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La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone crear un Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. El debate se trasladará el año próximo hacia el Senado. El proyecto establece un nuevo marco público para tratar las adicciones, con la creación de planes, programas y priorizará la inserción educativa y laboral de las personas en recuperación.

La atención gratuita y pública será  para aquellos que padezcan “consumos problemáticos” e incluye tratamientos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de Obras Sociales y Prepagas. En este proyecto se establece el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan ICOPRO), que se asienta sobre tres objetivos fundamentales: la prevención, la asistencia y la integración. 

Ahora bien, ¿qué entiende el proyecto de ley por “Consumos Problemáticos”?  “Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”, aclara el proyecto. El objetivo es prevenirlos mediante la acción directa del Estado; asegurar la asistencia integral y gratuita para las personas que la requieran y disponer las herramientas laborales y educativas adecuadas para la contención social de los recuperados.

Centros comunitarios y asistencia

Los propósitos del Plan ICOPRO -al que las provincias pueden adherirse a través del Consejo Federal de Salud-,  involucran la prevención, la asistencia e “integrar y amparar socialmente a los sujetos rehabilitados de algún consumo problemático”. Para llevar a cabo el primer punto, el proyecto prevé la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos en todo el territorio nacional y toma como prioritarios los lugares de mayor vulnerabilidad social. Los espacios ya existentes podrían incluirse, previo acuerdo con la autoridad de aplicación.

Estos centros comunitarios, agrega el proyecto que tiene la autoría del diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Horacio Pietragalla, “deberán estar abiertos a la comunidad en un horario amplio, procurando tener abierto el espacio en horarios nocturnos”. Entre sus funciones se enumeran la orientación sobre los lugares disponibles para realizar tratamientos, los planes de inclusión laboral y educativa y la obligación de recorrer el territorio aledaño para difundir la oferta sanitaria en el tema. También deberían organizar eventos sociales y culturales, interactuar con escuelas y clubes para realizar prevención de consumos problemáticos.

Según Pietragalla, se trata de “un cambio en materia de rehabilitaciones y consumo problemático. Pasamos de tener una visión represiva a una visión sanitaria y de contención. Una visión integral a un problema que no es sólo dar una beca y que se rehabiliten, sino que se necesita hacer un trabajo de integración y de reinserción a la sociedad”.

Sobre el segundo punto, la asistencia,  plantea que debe incluirse en el Plan Médico Obligatorio y respetarse todos los derechos y garantías de los pacientes establecidos en la ley de Salud Mental. Promueve los tratamientos en los hospitales generales polivalentes –deja de lado el sistema de manicomialización- En este sentido, se enumera una serie de parámetros: el respeto por la autonomía y la singularidad, evitar la estigmatización, priorizar el tratamiento ambulatorio y considerar la internación “como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo”, aplicable cuando aporte más beneficios que el resto de las intervenciones posibles en el entorno familiar, comunitario o social. También se incorpora la reducción de daños como una estrategia para prevenir riesgos mayores.

Establecer protocolos de atención

El proyecto de Pietragalla, por otra parte, prevé la creación de un Registro Permanente de Efectores para las instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas “al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación”. En este sentido, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) comenzará en febrero con un sistema de acreditación del personal de clínicas y comunidades terapéuticas, y buscará establecer protocolos de atención.

Sobre la integración, tercer eje de este proyecto, se prevén dos componentes: el educativo y el laboral. Ambos apuntan a consumidores problemáticos en situación de vulnerabilidad social. El primer componente beneficia con una beca a quienes no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios y ya recibieron atención por su afección, siempre y cuando mantengan su regularidad en los estudios. El segundo incluye a los mayores de 16 años y plantea la inclusión laboral concreta, a partir de convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por último, el proyecto se propone recuperar la responsabilidad del Estado, desde una perspectiva de Derechos Humanos, para garantizar asistencia integral, contención y acompañamiento “para las personas en situaciones de consumos problemáticos, las familias y la sociedad en general”.