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El juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de tres personas acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y del sostenimiento, administración y regenteo de una prostíbulo ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Se las imputó por  explotar económicamente, a través del ejercicio de la prostitución ajena, a cinco mujeres mayores de edad, cuatro de ellas de nacionalidad paraguaya y una oriunda de República Dominicana, abusando de su situación de vulnerabilidad. El juez, además, ordenó el embargo sobre sus bienes.  La líder de la banda se encuentra prófuga. según informó el sitio fiscales.gov.ar.

Las víctimas ejercían la prostitución todos los días de la semana. El proxeneta les retenía el 50% de la recaudación producto de los "pases" realizados y les descontaba dinero para solventar los gastos de publicidad del lugar y el cobro de un alquiler. Algunas de ellas, incluso, dormían en el mismo lugar donde ejercían la prostitución.

La investigación se inició en octubre de 2013, luego de un llamado anónimo a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En la comunicación, se denunciaba la existencia de un “privado” ubicado en la avenida Colón, de la ciudad de Mar del Plata, en la cual habría mujeres ofreciendo servicios sexuales y que podrían estar siendo explotadas sexualmente. El 7 de junio se realizó el allanamiento en el lugar. Tres hombres y una mujer quedaron detenidos.

De acuerdo a la investigación, se pudo establecer que uno de los imputados sería el administrador del lugar mientras que la mujer se encargaría de los pases de las mujeres.El hombre, además, habría sido el encargado de contactar a las víctimas para coordinar el traslado y las condiciones de trabajo.

Finalmente, el tercer imputado habría prestado su colaboración en tareas vinculadas al funcionamiento del lugar: era el contacto entre los dueños del privado, los encargados y personas que aún no pudieron ser identificadas, quienes le brindaban información acerca de eventuales allanamientos.

A partir de las escuchas telefónicas, se pudo establecer que el el sitio contaba con asesoramiento jurídico. Los imputados se comunicaban permanentemente con su abogado de confianza para evacuar inquietudes e impedir operativos o inspecciones municipales.

Según las declaraciones de las víctimas, el domicilio contaba con cuatro habitaciones para hacer los denominados “pases”. “Los fines de semana se realizan entre seis y siete pases por día. Algunas cobran $400 la media hora. "Cuando llega un cliente todas nos presentamos y él elige con quién estar. El lugar funciona las 24 horas. Las que vivimos ahí compartimos los gastos de comida y hacemos la limpieza del lugar entre todas”, declaró una de las mujeres. Y agregó: “Hay un chico que reparte volantes en la calle con un teléfono y los clientes llaman a ese número y ahí es cuando les dicen dónde queda el lugar”.

Otra de las mujeres afirmó que los pases costaban entre 400 y 1000 pesos y que los proxenetas se quedaban con un porcentaje. Añadió que, a pesar de que había muchas camas, a veces dormían todas juntas por el frío que hacía en el lugar.