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Recientemente editado, Huellas II es  la segunda entrega de un ejercicio de memoria colectiva que reúne más de 80 relatos de padres, hermanos, sobrinos, amigos y compañeros que evocan a las víctimas del terrorismo de Estado que durante la última dictadura estudiaron o trabajaron en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La obra forma parte de las iniciativas que la abogada Verónica Piccone impulsó durante su gestión en la Dirección de Derechos Humanos de la universidad platense (2005-2014).

Piccone actualmente trabaja como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP y es directora del Instituto de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de La Plata. En Huellas hilvanó semblanzas de vida escritas por familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos y asesinados durante la última dictadura. Las historias están formadas por un  coro de voces y recuerdos que exploran los sentidos políticos de esas ausencias, o resuenan en los recuerdos y la nostalgia de los futuros negados.

Así, Leoncia Ávalos, que en las páginas del libro recuerda a su hermana Jorgelina Aquilina, desaparecida desde el 9 de junio de 1977 y dice “qué distinto sería si no hubiesen existido los desaparecedores”. Sin terminar la carrera, Aquilina había estudiado derecho en la universidad. Cuando la secuestraron tenía 34 años y una hija de 9 meses de edad a la que no vio crecer.

 “La unidad de esta obra está planteada en el paso de estas personas por la universidad; pero también reflejan la diversidad y el pluralismo que contiene”, explicó Piccone. En 2005, este proyecto empezó con el impulso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “con vistas a hacer un homenaje en 2006, a 30 años de la dictadura”. Trabajaron recuperando testimonios, listas realizadas por los organismos de derechos humanos y algunas facultades, así como recopilando información que fueron recibiendo a través del correo electrónico nominaddhh@presi.unlp.edu.ar.

“En esta nueva edición aparece más la voz de los HIJOS”, contó Piccone a Infojus Noticias. En el libro, fechada el 5 de diciembre de 2011, Nicolás Arrúa le escribe una carta a su padre secuestrado el 03 de julio de 1978, cuando tenía 26 años. “Me llamo ‘Néstor’, como vos”, le dice. Le cuenta que él también estudió historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y pudo recibirse y ahora da clases en colegios secundarios y en la Facultad de Trabajo Social. Julián Axat elige la tercera persona: “En 1976 nace su único hijo Julián”, escribe y luego cuenta que su madre, Ana Inés Della Croce fue “secuestrada junto a su esposo Rodolfo Jorge Axat en la ciudad de La Plata el 12 de abril de 1977”.

― ¿Cómo trabajaron para reconstruir el listado de víctimas de la dictadura que estuvieron vinculadas a la universidad?

― Algunas facultades, como la de Arquitectura, nos pasaron una nómina con listas de legajos, fecha de desaparición y demás. En otras no obtuvimos ningún dato. Tuvimos las listas de las primeras publicaciones de los detenidos desaparecidos de La Plata, Berisso y Ensenada y después aparecían personas militaron o estudiaron con alguien y también se fueron acercando o nos escribían. Para mayo llegamos a una lista que incluye más de 700 nombres. Fue un recorrido de memoria construida colectivamente

― ¿Encontraron nuevos datos o documentación en los registros de la universidad que permita intuir qué le pasó a esas personas?

―En la documentación emanada de la Universidad en general encontramos lo que se resolvió, pero no el expediente qué indica cómo o por qué se llegó a eso. Por ejemplo, el 9 de abril de 1977 el interventor de la universidad desde septiembre de 1976, Guillermo Gallo, firmó la resolución 530 que dispone la cesantía por “abandono de cargo” de Néstor Oscar Zuppa, un empleado administrativo de 32 años que trabajaba en la facultad de Arquitectura. Él y su esposa, Irene Felisa Scala, fueron militantes del Partido Comunista Marxista Leninista. En 2012, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos en el cementerio de General San Martín y los de su esposa Irene, en el cementerio de Boulogne.

― ¿Y en el caso de los estudiantes?

― En general los legajos de las personas que eran estudiantes no aportan gran cosa. Es un registro de datos personales de filiación, de domicilio y la cantidad de materias que rindió. Pero también encontramos datos que fueron completando el rompecabezas. En el caso “Goiburú y otros vs. Paraguay” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se menciona el secuestro de Carlos José Mancuello Bareiro, un joven paraguayo que estudiaba ingeniería electromecánica en La Plata. Consulté al decano y en un principio negó esa posibilidad porque no tenía constancia de que esa carrera se hubiera dictado; pero buscaron y encontraron el expediente del muchacho. A partir de eso se supo que, en algún momento y al menos hasta la dictadura, se dictó esa carrera.

― ¿Cuál es el impacto de la dictadura en la universidad? ¿En qué otros aspectos de la vida académica se observa?

― Hoy las víctimas identificadas son 772, entre asesinados y desaparecidos. El ámbito universitario platense fue uno de los objetivos de la persecución política e ideológica. A eso se suman la cesantía de más de 1.300 trabajadores y una drástica disminución de la matrícula de estudiantes. También están los que se exiliaron y la eliminación de áreas del conocimiento y carreras completas. Por ejemplo, en el juicio por el funcionamiento del centro clandestino de detención “La Cacha” casi el 50% de las víctimas que están incluidas como caso eran parte de la comunidad universitaria: estudiantes, graduados, docentes y no docentes de diversas unidades académicas y de los tres colegios preuniversitarios dependientes de la UNLP. Ha requerido muchos años para recuperar no solo esa memoria, sino aquellos ámbitos del conocimiento que fueron suprimidos y ese es un trabajo que todavía queda por delante.