Infojus Noticias

“Todos están libres”, dijo a Infojus Noticias el abogado Carlos Garmendia, que acompañó a Susana Trimarco en el juicio que el 11 de diciembre pasado dejó a Tucumán en ascuas. Se refiere a los 13 imputados que fueron absueltos en el debate oral donde estuvieron acusados de secuestrar a “Marita” Verón y obligarla a prostituirse en los burdeles de La Rioja regenteados por Lidia Irma “Mamá Lily” Medina  y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez.

Emilio Herrera Molina, uno de los jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán que firmó la sentencia, consiguió eludir el juicio político que impulsó Trimarco tras conocer el fallo. Aquejado por una graven enfermedad consiguió que el gobernador José Alperovich finalmente firmara el decreto que le permitió jubilarse, luego de que la Corte provinicial avalara una decisión del fuero en lo contencioso administrativo y le pidiera que informe al Ejecutivo provincial sobre su estado de salud.

Los otros dos integrantes de la Sala, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, también intentan esquivar el jury. Como Herrera Molina, Piedrabuena también espera jubilarse y consiguió el aval de la Corte provincial, pero la Fiscalía de Estado provincial recurrió la medida. Romero Lascano apeló a la inconstitucionalidad de los actos de integración del jurado de enjuiciamiento. En ambos casos, la definición está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El juicio de mi hija fue vendido”, dijo Susana Trimarco cuando se conoció la sentencia y ahora lo repitió a Infojus Noticias (se refería a una carta anónima que recibió por correo electrónico antes de que se iniciara el debate oral). El pasado 3 de abril, la Comisión de Juicio Político en la Legislatura tucumana elevó la acusación contra los tres magistrados, los observan especialmente por su actuación durante las audiencias: “en el juicio pasó de todo. Y cuando decimos pasó de todo, nos referimos a testigos vulnerables que ingresaban encapuchadas a declarar y a las que se les tomaba fotografías a la salida” o porque “pareciera como si las testigos fueran las juzgadas y no los imputados”.

En la acusación, los integrantes de la comisión también hablaron sobre las consecuencias de este fallo para otras víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Hablaron de la natural desconfianza de las víctimas frente al poder institucional, a la que se añadió un nuevo temor: “aunque vayan a declarar con coraje y valentía, su pasado las condena y sus dichos no valen”.

Ahora, la Corte tucumana está en condiciones de habilitar la revisión del fallo para que se dicte una nueva sentencia o en el peor de los casos se vuelva a realizar el debate oral. “Dos de los tres jueces que se tienen que expedir ya emitieron su voto. Es probable que antes de fin de año si se resuelve una recusación que presentó la defensa, los integrantes del máximo tribunal provincial puedan resolver al respecto”, precisó Garmendia. Como antecedente, en una decisión que no es vinculante, en julio de este año el ministro fiscal de la Corte tucumana Luis De Mitri consideró equivocado el fallo en el que Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, consagraron la impunidad.

El abogado Carlos Garmendia

Los 13 acusados

En febrero de 2012, después de 10 años de ausencia de María de los Ángeles Verón, (secuestrada el 3 de abril de 2002) comenzó el debate oral de la causa que se elevó a juicio en el año 2004. Los mismos jueces que absolvieron a todos los imputados, afirmaron que las testigos habían brindado suficientes pruebas para considerar que los acusados integraban una red de trata con ramificaciones “internacionales” que debía ser investigada.

Hojeando ese expediente se pueden trazar los tentáculos que alcanzan los explotadores sexuales, por lo menos entre 2002 y 2004. “El primer foco es La Rioja, pero también operaban en Catamarca donde captaban chicas, pero también las explotaban sexualmente”, sintentizó Garmendia. “Los trazos llegan hasta Las Casitas en Río Gallegos, e interconexiones en Córdoba, el Conurbano, Olavarría, La Pampa y Misiones como lugar de captación”, agregó el abogado, conocedor de cada foja de la investigación.

Entre los acusados Daniela Milhein era fuerte en la ruta de explotación que desde Tucumán terminaba en Río Gallegos. Ella y su esposo, Alejandro González, que en el juicio por Marita estuvieron acusados de retener a Marita en su casa de Yerba Buena, en la capital tucumana, son los únicos dos imputados que –por ahora- están a las puertas de otro juicio por estos hechos. Serán juzgados por la privación ilegítima de la libertad y por obligar a prostituirse a Fátima M., una de las mujeres que vio a la hija de Trimarco y declaró en el juicio.

“El juicio de Fátima podría haber sido este año, porque ya  está sorteada la Sala I de la Cámara Penal tucumana; pero el fiscal Carlos Sale se excusó porque intervino en el juicio de Marita y la Cámara tiene que resolver sobre esto”, explicó Germán Díaz, uno de los abogados que trabajan  en la Fundación María de los Ángeles Verón y asiste a Fátima en la querella.

Milhein irradia una lupa sobre la red. Tuvo una hija con Rubén la “Chancha” Ale, la sombra de la pata tucumana de la red de tratantes, y dijo que él la obligó a prostituirse y a captar mujeres. En el juicio por el secuestro de Marita compartió banquillo de los acusados con María Jesús Rivero, ex pareja de la “Chancha” y madre de su hijo, Ángel Adolfo Ale.

Los cuatro están siendo investigados en los tribunales federales de Tucumán hoy concluyen por conformar una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero, presumiblemente proveniente de la trata de personas. En el juicio por Marito, el Clan Ale fue insistentemente mencionado por víctimas y testigos, pero la Chancha no estuvo en el banquillo de los acusados. 

Sobre la base riojana de la red, Garmendia dijo a Infojus Noticias que “están cómodos y siguen manejando prostíbulos”. El abogado aclaró que en los allanamientos que se realizaron hace unos meses en los locales donde funcionaban los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafió, que pertenecía a “Mamá Lily” Medina y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, se encontraron “gran cantidad de preservativos sin uso y restos de libros de pase, con anotaciones en varias fechas, incluso en 2012”.

Sobre ellos, por ahora no pesa otra causa judicial por este tipo de delitos, y su indagación por lavado de activos provenientes de la trata está pendiente de resolución por una cuestión de competencia (como en gran parte de las medidas de investigación en la búsqueda de Marita, antes debe resolverse si corresponde intervenir a los juzgados federales de La Rioja o Tucumán).

“Mamá Lily” murió sin ser condenada por “comprar” y obligar a otras mujeres a prostituirse en locales de su propiedad. Falleció en febrero de este año, mientras permanecía encarcelada, porque en 2012 –mientras estaba siendo juzgada por la desaparición de Marita- la apresaron mientras esperaba en la terminal de colectivos de La Rioja a una chica menor de 18 años que desde Tucumán le llevaba 50 tizas de cocaína (800 gramos aproximadamente). “Esa chica estaba vinculada en Tucumán a una red de prostíbulos que manejaba Mercedes Medina, que podría ser la prima de la riojana”, dijo Garmendia.

En septiembre de este año, 7 personas entre las que se encontraba Mercedes Medina fueron procesadas y detenidas con prisión preventiva por el delito de trata de personas. La investigación comenzó hace más de 6 meses cuando la División Trata de la policía local y la Fundación María de los Ángeles inspeccionaron dos locales que funcionarían como prostíbulos y serían propiedad de Medina y su esposo “El Negro” Ernesto Robles. El allanamiento se hizo en el marco de la Ley de “Prostíbulos Cero”, aprobada en agosto del año pasado en la provincia, también a instancia de la Fundación desde la que Trimarco consolidó la lucha contra la trata de personas y asiste a las mujeres que cayeron víctimas de la red.