Infojus Noticias

En su presentación de 34 páginas ante el Consejo de la Magistratura, Daniel Rafecas sostuvo que los cargos por su actuación en la causa por la ex Ciccone Calcográfica “no están relacionados con las decisiones jurisdiccionales” que adoptó como juez de la causa. Asimismo argumentó que esto se plasma en los “rechazos a planteos de nulidad” que hubo y en que nunca fue denunciado por los “órganos jurisdiccionales o requirentes que participan de la causa judicial”, es decir, fiscalía o cámara.

 Sobre el intercambio de mensajes con Danilo Danuzzo Iturraspe, abogado del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, Rafecas explicó que tras delegar la investigación en la fiscalía, “durante los días siguientes” recibió al abogado porque “considero que el juez no puede ser un funcionario inaccesible” y porque “Ignacio Danuzzo gozaba de mi afecto y del de toda mi familia” por ser “el mejor amigo de mi hermano menor”.

Asimismo sostuvo, en el escrito al que tuvo acceso Infojus Noticias, que la razón de su visita era “de tipo personal” puesto que tanto su apellido (el del abogado) y el de su madre “habían aparecido durante dos días seguidos en el diario La Nación, asociados con la sociedad anónima “Habitat Natural S.A” que “nada tienen que ver con la causa ‘Ciccone’”. Explicó que “parte de estas conversaciones surgen de un sistema de escritura que no es ni oficial, ni epistolar, ni siquiera de correo electrónico, sino de chateo, es decir, el método de redacción más degradado, rudimentario e informal que existe”.

“Danuzzo hace evidente que con tales conversaciones no ha buscado acceder a esa información objetiva –y para nada privilegiada-, sino todo lo contrario: ha buscado abrir una grieta en la confianza y el trato cordial” consigna Rafecas creyendo “estar recibiendo información privilegiada” y “estar sellando un compromiso informal que determinaría la suerte de un proceso penal”.

Sostiene que el pedido de allanamiento a la sede del Ministerio de Economía de la Nación, realizado en marzo del 2012,  fue “la primera vez” en que se vio “al estudio de la totalidad de las constancias”. Afirmó también que “jamás anticipó, adelantó, y mucho menos frustró, la realización de alguna medida de prueba, ya sea por el Fiscal o por el propio suscripto en el marco de la causa en cuestión”.

A ello agrega que “ni durante la época en que mantuvimos conversaciones, ni hasta el día de la fecha, Danuzzo surge como abogado formalmente presentado o designado en la causa por alguna de las defensas, ni mucho menos, imputado, ni siquiera señalado o mencionado en el expediente”.

“Lo que demuestra esta apelación a argumentaciones improcedentes e inválidas es el reconocimiento manifiesto de que, una vez más, esta nueva denuncia contra este Magistrado carece de la entidad suficiente como para coronar exitosamente la hipótesis de la acusación”, concluye Rafecas pidiendo la desestimación de su denuncia.

El descargo de Axel López  

El otro magistrado que presentó su descargo fue el titular del Juzgado de Ejecución N° 3, Axel López. El juez se anticipó ya que se presentó un día antes de lo pautado. Estaba citado para mañana 11 de septiembre.  López fue denunciado, entre otros, por Alejandro Fargosi, representante de los abogados, la ONG Madres del Dolor y el senador de Chaco Roy Nikisch. Las denuncias llegaron luego del asesinato de Tatiana Kolodziez, en octubre de 2012.

Le imputan haber “concedido al interno Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro delitos de violación, el beneficio de la libertad condicional, apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado”.

En el escrito presentado este martes, de 54 páginas y al que también accedió Infojus Noticias, ante el Consejo de la Magistratura el magistrado pidió se desestimen las denuncias en su contra. Allí argumentó que la imputación que le hacen en la citación del organismo “pareciera desprenderse que la posibilidad de que un condenado acceda al régimen de la Libertad condicional depende exclusivamente del resultado de un informe médico”.

“Podrá coincidirse o no con tales fundamentos” dice el juez y concluye que “de ningún modo corresponde decir que sencillamente me aparté de lo informado por el médico forense, como si la resolución fuese caprichosa o antojadiza”. Aludiendo además que el juez “al momento de resolver, puede legítimamente apartarse del contenido” del informe y su fallo es “susceptible de ser recorrido por la parte”.

Explicó que Cabezas “había cumplido” las exigencias que marca la ley para obtener el beneficio. Por ejemplo “el nombrado registro concepto muy bueno (7) durante seis años continuos” o haber recibido durante 8 años un tratamiento de reinserción laboral lo que “debía necesariamente registrar un muy favorable pronóstico de reinserción social”.

“Cuando un magistrado dispone la liberación transitoria o anticipada de cualquier condenado, resulta imposible determinar con plena certeza cuál habrá de ser su conducta en el futuro”, se justificó el magistrado. “Gran parte de las personas condenadas presentan psicopatías y estructuras de personalidad inmodificables, habiendo sido este el caso del interno Cabezas”, explica López  y agrega que “ello no le impidió ser incorporado al régimen de salidas transitorias” y con esa “estructura personal inmodificable” egresar al medio libre y sin custodia alguna por espacio de cuatro años continuos, sin cometer durante ese extenso período ningún delito”, se justificó.

“No existe razón alguna para considerar que el médico forense es ‘más experto’ que los profesionales penitenciarios que aplicaron el tratamiento e informaron al respecto”, argumentó López en el escrito presentado a los consejeros concluyendo: “La conducta humana es imprevisible y el juez de ejecución no puede evitar que los liberados cometan nuevos delitos”. 

Ambas presentaciones, tanto la de Rafecas como la de López, fueron realizadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Ahora los consejeros deberán analizarlas y elaborar un dictamen que será votado tanto en comisión como por el pleno del organismo. En caso de que las propuestas incluyan enviar a juicio político a alguno de los magistrados se deberá conseguir los dos tercios de los votos (mayoría especial).