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“A las víctimas de trata tenés que escucharlas. Esto es algo que es intransferible, y eso les digo a los jueces y a los fiscales. Una de las maneras de sensibilizar es que se sienten a escuchar. El papel no te transmite ni un 10 por ciento de lo que significa este tipo de delito”. El que habla es Marcelo Colombo, que asiste a todos los fiscales de la Argentina en la investigación de los delitos de trata. Dos años antes que se sancionara la ley, ya había sido designado por el Congreso a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase). Su postulación no recibió en aquel momento ninguna impugnación. Ahora, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, trocó la unidad fiscal que preside en Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex).

En un café de La Plata, al mediodía, Colombo repasa ante Infojus Noticias las características de una red que, a la vista de todos, lucra con los cuerpos de niñas y mujeres secuestradas y desaparecidas en burdeles o esclavizados en talleres textiles y empresas agropecuarias. Conoce el reto. Cuando se sancionó la primera ley de trata, la estudió a fondo para evitar sus fallas. El año pasado, tras conocerse “el vergonzoso” fallo en la causa por la desaparición de Marita Verón, se reformó esa ley y muchos de los cambios que consideraba necesarios fueron incorporados.

La ley contra la trata de personas se sancionó en 2008. Cinco años después, son 76 las sentencias por este delito, y nueve con absoluciones. “No es un dato menor si lo comparamos, por ejemplo, con el lavado de dinero donde hay dos sentencias en todo el país desde que se sancionó”, sintetiza Colombo. La ley modificada entró en vigencia en enero pasado. Ahora se exime a los fiscales de probar que la víctima de trata estaba siendo explotada sin su consentimiento (como si tal cosa fuera posible). “No hay que demostrar que la persona fue llevada allí a la fuerza, por coacción, engaño o el aprovechamiento por parte del traficante de la ‘situación de vulnerabilidad’”, explica Colombo. Y destaca: “Hoy cualquier explotación ya es delito. Y si a alguien lo trajeron de otro lado, no hay dudas: es trata.”

Colombo repasó las características de un delito por el que se iniciaron más de 730 investigaciones en la justicia federal. En esas causas se identificaron 381 víctimas, 105 de ellas argentinas, y el 73 por ciento son mujeres. Y 326 personas, principalmente hombres, fueron procesados por esclavizar mujeres para explotarlas sexualmente. Según la información de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde la sanción de la ley hasta diciembre de 2011 se rescataron 2.753 víctimas: 2.351 mayores y 402 menores.

En su último informe la Ufase advirtió que en 2011 se dio una tendencia a la baja en la cantidad de procesamientos por este delito. En 2012 se profundizó, porque abundan los casos archivados o causas en trámite sin avances considerables. Para el fiscal, desde la nueva Procuraduría esta tendencia se podrá revertir.

Cuando empezó a trabajar, en el país solo había un informe de la Organización Internacional para las Migraciones sobre 47 casos de explotación sexual judicializados. “Ahí se empezaban a visibilizar características que luego vimos replicadas en nuestras investigaciones: connivencia de funcionarios públicos para el mantenimiento de las redes prostibularias, funcionamiento de los cabarets bajo nominaciones soterradas: bares, wiskerías. Entre otras cosas, ya venía planteada la necesidad de que se federalice el delito”, explica.

Desde entonces, sus días están ocupados en el combate a las redes de trata. “Es un tema que es imposible abandonar”, dice. Y cuenta una anécdota: el año pasado habían desaparecido unas chicas en Jujuy. Colombo no se podía sacar el tema de la cabeza. “No podía irme a descansar el fin de semana. Estaba pensando alguna alternativa que no se me había ocurrido para buscarlas. Empezás a ver la problemática social detrás del delito, y se te abre un mundo. Ya no pasa por la cuestión penal, sino por cómo educar mejor”. Por ejemplo: el 80 por ciento de las víctimas explotadas en talleres textiles no tiene registro de la situación que padecen. “Hay que decirles: ‘Mirá, no te pueden tener seis meses en un lugar sin pagarte un peso, trabajando a destajo para producir prendas de la mañana a las 10 de la noche. Eso es explotación.”

Especializado en Derecho Penal, antes de convertirse en referencia en la persecución de los esclavistas y las redes prostibularias, Colombo fue contratado por organismos internacionales como Naciones Unidas y Banco Interamericano de Desarrollo. Redactó manuales para combatir la corrupción. Entre 2000 y 2006 fue coordinador de investigaciones de la Oficina Anticorrupción. La experiencia le sirvió. “Cuando se aprobó la ley, lo primero que hice fue armar un plan de trabajo. Sistematizamos toda la información sobre el delito. Y advertimos que era fundamental tener una conducta proactiva para encontrar casos. Entonces fuimos al encuentro de las ONG que trabajaban con las víctimas y sabían lo que estaba pasando”, recordó.

