Infojus Noticias

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio hoy dictamen al proyecto de ley que crea una bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico–militar, venido en revisión desde la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo es buscar “la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.

El proyecto, que fue aprobado en Diputados por 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP) y 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza, volvió en revisión a la Cámara alta. Ahora, en comisión, el dictamen sólo fue firmado por los representantes del Frente para la Victoria (FpV) puesto que el radicalismo cuestionó los alcances de la investigación.

En concreto, el proyecto estipula que el cuerpo estará compuesto por cinco diputados y cinco senadores, respetando la representación parlamentaria, y deberá presentar un informe con los aspectos más salientes “así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada” por la última dictadura militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con el gobierno de facto.

Además, se creará en el ámbito del Congreso el “Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que pondrá a disposición del público el informe al que hayan arribado los legisladores, así como cualquier otro documento relacionado “con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas”.

Según el artículo sexto, la Bicameral “deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y ofrecer mecanismos de reparación de daños”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador neuquino Marcelo Fuentes, afirmó que “se trata de una responsabilidad histórica que le toca a este Congreso”. Para el senador, “hubo una campaña en los medios de comunicación diciendo que esta Comisión pretendía enjuiciar a los responsables” y destacó que el Parlamento “tiene la atribución de analizar la verdad política” y “no avanza en ninguna facultad de otros poderes”.

Por su parte, el radical Mario Cimadevilla había denunciado que los atributos de la Comisión “se apartan de los principios que llevaron al juzgamiento y encarcelamiento de los responsables durante el gobierno de (el ex presidente radical) Raúl Alfonsín” y que “otorga facultades judiciales que usurpan jurisdicciones y garantías”.

“Otros partidos deberían hacer un mea culpa y pedirle perdón a sus militantes muertos por la dictadura por apoyar la autoamnistía que querían los militares”, cuestionó Cimadevilla.

Por su parte, el jefe del bloque del FpV, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “esto no es un ajuste de cuentas entre los partidos nacionales”. En ese sentido, precisó que “desde esta comisión, sabemos cuáles son los límites: la elaboración de un informe. Aunque algunos hechos serán, seguramente, análisis de investigación judicial”.

PC/LL