Infojus Noticias

Un nuevo informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad arrojó estadísticas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en todo el país. Unos 298 imputados se encuentran transitando la etapa de juicio por un total de 2408 hechos, que son juzgados en el marco de 16 juicios -catorce orales y dos escritos- en diez jurisdicciones federales. En diálogo con Infojus Noticias, el fiscal  general Jorge Auat, titular de la Procuraduría, dijo que los números son positivos aunque siguen existiendo obstáculos. “Siempre dijimos que estos procesos tienen una realidad contable, pero desde la Procuraduría privilegiamos un punto de vista cualitativo. Hasta que no terminemos con los procesos de memoria, verdad y justicia, sentiremos que nuestro deber estará incompleto. Es la mitad del vaso vacío, pero no se pueden dejar de reconocer los logros obtenidos”.

Según Auat, detrás de cada expediente hay una historia compleja. “Se trabajó mucho para llegar a la realidad actual. Tuvimos dificultades que no desaparecieron,  que no están del todo superadas. La realidad del presente es auspiciosa, pero faltan investigar la complicidad civil y a los grupos económicos”. Y agregó: “Las estrategias de la impunidad no se fueron con la derogación de las leyes de 2003. Los represores aún se refugian en la propia institución judicial, en las mismas estructuras. Cuando los procesos son malversados, el tiempo y la energía jurisdiccional que se pierden son importantes y producen un desgaste irrecuperable. Los agentes judiciales podrían simplificar los trámites. Un ejemplo es la discusión sobre la figura del fiscal ad hoc, que llegó a instancias de Casación. El tiempo que demandó fue enorme y repercutió de forma negativa en las dilaciones de las causas”.

De acuerdo a las estadísticas que dio a conocer la Procuraduría, hay 1128 personas procesadas por ese tipo de delitos, de los cuales más de la mitad cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 195 tienen una o más causas en las que la fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio. El mismo informe indica que desde la recuperación del Estado de Derecho en 1983, la cantidad de condenados por crímenes durante la última dictadura cívico-militar asciende a 529 -varios recibieron más de una condena- y la cantidad de absueltos suman 56. Entre tanto, sólo 114 condenas se encuentran firmes, que comprenden a 108 personas juzgadas en 51 procesos. "Buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores", indica el trabajo, que contó con la coordinación de Carolina Varsky.

Visibilizar a las víctimas

“¿Cuánto tiempo hace que estamos transitando estos procesos?”, se preguntó Auat. “Los hechos juzgados tienen casi cuarenta años, y las causas tienen más de diez. La revalorización de la memoria colectiva y el efecto de la resignificación de la víctima son los puntos principales. Son los grandes méritos de estos procesos.  Sumado a eso, la visibilización de la víctima como un sujeto fundamental de la historia, porque en sus relatos, en sus testimonios, se permite conocer la realidad de lo que pasó. Y las víctimas son importantes tanto en las mega causas  como en los juicios donde hay un solo caso”, dijo el fiscal general.

En este sentido, el informe indica que desde el denominado Juicio a las Juntas hasta hoy, se celebraron en todo el país 129 juicios, de los cuales 114 "se han realizado a partir del 2004", tras la caída judicial y legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El año pasado, concluyeron 24 juicios y, en lo que va del año, culminaron siete.

Para la segunda mitad de 2014 hay programados otros siete procesos, que involucran la responsabilidad de 21 personas en 101 casos. Ese número es indicativo y podrá ampliarse o reducirse, en función del arribo de nuevas causas a juicio, de suspensiones o de la fijación de audiencia en expedientes que aguardan su turno para ser tratados en debate en la sede de diferentes tribunales orales.

Por otra parte, diez personas de las 605 que cuentan con una o más causas elevadas a juicio fueron apartadas por "incapacidad sobreviniente" -problemas de salud- y cinco se encuentran prófugas. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también precisó que actualmente hay 1017 personas detenidas, de las cuales el 62 por ciento cumple con prisión en unidades carcelarias; un 36,2 lo hace en detención domiciliaria; el 1,20, en dependencias de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y un 0,6 por ciento en hospitales.

El organismo del Ministerio Público Fiscal resaltó al respecto "el aumento en términos absolutos de personas detenidas, ya que estas eran 593, 813 y 927 en los meses de diciembre de 2011, 2012 y 2013, respectivamente". Asimismo, ponderó que en la actualidad "no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar".

En este último informe, además, se incorporaron datos relativos a los prófugos por crímenes de lesa humanidad y efectuó una desagregación por variables que le otorga mayor precisión a las cifras totales. De esta forma, se puntualiza que actualmente se encuentran técnicamente prófugas 61 personas, mientras que otras cuatro se encuentran en proceso de extradición, en otros dos casos la extradición fue denegada y hay otras "dos localizadas que aún no han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas extradiciones se concretarán una vez que estas sean cumplidas". En total, se trata de 75 personas que no están a disposición de los jueces que reclaman juzgarlas.