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En el centro del escenario del Teatro Cervantes estaba la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Junto a ella, el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni y el ex juez español Baltasar Garzón. Detrás de ellos, una veintena de juristas internacionales que participaron del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal. Pasándose el micrófono de mano en mano, leyeron los 22 Nuevos Principios de Jurisdicción Universal, que incorporan los delitos económicos y medioambientales a la lista de crímenes imprescriptibles y que pueden ser investigados y juzgados en cualquier país del mundo.

El documento aprobado hoy fue debatido durante los últimos dos años por organizaciones y expertos de todo el mundo. En los puntos 2 y 3 se enumeran los delitos que podrán ser investigados por cualquier autoridad judicial, independientemente del lugar en el que fueron cometidos. A los ya establecidos por la declaración anterior –genocidio, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, entre otros- se incorporan los “crímenes económicos y contra el medio ambiente, que por su extensión y escala afectan gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan destrucción irreversible de ecosistemas”.

“Extender la jurisdicción universal a delitos contra el medioambiente y delitos financieros transnacionales es una forma de actualizar lo que eran los tradicionales delitos de lesa humanidad”, explicó Zaffaroni a Infojus Noticias. “Hoy la lucha de poder se da con otras características. Para ocupar un país hoy no se necesita atravesar la línea Maginot (una fortificación construida por Francia a lo largo de la frontera con Alemania e Italia), se ocupa un país a través de jóvenes brillantes formados en los centros de think tank y del capital financiero transnacional”, agregó el ex juez de la Corte Suprema.

“Este es un instrumento a tener en cuenta para que no haya impunidad para los perpretadores, que aprovechando crisis económicas o situaciones en las que muchos pueblos se encuentran –y no precisamente por su propia responsabilidad- traten de sacar beneficio”, consideró Garzón.

Los nuevos principios

Los denominados Principios de Madrid–Buenos Aires (por las ciudades donde se debatieron) actualizan los Principios de Princeton, de 2001. La redacción final y aprobación del nuevo documento se dio en el marco del Congreso de Jurisdicción Universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que convocó a personalidades internacionales del Derecho, el activismo y organizaciones civiles y políticas vinculadas con la defensa de los derechos humanos.

“La Jurisdicción Universal a lo largo de las últimas décadas se ha revelado como instrumento necesario para que la respuesta judicial frente a los crímenes internacionales sea íntegra y plenamente satisfactoria”, dice el preámbulo del documento aprobado. “Hay crímenes que por su naturaleza y especial gravedad dejan de incumbir a un Estado soberano en particular para afectar a la humanidad en su conjunto”, agrega.

Durante los dos días que duró el encuentro, diferentes grupos de trabajo se reunieron a puertas cerradas en la Universidad de Buenos Aires para terminar de delinear el documento. La misma modalidad se repitió durante los últimos dos años: sesiones de dos o tres días en diferentes puntos del planeta en las que participaron expertos en derecho penal, derecho penal internacional, derecho humanitario, líderes de opinión y otros especialistas. Los encuentros fueron monitoreados por Garzón.

SO/RA