Por la intervención de las médicas, la paciente estuvo 10 horas en un calabozo pese a que continuaba con pérdidas producto de un aborto.
La legisladora porteña María Rachid presentó una denuncia penal para que se investigue si las médicas que judicializaron a una mujer que llegó a la guardia del Hospital Fernández con un aborto en curso incumplieron sus deberes como funcionarias públicas. La causa quedó radicada ayer en el Juzgado Criminal Juzgado Criminal de Instrucción N° 46, a cargo de Jorge de Santo.
La legisladora espera que se determinen las responsabilidades penales que les caben a las profesionales médicas que el pasado 29 de junio constataron la muerte fetal y le practicaron un legrado (práctica de raspado) para expulsarlo.
“Vulneraron los derechos de esta mujer, incumplieron con el secreto médico profesional y el deber de cuidado sobre la paciente”, explicó Rachid a Infojus Noticias.
Por la intervención de las médicas Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich y de la médica del área de Obstetricia del Fernández, Rosana Buffa, la paciente estuvo 10 horas en un calabozo pese a que continuaba con pérdidas y transitó un proceso judicial de un mes y medio. Finalmente el juez Luis Alberto Zelaya anuló toda la actuación, cuestionó la violación del secreto profesional entre médico y paciente y la sobreseyó porque se "vulneró (su) derecho constitucional a no autoincriminarse".
El caso tomó estado público porque tras recuperarse la joven de 28 años recurrió a la Defensoría General de la Nación, que elevó una queja expresando que se habían violado varios de sus derechos ante el Consejo de la Magistratura, al director del Hospital Fernández, y el Ministerio de salud porteño, para que evalúen si corresponde o no iniciar un sumario interno por la actuación de las médicas que violaron el derecho profesional. Estas actuaciones también las hicieron llegar a la Cámara del Crimen, para verificar si la actuación del secretario del juzgado que ordenó la detención fue tal como surgió del expediente.
Según la legislación vigente, "el conocimiento de hechos posiblemente delictivos en el marco de la atención médica debe quedar bajo el amparo del secreto profesional", dijo Rachid al ser consultada sobre la denuncia. Y agregó tal como lo plantean la Organización de la Salud (OMS) y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la salud debe ser entendida como el completo bienestar físico, psíquico y social y eso determina que "podría tratarse de un caso de aborto no punible porque estaría en riego la salud de la mujer", y de ser así “no debería ser judicializado”.
La diputada Rachid además presentará en la Legislatura un proyecto para que el gobierno porteño informe "si el Ministerio de Salud ha elaborado un protocolo de actuación con relación al secreto médico en el marco de la atención de pacientes que se presentaran con un cuadro que, presunta o evidentemente, indicara que se trata de un aborto en curso". Y también si "existe alguna orden o disposición del Ministerio de Salud mediante la cual se instruya a los/as profesionales de la salud a realizar la denuncia penal ante la presencia de pacientes en esta situación".