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El juicio por los crímenes que se cometieron en la comisaría de Villa Ballester durante la última dictadura cívico-militar, que se desarrolla en los tribunales de San Martín desde el 18 de agosto, dejó en evidencia una problemática que cruza muchos de estos procesos de lesa humanidad: ¿Cómo abordar los delitos sexuales que se cometieron en los centros clandestinos? Tres de las catorce víctimas que tiene este debate oral y público denunciaron haber sufrido agresiones sexuales y vejámenes, con la particularidad de que los hechos fueron soslayados por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, a cargo de la instrucción del expediente, el 13° de la megacausa Campo de Mayo que llega a juicio.

“Dos personas habían denunciado en instrucción lo que técnicamente podía considerarse abuso sexual y violación. Y durante el juicio oral otra de las víctimas, que declaró desde España por teleconferencia, también hizo referencia al tema. Fue terrible. Esas conductas no iban a recibir ningún tipo de sanción. Por lo que solicitamos la ampliación de la acusación contra los imputados”, explicó a Infojus Noticias el fiscal federal Marcelo García Berro, que interviene en el juicio.

La declaración por teleconferencia que realizó la víctima –se reserva su identidad- fue tan cruda que una de las juezas que integra el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín se conmovió hasta las lágrimas. Era la primera vez que esta mujer relataba los abusos que había sufrido en la comisaría 2da de San Martín, ubicada en Villa Ballester. Debió interrumpir su testimonio por una crisis de angustia.

Los camaristas hicieron lugar a la solicitud de la fiscalía, que se había efectuado en la audiencia del 28 de septiembre pasado, y ampliaron la imputación por delitos sexuales contra el jefe de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el director de la Escuela de Caballería, Rodolfo Feroglio; y el comisario de la seccional de Villa Ballester entre 1975 y 1977, Daniel Caimi. García Berro consideró “cuanto menos negligente e injustificadamente dilatado” el abordaje del tema.

Durante su ponencia ante TOF1, García Berro remarcó que la violencia sexual “tuvo por objetivo la deshumanización de las víctimas”. Cuando se aplicaba a las mujeres tenía por objetivo “remarcarles el costo de salirse de sus roles de madres-esposas-amas de casa (preceptos, además altamente ligados a la ‘moral cristiana’ que el terrorismo de estado pretendía conservar) y cristalizar la idea de que sobre los cuerpos de ellas se ejerce un control esencial para sostener el status quo de su subordinación”. También implicaba transformar a las mujeres como “botín para quienes estaban desplegando lo que ellos llamaban la ‘guerra contra la subversión’”.

Un instrumento más del terrorismo de Estado

La sobreviviente y periodista Miriam Lewin es autora junta a Olga Wornat del libro “Putas y guerrilleras”, donde se abordan los crímenes sexuales en los centros clandestinos. Consultada por Infojus Noticias: “Los delitos sexuales fueron sistemáticos. Se dieron en todas las provincias y en todos los centros clandestinos de detención, con distintas características. Había reglas diferentes, tácitas o explícitas. Era un instrumento más del terrorismo de Estado. Yo lo llamo terrorismo sexual”. Lewin definió algunas de sus características: “Tiene varios objetivos, no solo la humillación o el quiebre directo de la mujer. Es una herramienta de disciplinamiento. En la ESMA, por ejemplo, los represores consideraban un síntoma de recuperación que nosotras nos maquilláramos”.

“El mensaje no era solamente para la mujer. Muchas veces las violaciones se hacían en público o de manera que los varones tuvieran conciencia de que esto estaba teniendo lugar. Esto está confirmado por muchísimos testimonios. Había mujeres que eran violadas delante de sus maridos o pared de por medio”, relató Lewin. En ese sentido, contó que, una vez terminada la represión, “cuando se efectuaban reconocimientos o visitas en los centros clandestinos, los varones se quebraban no donde habían sido torturados sino donde habían violado a sus mujeres”.

Los delitos sexuales que ejecutaban los genocidas también “estaban dirigido a sus pares. Porque no todos los represores eran capaces de ejecutarlos”. Lewin explicó que “las reglas variaban según los centros clandestinos: en la ESMA era más refinado el asunto, tenía más que ver con la esclavitud sexual. Había compañeras que eran encerradas en departamentos cerca de la ESMA para ser visitadas por Jorge ‘Tigre’ Acosta cuando se le antojara abusar de ellas”.

“En la Cueva de Mar del Plata las mujeres eran para los suboficiales y los bienes materiales eran el botín de  guerra para los oficiales. En la ESMA, si un suboficial abusaba de una prisionera era castigado porque los cuerpos de las mujeres eran solamente para los oficiales”, añadió quien estuvo secuestrada en ese gran predio de la Armada, ubicado a metros de la Avenida General Paz.

Los riesgos de la impunidad

Las primeras denuncias por violaciones y abusos sexuales durante el terrorismo de Estado se pueden encontrar en la Conadep. Y en el Juicio a las Juntas, realizado en 1985, varias sobrevivientes sacaron a la luz las torturas y vejaciones a las que fueron sometidas. “A pesar de la contundencia de los relatos, éstos hechos no fueron relevados como delitos  ni por el Ministerio Público Fiscal al acusar ni por la Cámara al dictar sentencia. Hoy podríamos afirmar que por entonces los esfuerzos estuvieron dirigidos a probar la existencia de un plan represivo, sistemático y generalizado, del que habían sido principales responsables quienes ocupaban los altos mandos de las fuerzas armadas”, consideró García Berro.

Lo cierto es que en el 2010 se produjo un quiebre en el abordaje jurídico de los delitos sexuales en las causas de lesa humanidad en la Argentina. Fue cuando distintos tribunales orales federales se pronunciaron en base a la jurisprudencia internacional de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. “Entonces empiezan a salir a la luz y a brotar como hongos en los juicios de todo el país las denuncias por abuso sexual”, afirmó Lewin. Los jueces y los fiscales empiezan a preguntar a quienes declaraban si fueron víctimas o testigos de delitos sexuales.  

En el libro “Grietas en el silencio. Una investigación sobre la violencia sexual”, se asegura que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”.

Ante este escenario, García Berro sostuvo que “aún persisten en algunas jurisdicciones duras resistencias para ahondar en el tema”. Esto fue advertido por organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos –supervisor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y por el  Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés).

Este escenario es alimentado por una discusión jurídica no menor: cómo se consideran los “delitos sexuales” cometidos en un centro clandestino. El juez federal Daniel Rafecas endilgó a ese tipo de crímenes en el concepto general de “tormento”. No fue el único. “La violación no es un tormento sino que es de una naturaleza distinta”, indicó Lewin.

El TOF de Mar del Plata coincidió con la postura de la periodista y sobreviviente, en una sentencia de 2010. Fue el primero tribunal en reconocer a los abusos y violaciones ocurridos durante el terrorismo de Estado en el país la calidad de delitos de lesa humanidad autónomos –no incluidos en la tipicidad de los tormentos-. Cinco años después, García Berro hizo lo propio en el juicio de la comisaría de Villa Ballester. Cuando se difunda la sentencia, que se estima en menos de un mes, se conocerá qué criterio adoptó el TOF1 de San Martín para juzgar estos crímenes cometidos contra tres mujeres en 1976. El debate sigue abierto. Y hasta que no se zanje, la impunidad por estos delitos muchas veces también.

FM/RA