marzo la comisión “lo citó por mal desempeño en el trámite de las causas Tandanor y Yoma” y que ese mismo día el juez federal “firmó la elevación a juicio de Guillermo Moreno en una causa por abuso de autoridad”. Lo mismo sucedió el jueves pasado, cuando el Consejo renovó sus autoridades y Bonadío “hizo el allanamiento en la Inspección General de Justicia, justamente el Ministerio de Justicia, y en Hotesur, donde por supuesto no se encuentra nada”.

Mal desempeño: por qué Bonadío está imputado

Bonadío acumula nueve causas por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. En marzo fue imputado por la Comisión de Disciplina y Acusación en base a una denuncia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentada en 2011. Lo acusan de dilatar la instrucción de dos emblemáticos casos de corrupción que tuvieron lugar durante la década del ‘90: la estafa al Estado en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A.

La primera causa se caratuló “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional” y recaló en 2002 en el juzgado Nº 11. Investigaba la operatoria de consorcio Marítimo S.A., la compañía que ganó la licitación internacional para adquirir casi el 90 por ciento de las acciones de Tandanor. Prometió pagar 7 millones de pesos en efectivo, y otros 52 mediante cheques de pago diferido y una póliza de caución. Con el tiempo se comprobó que la firma era insolvente, y se inició el proceso penal por defraudación al Estado.

Bonadío tardó cuatro años en realizar la investigación: recién en 2006 tomó declaración indagatoria a los imputados y dio por terminada la etapa preparatoria. La fiscalía pidió la elevación a juicio, pero el juez demoró tres años en aceptarla. Desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio, pasaron nueve años, siete de ellos en el juzgado de Bonadío. El Tribunal Oral afirmó después que por lo menos los últimos tres se podrían haber ahorrado.

La segunda causa, por la curtiembre de Yoma S.A, demoró aún más. La empresa cedió títulos de crédito al Banco Nación, una operación financiera habitual entre las compañías y las entidades bancarias. Pero ya había cedido los mismos títulos al Banco Macro, por lo que la maniobra implicaba una estafa al Banco Nación. La denuncia recayó en la oficina de Bonadío en el año 2000. Tardó más de cinco años en llamar a los imputados a declaración indagatoria, y otros cinco para conceder la elevación a juicio que pidió el fiscal.

Las otras denuncias

Bonadío tiene dos expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura relacionados con la tragedia de Once. Uno es sobre la tardanza en los llamados a indagatorias y otro por haber dado la orden de cesar la búsqueda de sobrevivientes, entre ellos Lucas Menghini Rey, la última víctima en ser hallada.

En la tragedia ferroviaria de 2002 murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas. Lucas Menghini Rey fue una de las víctimas fatales. Sus familiares y amigos lo buscaron durante dos días, porque no sabían si estaba perdido o internado. Los agentes de la Policía Federal encontraron su cuerpo en la cabina auxiliar del conductor situada en el cuarto vagón de la formación. Lucas estaba muerto y su cuerpo llevaba dos días entre los fierros. Los bomberos que dejaron de buscarlo por orden de Bonadío hoy están procesados.

Otra de las causas que tramita en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de Bonadío es la que surgió de la denuncia de Luis Echarren, una de las víctimas de un contagio masivo de HIV y Hepatitis C que se generó en la Fundación Hemofílica por el suministro de concentrados importados contaminados. Bonadío “jamás impulsó la causa”, indicó el abogado Gonzalo Giadone, que representa a los pacientes que fueron víctimas del contagio. Muchos pacientes hemofílicos “murieron sin la posibilidad de ver justicia”. La demora en de Bonadío terminó con la muerte de varios testigos en 2008, que nunca llegaron a prestar declaración.