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-¿La sorprendió que el tribunal aplicara la pena que usted había pedido para María Julia y que la elevara para los otros imputados, Juan Carlos Pyekenhayn y Gustavo Daneri?

-En las causas de corrupción es muy difícil saber qué esperar. Nosotros hicimos una acusación sólida, pero a veces no depende exclusivamente de la acusación ni de la solidez, sino de cómo lo percibe el tribunal. Los términos fueron acordes a lo que la fiscalía pidió. Los casos de penas más altas que nos sorprendieron para bien. Es cierto que la Fiscalía acusó a Daneri como coautor, y el coautor merece la misma pena que el autor. Pero hicimos una diferencia: Alsogaray firmó más resoluciones, tuvo más participación y tenía antecedentes penales. Como Daneri no tenía antecedentes, pedimos una pena en suspenso.

-¿Por qué sirve juzgar un hecho de corrupción 20 años después?

-Siempre sirve. Es un planteo de la defensa, dice que se pierde la legitimidad después de tantos años. Me parece que la propia reacción de la gente, frente al conocimiento de la condena, demuestra que no se pierde la legitimidad. Después de la condena hubo mucho interés mediático por un hecho de hace más de 20 años. La pena tiene un valor simbólico muy alto. Y este mensaje de “tarde o temprano el que comete un hecho de corrupción va preso”, es importante incluso aunque esa condena tarde 20 años. Es importante llegar a la condena.

-¿Por qué se llega al juicio tarde? ¿Cuáles son las deficiencias del sistema?

-Uno de los motivos es la instrucción -muchas veces reemplaza al debate oral-. Hay recursos permanentemente como doble instancia para cada cosa. Se llega al juicio muy tarde. También hay un desfasaje entre el momento del hecho y aquel en que empieza la investigación, a diferencia de un homicidio, por ejemplo, que empieza apenas está el cuerpo. Tenemos una ventana de tiempo donde el Estado no accede de inmediato. Y cuando toma conocimiento, es muy difícil obtener la prueba porque hay funcionarios nuevos, o porque la prueba está en manos de los imputados que estamos investigando. Hay que sumarle la existencia de excelentes estudios jurídicos, que presentan recursos novedosos que hay que estudiar. Son casos de difícil conocimiento, de difícil recolección de prueba y de difícil investigación porque hay maniobras para encubrir. Hay que seguir rutas de dinero, a veces alguna etapa no está en el país. Son hechos complejos y difíciles de probar.

-¿Cómo se construye la estrategia judicial para investigar estos hechos de corrupción?

-En general, sabemos que la prueba testimonial no va a ser muy productiva. Partimos de la base que muchos testigos están involucrados y la línea entre ser testigo y ser imputado es muy difusa. Otros, por el paso del tiempo es difícil que recuerden. Mi estrategia pasa más bien por abordar la documentación, buscar testimonios escritos y firmados por los imputados. Creo que las diferencias que se hicieron en el juicio de María Julia tuvieron que ver con documentar y hacerse valer en el debate. Esto descoloca y sorprende a los abogados.

- Sin embargo, el TOF 3 que juzgó la causa de sobornos en el Senado, en la que también usted participó como fiscal, no creyó en la prueba documental.

-Gran parte de los testigos pertenecían a la clase política de los imputados. Sabíamos que podríamos encontrarnos con testigos que no habían denunciado el hecho en su momento, o bien podrían haber cobrado y no estar en la investigación. Tratamos de buscar documentos relacionados con las sesiones de la época de los hechos. Planteamos una línea de tiempo a partir de una reconstrucción de las sesiones del Senado y de artículos periodísticos que daban cuenta del clima que había en su momento con la sanción de la Ley de Reforma Laboral. Hicimos un trabajo de reconstrucción histórica en base a documentación.

-La semana pasada usted presentó un recurso en la Cámara de Casación Penal para apelar todas las absoluciones que hizo el TOF 3.

-Fue un paralelo de lo que hizo el tribunal con la causa AMIA (anuló gran parte de la investigación y absolvió a todos los imputados). Fue hacer de cuenta que no existió la instrucción y todo lo que surgió de la instrucción que no le gustó a los jueces no fue valorado. Una cosa es que no nos guste lo que haya hecho un juez, un fiscal, pero otra cosa es hacer valer autoritariamente nuestro gusto personal y destruir una causa. Me parece que la opinión del juzgador tiene que tener un límite en el debate oral.