Infojus Noticias

En una resolución firmada por los siete ministros, la Corte Suprema le pidió ayer al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que adopten de “modo urgente” las medidas sugeridas en dos informes elaborados por la justicia federal de Jujuy, Salta y Tucumán para combatir el narcotráfico. Hoy el ministro de Justicia Julio Alak salió al cruce deslindando responsabilidades del Poder Ejecutivo. “La lucha es intensa, el enemigo es poderoso, tiene muchos recursos, el gobierno ha invertido mucho en las fuerzas de seguridad”, dijo Alak, y precisó que “hay casi 40 por ciento de los cargos sin cubrir por responsabilidad del Consejo de la Magistratura” y que “sólo tres cargos están a consideración del Poder Ejecutivo”.

Los informes presentados por jueces del norte solicitaban se aumentara la estructura de recursos humanos en Orán, y que se aceleraran los concursos y candidatos en Libertador General San Martín, Tartagal, y la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Oral de Salta, además del aumento de destacamentos de Gendarmería y ampliación de institutos carcelarios. Otro tanto pedía la justicia federal tucumana.

En declaraciones públicas, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, sostuvo que Salta “es la puerta de entrada (de la droga) al país”, y que “en la lucha contra el narcotráfico faltan elementos en todos los niveles". Según el informe que firmaron Villada y el juez de Cámara Roberto Loutayf Ranea, desde 2005 a 2012, en la jurisdicción Salta-Jujuy, las causas por narcotráfico tuvieron un aumento de un 84%.

Sin embargo, distintos operadores judiciales graficaron una realidad aún presente en muchos juzgados del fuero federal: la firmeza para caerle a los transas que venden al menudeo y la benevolencia con los peces gordos, narcos de cuello blanco que además de comercializar cocaína a gran escala tiene ocupaciones empresariales o políticas y cuentan, además, con protección policial y/o judicial.

“No se sigue investigando después de los distribuidores”

“Las causas por narcotráfico no han aumentado de manera alarmante”, dijo a Infojus Noticias un secretario de un juzgado federal de Comodoro Py que acopia muchas de las causas por narcotráfico del fuero. “Aunque ahora la tendencia es no investigar al que detiene la policía con pequeñas dosis de droga en la calle, aún hay juzgados que lo siguen haciendo”, expresó. Sin embargo, las investigaciones judiciales nunca llegan a los niveles jerárquicos. “La mayoría de las veces llegamos a los vendedores, que a veces venden en cantidad, pero son quienes están en la calle, o tienen un kiosco en el conurbano. Alguna vez damos con un eslabón más: algún distribuidor”, detalló el funcionario. Aunque blanqueó las limitaciones.

“Lo que no se hace es seguir investigando a partir de ahí, por cuestión de plazos del Código Procesal  y falta de recursos”, dijo. “Cuando te topás con alguien que tiene un contacto en Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, ya entrás con los plazos de Cancillería, que pueden ser más burocráticos que los de la instrucción de una causa”.

También reconoce que hay carencia de algunos recursos, aunque la justicia federal de Buenos Aires “es una de la más equipadas, en cuanto a personal y recursos”. Pero muchas veces, “la estructura de las fuerzas que investigan causas como las del narcotráfico no tienen móviles para enviar, no tienen cámaras ocultas, papel para imprimir, nada”, dijo la fuente.

“Muchas veces hay maneras diametralmente opuestas para entender la norma procesal. Hay jueces que para dictar una orden de allanamiento necesitan tener muchísimas pruebas y tiempo de investigación. Otros, creen que la medida en si es una forma de prueba y con una prueba contundente lo ordenan”, agregó el informante. En tres expedientes importantes de su juzgado, dos de los tres jueces del Tribunal Oral 3 declararon nulidades en los allanamientos y los acusados salieron absueltos. Sin embargo, dos de esas tres nulidades fueron revocadas ya por la Cámara de Casación, decretando que el allanamiento era lícito.

Uno de los casos paradigmáticos para explicar las consecuencias directas de esa disparidad de criterios es el de “Marcos” –Marco Antonio Estrada González- el capo de la banda de narcotraficantes instalados a mediados de los ’90 en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Su historia judicial es curiosa, y deja interrogantes acerca de por qué uno de los mayores narcotraficantes conocidos de nuestro país está a punto de salir en libertad.

Marcos fue condenado a principios de siglo por “asociación ilícita”, junto con los hermanos Ramos Mariño –también llegados de Lima- con quienes luego se enfrentó destando una guerra: Ruti y Meteoro. Allí fueron condenados a tres años de cárcel, y salieron a mediados de 2004. Marcos tomó la jefatura. En 2007, luego de una serie de crímenes, Marcos fue atrapado nuevamente. Fue juzgado –junto a decenas de sus lugartenientes- y condenado sólo a seis años por ser el jefe de la banda de narcos.