Ahora trabaja en la generación de un sistema de cruces de información, para incorporar todas las causas abiertas. Y también para establecer un mecanismo nacional para la búsqueda de personas. “Hoy es una laguna”, lamenta. “No hay interacción entre la información de las provincias y la justicia federal. Por ahí tenés el caso de la desaparición de una chica hace dos años y su nombre está en una ‘libreta sanitaria’ de Río Gallegos, o está en alguna morgue como NN o en un psiquiátrico. Ese nexo todavía no está hecho. Hay que estructurar esa información para que esté disponible y conectarla con la desaparición.”

Los avances tras la reforma de la ley

La nueva ley contempla como agravantes del delito la facilitación o participación de los agentes estatales: policías y referentes municipales, principalmente. “Son pocos los funcionarios públicos procesados o condenados, pero también sobre eso se ha avanzado. Hay un policía condenado, pero ya estarían por confirmarse procesamientos para otros. Uno es el caso de la cúpula de la comisaría 38 de Capital que, entre 2008 y 2009, encubrió la existencia de los prostíbulos Dolly’s, Envidia y Fama. En el caso de Dolly’s, también se confirmaría el embargo de los bienes. Según la estimación de ganancias que consta en el expediente, durante cinco años el dueño de ese prostíbulo obtuvo ganancias por 10 millones de pesos netos. “En el bolsillo, solo por los pases de las chicas”, sintetiza Colombo.

Los decomisos son una de las herramientas de la nueva ley. “Antes iban a parar a la Cuenta Única del Tesoro. Ahora se destinarán a la asistencia a las víctimas. Lo que estamos esperando es la reglamentación de la ley, porque además crea un Consejo Federal donde van a confluir gran parte de las organizaciones y organismos que trabajan en el tema”, señala Colombo. “Ahí –explica- se podrían fijar prioridades, porque el Estado tiene escases de recursos. Por ejemplo: nos interesa asistir a las víctimas de explotación sexual que están quedando en la calle cuando se cierran los prostíbulos. Ese es un problema hoy. Si no se ataca la vulnerabilidad de origen, aunque haya rescates y condenas exitosas, la persona va a ser siempre un caldo de cultivo propicio para que el tratante pueda abusar de ellas y las pueda explotar”. Colombo recuerda el caso de una las primeras chicas rescatadas en un prostíbulo marplatense, que fue nuevamente encontrada en otro allanamiento.

La penalización del cliente y otros aportes

En el Congreso dos proyectos proponen modificar el Código Penal y penalizar al cliente de prostitución. Uno lleva la firma del senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, y otro de la diputada Marcela Rodríguez, de Democracia Igualitaria y Participativa, que propone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga por sexo. Para Colombo, esta no es una medida prioritaria. Advierte que habría que tener en consideración que hay “operadores de la ley de trata que no son muy confiables: muchas veces es la propia policía, el propio municipio, el que genera la red para mantener abierto un prostíbulo”. “Se puede generar una nueva caja, es presumible que exista también corrupción policial para con los clientes y les cobren un dinero extra para no meterlos presos”.

Para Colombo, además, se corre el riesgo de que se terminen impulsando investigaciones penales solo para los clientes y no para los proxenetas. “El cliente también es un actor importante. Hay que visibilizarlo. Pero el proxeneta es el tipo que se beneficia con el cuerpo de la mujer, el que se asocia con la policía y con los poderes locales, el que arma la red prostibularia”. El fiscal admite que no es una posición clausurada, pero estima importante ver qué resultados se obtienen con el texto de la nueva ley que combate la trata. “Esperemos seis meses o un año, para ver qué pasa”, dice.

Otros de los aportes que celebra Colombo está asociado a la protección de las víctimas frente a los ataques que pueden recibir por parte de sus captores, una vez iniciadas los procesos penales. “Si la nueva ley se aplica no va a ser necesario que declaren en el juicio”, dice. Eso les pasó a las testigos del caso Marita Verón, que declaraban y fueron agredidas por sus tratantes. “Los testimonios van a ser filmados al principio, en una Cámara Gesell. Eso se podrá reproducir en el juicio oral. Eso generaría mejores resultados: se tiene garantizada la declaración y así no las van a apretar para que no declaren en el juicio. Y se evita la revictimización.”