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Horacio Anzzolin, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49,  presentó un escrito donde le solicita al  juez de instrucción, Guillermo Rongo, medidas de prueba para la causa que investiga el tráfico de influencias en el asesinato del militante Mariano Ferreyra. Siguiendo lo expuesto por el fiscal Sandro Abraldes, pide que no se clausure la causa hasta que no se descarte la intervención de los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo en el delito.

Según la investigación, se habría manipulado el sorteo de la causa por el crimen de  Ferreyra para que recayera en la sala III de Casación. Allí otro imputado, el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, decía poder intervenir en la decisión de los jueces y lograr beneficios, como por ejemplo la excarcelación de detenidos por el crimen. Todo se destapó a partir de escuchas telefónicas en las que el ex juez Aráoz de Lamadrid aparecía aprovechando su relación con algunos jueces de la Casación con los que había trabajado y con Ameghino Escobar. En la operación, Riquelme sería el intermediario, mientras que el presunto encargado de “pagar los servicios” era Staforini.

El fiscal Anzzolin solicitó que se tome declaración testimonial a la actual integrante de la sala II de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma, para que “se pronuncie sobre el suceso cuyo protagonismo se le atribuye en la conversación telefónica”. También pidió que se le tome declaración a todos los empleados de la vocalía de Eduardo Riggi y a los que fueron empleados del hoy jubilado Wagner Gustavo Mitchell.

El objetivo es que brinden información sobre “los encuentros personales, llamados telefónicos y cualquier otra forma de contacto que los nombrados hubieran tenido con los imputados en el sumario”, dice el escrito del fiscal. También solicitó investigar la existencia de algún beneficio que podrían haber obtenido descendientes del juez Riggi con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada.

Además del ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, en la causa por presunto "cohecho y tráfico de influencias", están procesados el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid; el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme; el contador del gremio, Angel Stafforini y el ex empleado de la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar.

En septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó por “inadmisible” un recurso de queja presentado por la defensa de Luis Ameghino Escobar, llevada adelante por el ex juez de Casación Penal, Alfredo Bisordi.