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Los seis proyectos de reforma judicial que el Ejecutivo mandó el Congreso ya tuvieron media sanción en el Senado y en Diputados. El último que quedaba, sobre la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, obtuvo esta noche media sanción en la Cámara Alta. Fueron 39 votos positivos contra 29 negativos. La iniciativa fija un tiempo determinado para evitar que las cautelares se extiendan sin un plazo determinado. Quedan exceptuados las situaciones que afecten la vida, la salud, el medio ambiente o a sectores vulnerables. Ayer ya habían sido aprobados otros dos proyectos en el Senado: el de reforma del Consejo de la Magistratura y el de creación de tres Cámaras de Casación. Ahora los tres serán remitidos a Diputados.

La Cámara baja ya envió al Senado los tres proyectos restantes que componen el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo: el de publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, el de difusión de las sentencias de cámaras y tribunales superiores, y el de ingreso democrático al Poder Judicial.
El Senado aprobó el proyecto de cautelares con cambios. La incorporación de los sectores vulnerables fue propuesta en la última reunión del plenario de comisiones por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, ante el pedido del CELS y otras entidades. El objetivo es otorgar mayor resguardo a los sectores más desprotegidos. La referida a medio ambiente había sido propuesta por el académico del Derecho Fernando García Pullés. La protección a los casos en los que se afecte el derecho a la vida digna será conforme a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

En caso de interrupción de servicios públicos, el Estado podrá presentar todo tipo de cautelares para garantizar la prestación de tales servicios. Sin embargo, esa medida no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, ya que en los casos en los que esté comprometida la libertad sindical, el Estado podrá interponer una cautelar contra una medida gremial sólo si afecta un servicio público esencial, si se concretó sin previo aviso y si no se acató una conciliación obligatoria.

El debate duró más de siete horas. El senador Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria, defendió los proyectos de democratización de la Justicia. Abrió su discurso calificando las intervenciones de la oposición como "una buena catarsis". Y le respondió al radical Ernesto Sanz: "Coincidimos en algo: en que muchos de los problemas de la Argentina se deben a los fuertes poderes corporativos".

Cuando Pichetto aludió a la restrictiva legislación de Santa Fe en la materia, el senador Rubén Giustiniani lo interrumpió. Dijo que en ambas cámaras provinciales hay mayorías justicialistas. Pichetto preguntó: "¿Y ha habido propuestas del socialismo? Ninguna". Casi todos los senadores, sin distinción política, estallaron en carcajadas.
La sesión había empezado bien pasado el mediodía, inaugurada por el vicepresidente Amado Boudou. El marcador de quórum decía 56 presentes. El senador oficialista Pedro Guastavino, que preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presentó el proyecto. “No vamos a cercenar los derechos individuales de los ciudadanos, sino a protegerlos de las corporaciones", advirtió. Guastavino fue quien desarrolló los principales puntos del proyecto y las modificaciones propuestas desde el bloque del Frente para la Victoria. Esos cambios fueron: que las restricciones a las medidas cautelares no se apliquen "cuando se trate de sectores socialmente vulnerables" y se encuentre comprometida "la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos". Y que se aclare en el artículo 17 que, ante interrupciones de los servicios públicos, se aplique la normativa laboral e intervenga el Ministerio de Trabajo.

Mientras Guastavino hablaba, algunos senadores de la oposición leían el texto del proyecto desde sus bancas y murmuraban entre ellos. Los radicales Luis Naidenoff y Mario Cimadevilla denunciaron que las reformas son "para darle una patente de corso al Poder Ejecutivo". Coincidieron en que "los mayores perjudicados son los jubilados". La discusión subió de tono cuando se refirieron a una "clausura del debate democrático". Aníbal Fernández tomó el guante: "¡¿Quién dijo eso?! Señálenlo con nombre y apellido, porque nunca nadie negó la posibilidad de hacer cambios". Y remató: "Somos gente grande, viejo".

Cimadevilla alertó: “El oficialismo no va a tener que buscar más paraísos fiscales porque van a tener un paraíso judicial". La senadora Sandra Giménez intervino. Pidió orden y contestó: “El senador Cimadevilla ha colmado mi paciencia. Desde la bancada del Frente para la Victoria siempre hemos sido respetuosos, le ruego que él también lo sea”. “No es mi intención agraviar a nadie, pero yo no le pido permiso a nadie para decir lo que pienso”, respondió el radical. Las risas sonaron en la bancada oficialista.

Aníbal Fernández retomó los fundamentos de las reformas. "La justicia cautelar sólo beneficia a los poderes fácticos y oscuros", dijo. Y sostuvo que "no hay gobierno que haya hecho tanto para proteger a los más vulnerables". Su tiempo de exposición se había cumplido. La senadora Beatriz Rojkés de Alperovich le hacía señas para que termine. Fernández pidió más tiempo. "Todos hablaron el doble y nadie les dijo nada", se quejó. Concluyó enumerando cautelares emblemáticas de la corporación económica. Como la que protegió al Grupo Clarín en la causa por la Ley de Medios, que ya lleva tres años. La que frena la recuperación del predio de La Rural. O la que hace diez años que legitima la deuda fiscal del diario La Nación.

A Liliana Negre de Alonso no le cayó ninguna bandera en la cabeza, como ayer. Hoy la senadora puntana puso en discusión el rol del cuerpo de abogados del Estado. "No tienen apego por la cosa pública", denunció. Y se refirió a que la "seguridad jurídica" se vería perjudicada. Sus dichos motivaron intervenciones breves de los senadores del FPV Miguel Ángel Pichetto, Walter Barrionuevo y Fernández. Cuando Negre de Alonso terminó de hablar, quedaban menos de 30 senadores en el recinto, y apenas diez asesores.

Luis Juez festejó el nivel del debate, pero criticó la reforma: "Qué pedazo de ley podríamos estar dándole a los argentinos con semejante nivel del debate", festejó el senador cordobés. Después se puso más duro: "¿No podríamos individualizar quienes son los responsables de la industria cautelar en vez de aniquilar un derecho humano?".

El senador del PFV Marcelo Guinle consideró que los proyectos "son perfectibles" y suscribió algunos de los aspectos sugeridos por el CELS. Hasta ese momento, el único orador que había adelantado un voto positivo era el fueguino Osvaldo López. Cuando promediaban las cuatro horas de debate, Emilio Rached sobrepasó largamente su tiempo como orador. Terminó citando a Ghandi  y comparando la realidad actual de la política argentina con una escena de película Casablanca.

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