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La noche que las calles de La Plata se transformaron en río a María Angélica Pacheco y a Ricardo Rojas los salvó uno de su nietos. El 2 de abril del año pasado en su casa el agua casi alcanzó los dos metros. Ella tenía 86 años y él 89. Un mes después, a María Angélica la internaron y su corazón no resistió; falleció el 6 de mayo.  Ricardo murió 43 días después. Su hijo Daniel contó que antes de la trágica inundación estaban bien pero “semejante experiencia cambió todo”. Lo dijo en el juzgado en lo contencioso administrativo N° 1 de La Plata donde se confirmó que la pareja y otras 87 personas fueron víctimas directas de la inundación que arrasó la capital bonaerense.

En un fallo de más de 190 páginas, el juez Luis Arias dedicó unas cuantas a relatar cómo estas personas encontraron la muerte. Incluyó entre las víctimas fatales a quienes –como María Angélica y Ricardo– no murieron ahogados pero afectados física y psicológicamente no pudieron sobrevivir. Durante la investigación, Arias además detectó fallas en los registros policiales y judiciales en los que se basó el entonces ministro de Justicia y Seguridad provincial y actual ministro de Justicia, Ricardo Casal, para dar a conocer un listado de 52 víctimas mortales, inmediatamente después de la catástrofe.

A las víctimas fatales que enfermaron después de la inundación, Arias sumó otros que erróneamente no estaban en el listado inicial. 

 El 3 de abril, Néstor Pierobon recién pudo llegar a las 9 a la casa de su madre, Cristina Valcarce. La mujer de 81 años había pasado la noche sumergida en casi un metro y medio de agua. Cuando la sacó en el bote de unos vecinos estaba entumecida y a las horas murió en Hospital Rossi. Uno de los médicos que la atendió le explicó que no podían entregarles el cuerpo porque antes tenían que dar aviso a la policía. Pero en la comisaría de Tolosa un policía le recomendó que directamente la llevaran a una funeraria.

La directora del hospital se comunicó con la central de policía y le indicaron que entregaran el cuerpo a la familia, con un certificado de defunción por paro cardiorrespiratorio. A Cristina Valcarce la cremaron sin que las autoridades políticas de la provincia la contaran entre los muertos por la inundación. Ahora, por el testimonio de sus familiares, Arias la contó en el nuevo listado de víctimas.

En general, ante una muerte traumática el fiscal ordena una autopsia para investigar cómo ocurrió e interviene la policía científica, pero después del diluvio “la prioridad fue entregar los cuerpos a las familias”, contó entonces una fuente cercana a la investigación. Durante la instrucción de la causa, Arias lo confirmó: el Superintendente de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, el Crio. Pablo Vázquez, acordó con el fiscal e instruyó a sus subordinados para que “no se hicieran autopsias, salvo en caso de considerarse necesario”, cuando hubiera evidencias de un acto criminal.

Para el juez, los mayores errores durante las primeras horas de la tragedia, se cometieron porque “los fiscales (Condomí Alcorta estaba de turno ese día) delegaron el 95% de la investigación en la policía”. Esta semana, después de que Arias diera a conocer en el fallo las irregularidades que detectó en la morgue policial, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) le pidió que investigue su funcionamiento y las autoridades provinciales del ministerio de Seguridad desplazaron al comisario Vázquez de su cargo. Antes de ser cuestionado por el conteo de los muertos durante la inundación, Vázquez había sido denunciado por senadores bonaerenses por su papel en la investigación del asesinato de Candela Sol Rodríguez, en 2011, en el partido bonaerense de  Hurlingham.

Errores frecuentes y otros intencionales

Durante la investigación, el juez platense ordenó allanar la morgue que funciona en el cementerio y los gendarmes encontraron cuerpos apilados, tirados sobre camillas o en el piso a temperatura ambiente, dos cadáveres que salieron de allí con la misma identidad y otros de larga data abandonados en las heladeras. Un día antes del primer aniversario de la catástrofe, en base al pedido del CIAJ para que se investigue al respecto, Arias prohibió el ingreso de nuevos cadáveres y  fijó un plazo de 10 días para que las autoridades provinciales le informen sobre su funcionamiento.

A los registros fraguados y a las muertes posteriores a la inundación se sumaron los casos de otras víctimas fatales en los que se sospecha de maniobras para ocultar los motivos de su fallecimiento. Como el del peruano Josué Suárez Salazar que el 4 y 5 de abril figuró entre las víctima del temporal en la listas difundidas a los medios por las autoridades provinciales, pero después fue reemplazado con el caso de Nélida Reyes. La circunstancias de la muerte de Suárez Salazar ahora están siendo investigadas por la justicia penal (UFI de Delitos Complejos N° 8). Sus vecinos  contaron al juez que Suárez Salazar y su perro murieron electrocutados. En el barrio el agua superó el metro y medio y, pese a los insistentes reclamos de los vecinos, la distribuidora de energía EDELAP recién cortó el suministro de energía eléctrica pasada las 10 de la mañana del 3 de abril.

Además de investigar los 37 casos de fallecimientos que  se sumaron a las 52 víctimas que difundieron las autoridades del Ejecutivo provincial, en el fallo Arias resumió las circunstancias de la muerte de otras 16 personas de las que no cuenta con datos suficientes para determinar si fueron o no víctimas directas o indirectas de la inundación.