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Lo primero que hubo fue una decisión política: el 26 de junio de 2002 no habría un bloqueo a la ciudad de Buenos Aires. A esa decisión le siguió el accionar conjunto de las fuerzas de seguridad que fueron con la orden de impedir el corte del Puente Pueyrredón, en Avellaneda. Para evitarlo hicieron un cordón policial para cortar el avance de las organizaciones políticas y sociales, la mayoría de trabajadores desocupados. Y los policías se ubicaron de tal manera que quedaron casi en una pinza y a ese choque le siguió la represión: “Sobrepasaron la línea policial colocándose delante de la misma y dispararon sus escopetas con la finalidad de dar muerte a los manifestantes, que corrían dándoles las espaldas, obrando así (el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta) sin riesgo y sobre seguro”. Así comenzó la cacería, según describieron los jueces del Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora al condenar a prisión perpetua a los dos coautores de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en enero de 2006.  

Los disparos rompieron la manifestación en varios grupos. Uno de los más numerosos corrió por la avenida Mitre hasta Pavón y corrió hacia el sur, hacia la estación ferroviaria de Avellaneda. Allí,  los manifestantes podrían encontrar algún refugio, una vía de escape. Fanchiotti fue tras ellos, con el arma en la mano. “Lo hacía ya con la decisión tomada y compartida con Acosta: tirar a matar sin miramientos”, precisaron los jueces en los fundamentos del fallo, donde también fueron condenados los ex oficiales Félix Vega (ex jefe de la Departamental Lomas de Zamora), Carlos Quevedo y Mario De la Fuente a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado.

El mapa de ocultamientos incluyó también a los ex policías Gastón Sierra y Lorenzo Colman, condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente. A Celestino Robledo, un oficial retirado, le dieron diez meses de prisión en suspenso por usurpación de títulos y honores. Todos ellos de la Policía bonaerense.

El esquema de la represión, que comenzaron a trazar los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini en las horas siguientes a la Masacre de Avellaneda,  terminó de construirse con relativa velocidad. Para él habían colaborado obsesivamente los compañeros de militancia de los jóvenes muertos, sus abogados y algunos trabajadores de algunos medios de comunicación. Sin embargo, la investigación enfrentó un hermético acuerdo de silencio policial y político que dificultó la tarea.

Sólo

El miércoles 17 de julio de 2002 declaró el comisario Fanchiotti, detenido desde fines de junio con prisión preventiva junto al cabo Acosta. Como había hecho desde la misma tarde del doble crimen, cuando hizo una conferencia de prensa en la que milagrosamente se la abrió una pequeña herida del ojo y le cayó una gota de sangre que le surcó la mejilla derecha, dijo que era inocente, que sólo había disparado con balas de goma. También se quejó ante el fiscal: “Me dejaron sólo”, se lamentó en el edificio de los tribunales de Lomas de Zamora.

Balas y palos

Dos días después, declararon tres trabajadores desocupados que habían participado de la protesta. Dos de ellos habían sido baleados con plomo. Ezequiel Chamorro, que aún tenía un perdigón de plomo en su rodilla izquierda, dijo el policía de civil Carlos Leiva le había disparado en la Plaza Alsina, a ocho cuadras del Puente Pueyrredón, en Avellaneda. Otro hombre relató cómo lo detuvieron, lo tiraron al piso, le pisaron las manos y le golpearon la cabeza hasta dejarlo inconsciente.

Tándem

El 23 de julio, los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini aseguraron que a Santillán lo mató Acosta y consideraron que Fanchiotti también era responsable. Habían actuado en tándem. No   pudieron establecer quién de los dos había matado a Kosteki porque ambos aparecían disparando en las imágenes de televisión. Los acusaron, ante la jueza Marisa Salvo, de “doble homicidio agravado por alevosía” y varias tentativas de homicidio.

Imágenes

Los militantes de Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y los abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) siguieron reuniendo las imágenes de televisión y fotográficas. La miraron obsesivamente y encontraron el momento en que Kosteki se agarra el pecho y cae: le acababan de pegar el tiro que le perforaría el pulmón.

La interna

Ocho meses después de la Masacre de Avellaneda, en febrero de 2003, el juez federal Norberto Oyarbide reactivó una causa por una denuncia por “sedición”, que habían presentado varios funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde. La denuncia, que instrumentó el entonces ministro de Justicia, Jorge Vanossi, se basaba en recortes periodísticos y la grabación de una asamblea desocupados que había hecho la SIDE.

Otro tirador

En febrero de 2003 también se identificó a otro tirador: el cabo Collman. Fue el policía que durante un asalto al local de Izquierda Unida disparó a la cabeza de un militante de la Correpi.

A juicio oral

El 6 de marzo de 2003, el fiscal González pidió la elevación a juicio oral de Fanchiotti, Acosta y varios policías, que finalmente comenzó el 27 de mayo de 2005 y terminó el 9 de enero de 2006.

Según se probó durante la instrucción y, luego, en el juicio oral, después del choque con la movilización, Fanchiotti y Acosta persiguieron a los manifestantes y siguieron disparando. No mataron a más personas de pura casualidad (fueron condenados también por siete intentos de homicidio). Pero llegando a la estación de trenes le dispararon a Kosteki, que llegó muy mal herido al hall de ingreso. Ahí se cayó y detrás de él llegó Santillán, que se frenó en seco e intentó auxiliarlo. Pero los intentos no daban resultado, su compañero de militancia tenía un tiro en el medio del pecho.

Detrás de Santillán llegó Fanchiotti y sus hombres de máxima confianza, entre los que estaba Acosta. Entraron. Santillán los vio tomar posición, levantó la mano para intentar calmarlos y entendió que eso no iba a ocurrir: se paró, dio unos pasos y Acosta le disparó por la espalda, con una escopeta. Así lo mostraron varias fotos de Sergio Kowalewski y Pepe Mateos, que se complementaron con filmaciones televisivas que fueron tomadas como prueba judicial. Con todas ellas, la Asesoría Pericial La Plata- Área Animación, Maquetería y Planimetría Forense de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconstruyó el crimen.

“El Estado fue incapaz una vez más no ya de la básica preservación de los bienes públicos y de los particulares, sino de evitar que se alargue la mano homicida para cobrarse dos víctimas en un desenlace totalmente evitable. Así pues una estrategia de legitimación del uso de la coerción en forma indiscriminada se enseñoreó de la voluntad y decisión del agente activo”, escribió, en su voto, la presidenta del tribunal, Elisa López Moyano. Esa definición está en línea con el pedido que hizo el tribunal –también compuesto por Roberto Lugones y Jorge Roldán- para que se analicen las responsabilidades políticas del gobierno de Duhalde y pidió investigar por “falso testimonio” a Soria (ex titular de la SIDE), Oscar Rodríguez (segundo en la SIDE) y Vanossi.

Esa causa estuvo archivada mucho tiempo. En agosto de 2014, el Frente Popular Darío Santillán (nombre que tomó el Movimiento de Trabajadores Desocupados tiempo después del doble crimen) presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, a quien habían responsabilizado por la paralización del expediente. Existen más de 400 cruces telefónicos entre el fallecido Soria –ex jefe de la SIDE- y Fanchiotti, señaló el FPDS. La causa fue desarchivada en diciembre pasado.

CD/PW