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Familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados el 26 de junio de 2002, acusaron al juez federal Ariel Lijo de "cajonear" la causa que investiga las responsabilidades políticas de la llamada "Masacre de Avellaneda". Lo hicieron a través de un comunicado, donde emitieron una dura acusación. "Denunciamos al juez federal Ariel Lijo como uno de los principales responsables de que la causa por las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda haya sido archivada", sostuvieron.

En el documento, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) denunció que la causa en la que se investiga al ex presidente Eduardo Duhalde, el ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional por el Frente Renovador Felipe Solá y el operador massista Juan José Álvarez, "desde 2002 estuvo cajoneada".

Los compañeros de los militantes asesinados en Puente Pueyrredón en el marco de una protesta social denunciaron que Lijo "ni siquiera respondió a informes solicitados por la fiscalía, sobre el cruce de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales".

A la vez, compararon "la lentitud y luego inacción en la causa por la Masacre de Avellaneda" con la "celeridad" del magistrado a la hora de condenar a los referentes sociales y de expulsar a dirigentes campesinos paraguayos en 2006.

Por otra parte, dijeron que Lijo “es el mismo juez que sobreseyó al ex ministro del Interior Carlos Corach la semana pasada en la causa por el atentado contra la AMIA y que le otorgó el reconocimiento jurídico al partido nazi de la Argentina Bandera Vecinal, a cargo de Alejandro Biondini. De ese modo, garantizó la legalidad de un partido neonazi en nuestro país”.

La causa por las responsabilidades políticas de la Masacre se inició el 1 de julio de 2002 por Mabel -mamá de Maxi- y apuntaba como autores intelectuales de los asesinatos al ex presidente Eduardo Duhalde y en la que también se menciona a Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof, Juan José Alvarez, Aníbal Fernández, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Jorge Matzkin, Felipe Solá -entonces gobernador- y Luis Genoud, quien era funcionario de Seguridad provincial en ese entonces y ahora es miembro de la Corte bonaerense. “Quien estuvo cargo de esa causa, que lleva cajoneada 12 años, es el juez federal Ariel Lijo”, concluyó el comunicado.