En una nueva causa, en la que fue llevado a juicio por ser el “organizador de una organización ilícita dedicada al narcotráfico”, se declaró culpable y arregló con el Tribunal Oral N° 3 y el fiscal de juicio un juicio abreviado por seis años, que se unificó en 10 por la condena anterior. Esa vez, fue condenado como “coautor”, es decir: el Tribunal consideró posible que un año, su propia banda lo había degradado. El año que viene, estaría en condiciones de pedir la libertad condicional, a pesar de que el juez Sergio Torres descubrió que seguía liderando la banda desde la cárcel.

“Cuando son narcos poderosos, tienen miedo o se sienten identificados”

En Rosario, la investigación judicial que tiene en la mira a Los Monos, la banda narco más importante de la región, está en los tribunales provinciales. “Nosotros no investigamos narcotráfico, investigamos los crímenes que cometen esas bandas”, aclaró un fiscal a Infojus Noticias. Esta causa, en la que están implicados altos mandos de la banda -algunos detenidos y otros prófugos- provocó las críticas del fiscal federal Juan Patricio Murray, quien sostiene que el expediente debería pasar al fuero federal. Murray lleva adelante, entre otras investigaciones, la que promovió la caída y la detención del exjefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, acusado de brindar apoyo a supuestos narcotraficantes.

Según explicaron fuentes de la Justicia Federal a Infojus Noticias, los principales obstáculos para avanzar en este tipo de investigaciones son la falta de recursos y estructuras en los tribunales federales. Además de la actitud de algunos jueces, que insisten en frenar sistemáticamente las causas. Un ex alto mando de la división antinarcóticos de la Policía de Santa Fe consultado coincidió en este último punto: “Tardan mucho en firmar las órdenes de allanamiento. Eso les da, por ejemplo, la posibilidad de desmantelar una cocina sabiendo que va a ser allanada”, contó el agente.

En Córdoba, en los últimos meses, salió a la superficie las conexiones subterráneas entre narcotraficantes, y la Dirección de Narcotráfico de la policía provincial, cuando un “arrepentido” contó ante el fiscal federal Enrique Senestrari cómo la policía mejicaneaba la droga incautada, la plantaba en otros casos para armar causas, y tenía vínculos estrechos con algunos narcos. Aquello marcó un escenario particular en la provincia, aunque hay métodos del poder judicial federal que son similares a los que se ven en otras regiones del país.

“Uno de los principales inconvenientes que tenemos es no poder contar con una Dirección de Drogas en la policía provincial, hasta que las cosas hayan cambiado”, le dijo a Infojus Noticias Senestrari, refiriéndose a los nueve policías procesados por el “narcoescándalo”. “Ahora, cuando necesitamos fuerzas de seguridad para un operativo, sólo contamos con Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no alcanza, aunque sabemos que se ha ordenado aumentar los efectivos”, detalló el fiscal.

Sentestrari explicó que, puntualmente, no existe en Córdoba problemas graves de personal para investigar el narcotráfico en comparación a  otros años, aunque sí para los delitos complejos. Para el fiscal, en los fueros federales, el problema es más de fondo: “es muy difícil convencer a los jueces que tomen medidas es estas causas. Yo siempre dije lo mismo: si no ven el narco con la droga en los brazos no lo condenan” dijo el fiscal, quien consideró además que “cuando son narcos de alta jerarquía, que tienen actividades empresariales o políticas, de apariencia lícita, es casi imposible llevarlos a juicio, y más difícil aún que esperen el proceso con prisión preventiva”.

-¿Esa selectividad es ideológica?- preguntó Infojus Noticias.

-No sé si ideológica, no creo, pero en lo que a mí respecta, cuando se trata de personas importantes, tienen miedo o se sienten identificados con ellos, pero está lleno de vendedores al menudeo cuando se trata de personas pobres.

-¿La Justicia Federal de Córdoba invierte mucho tiempo y recursos en investigar a los famosos perejiles?

-De a poco, en la justicia federal se está reduciendo la investigación sobre el consumidor, pero esas investigaciones que apuntan al control social se han transferido en gran medida a la justicia provincial por la ley de provincialización de la droga. Eso provoca verdaderas razzias en los barrios marginales donde se allanan muchísimas casas para cumplir con estadísticas, y después resulta que encuentran cinco armas, dos estéreos, algún poquito de cocaína y alguna persona con antecedentes delictivos. Se trata más de un control social que de verdadera justicia.

La ley 10.060 está vigente en Córdoba desde fines de 2012. “Hoy fue condenada una pareja a seis años de prisión por seis gramos de cocaína. Una aberración”, concluyó Senestrari.