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La primera denuncia fue inmediata. Luciano Arruga no aparecía y su familia presentía lo peor. Era 31 de enero de 2009. Cinco días después, presentaron un habeas corpus que fue desestimado al instante por un juez. Entonces empezó el peregrinar por la burocracia judicial, con fiscales y jueces que hoy están imputados por irregularidades mientras la investigación estuvo a su cargo. Nadie podía imaginar en ese entonces que tendrían que pasar cinco años y ocho meses para tener, al menos, una respuesta. Hace poco más de un año que el caso de Luciano Arruga fue aceptado como desaparición forzada y apenas unos meses desde que la justicia admitió el pedido de habeas corpus. “En principio la finalidad se cumplió, que era tener información”, dijo hoy en Radio América el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.

La primera detención de Luciano fue ilegal: el 22 de septiembre de 2008, lo encerraron desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde en el destacamento de Lomas del Mirador, que no puede albergar detenidos. Allí fue torturado: Mónica Alegre, a mamá, Vanesa Orieta, la hermana, lo escucharon gritar.

El 31 de enero de 2009 Luciano desapareció y la familia recorrió hospitales y comisarías en su búsqueda. Mónica Alegre se acercó a la comisaría para realizar la denuncia. Se la tomaron luego de mucho insistir. Más tarde, al leer la copia que también tras mucha insistencia logró conseguir, encontró que allí había datos falsos, como que Luciano tenía una causa por robo y que era adicto a la marihuana. Aún más, la denuncia llegó la fiscalía recién cinco días después de la desaparición del joven. Se inició una causa por averiguación de paradero a cargo del juez criminal de La Matanza Gustavo Blanco. Él rechazó el pedido de habeas corpus que hizo la familia.

Cuando finalmente la familia logró que la fiscal del caso Roxana Castelli los recibiera, por única vez, la funcionaria judicial estaba acompañada por uno de los policías que Vanesa Orieta había denunciado ya en tres escritos. Poco antes de que se reunieran, apareció ese día un testimonio que afirmaba que Luciano había estado en el destacamento de Lomas del Mirador y lo habían torturado.

Castelli tuvo 45 días el caso en sus manos: suficientes, dijeron los familiares de Luciano, para estancar la causa.

Mientras que la instrucción estuvo en manos de la fiscal, apareció un pedido de rescate en un almacén del barrio. En esa nota se decía que Luciano estaba en Villa Palito y que si lo querían con vida, la familia tenía que pagar con veinte papeles de cocaína. Apenas un rato después, los abuelos de Luciano recibieron otra vez el mensaje, esta vez por teléfono. Entonces Castelli pidió que la desligaran del caso: una causa sobre drogas es federal, se excusó. No lo consiguió, pero logró que interviniera la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Justo. Según relató Damián Piraino, integrante de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga y uno de los abogados de la causa, en el libro “Detrás de Luciano”, la DDI levantó a cuanto chico encontró en el barrio de Luciano, el 12 de Octubre, y los obligó a declarar bajo amenaza.

Agotados, los familiares de Luciano se presentaron en la fiscalía general. Luego de escucharlos, la fiscal Ochoa decidió apartar a Roxana Castelli por distraer la causa y delegar la pesquisa en los mismos policías del destacamento policial de Lomas del Mirador que Vanesa Orieta había denunciado como sospechosos.

La investigación quedó en manos de la fiscal Celia Cejas, perteneciente a la UFI 1. Enseguida ordenó el secuestro de los registros policiales del destacamento de Lomas del Mirador y la comisaría 8ª. Allí encontraron palabras tachadas el día de la desaparición de Luciano. También aparecieron borrones los días anteriores.

Cejas tomó declaraciones a los policías del destacamento, la Comisaría 8ª y la comisaría de Don Bosco, y a los presos que estuvieron detenidos la misma noche que Luciano. De los testimonios de los detenidos surgió que Luciano estuvo la noche de su desaparición en la comisaría 8ª.

Además, pericias con perros rastreadores señalaron que Luciano estuvo en el destacamento, en un patrullero y en un terreno cercano, mientras que otras demostraron que dos móviles que tenían que estar patrullando en forma separada, estuvieron juntos y fuera de su circuito aquel día: durante dos horas permanecieron en un descampado conocido como Monte Dorrego. Uno de estos móviles era el que reconocieron los perros.

Aún así, el rastrillaje que ordenó Celia Cejas fue incompleto y tuvo que repetirse dos años después. El día que iba a realizarse una noticia provocó otra demora: un testigo dijo saber dónde estaba Jorge Julio López. El nuevo rastrillaje tendría que esperar diez días más.

Como resultado del avance de la causa, en abril de 2010 los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron apartados del destacamento por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Sin embargo, para julio ya estaban reubicados. Después de idas y vueltas, recién en 2013 volvieron a pasar a disponibilidad a pedido de los familiares.

En tanto, el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, exhortaba al Estado argentino a considerar la causa Arruga como desaparición forzada.

Recién en enero de 2013, cuatro años después de la desaparición de Luciano, el juez Blanco accedió al pedido de federalizar la causa y declinó su competencia. La carátula pasó a ser “desaparición forzada” y quedó a cargo del juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Días después fue detenido y exonerado Julio Diego Torales en la causa paralela que investiga las torturas contra Luciano. Para octubre de ese año, un legajo reservado probó que la fiscal Celia Cejas había intervenido los teléfonos de la familia. Cels, APDH La Matanza y la familia de Luciano Arruga pidieron el juicio político a Cejas y Castelli. A pesar de estos avances, nadie sabía aún dónde estaba Luciano Arruga.

Fue por eso que a fines de abril de este año, la familia de Arruga volvió a presentar un habeas corpus, esta vez con el Cels, por desaparición forzada de persona. Aunque hacía más de cinco años que nadie sabía nada del joven, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón dijo que no, que ya había una causa, que para qué. La familia volvió a intentarlo y esta vez fueron por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Morón. Una vez más, la respuesta fue no.

Finalmente, tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal dijeron que sí, que la causa abierta busca responsabilidades penales pero que todavía había que encontrar a Luciano y eso era un urgente.

Y entonces sí, seis años después, el cuerpo de Luciano apareció enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. “La causa penal sigue tramitando para determinar a los culpables”, dijo el juez Borinsky, que pertenece a la sala que lleva adelante el caso.