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Leonardo Santillán, hermano de Darío, el militante muerto en el marco de la represión policial desatada en 2002 contra organizaciones sociales que intentaban manifestarse sobre el Puente Pueyrredón, denunció que el juez federal Ariel Lijo "tiene paralizada la causa que investiga las responsabilidades políticas" que determinaron ese hecho.

"Hace tiempo que reclamamos que Lijo active la causa y no hace nada. Se viene un nuevo aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón, las heridas están abiertas y queremos que la investigación se active", señaló en diálogo con Télam Leonardo, militante del Frente Popular Darío Santillán, una organización que lleva el nombre del piquetero asesinado.

Leonardo agregó además que la agrupación que integra plantea "reinstalar el tema con participación y movilizaciones para evitar  que el caso caiga en el olvido", y contó que se analizan "otras estrategias legales para reflotar el caso".

"Queremos que Lijo muestre en esta causa la misma celeridad que tuvo para condenar a Fernando Esteche y Raúl Lescano (militantes de Quebracho sentenciados por manifestarse contra un local del ex gobernador neuquino Jorge Sobich) o sobreseer (Carlos) Corach en el encubrimiento del atentado a la AMIA", señaló.

El 26 de junio de 2002, el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde ordenó evitar que organizaciones sociales cortaran el puente sobre el Riachuelo que separa la Ciudad de Buenos Aires de la Provincia.

Como consecuencias de esas directivas se desató una represión a cargo de la Policía bonaerense que se denominó como la Masacre del Puente Pueyrredón, en la que murieron los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, baleados por efectivos de esa fuerza en la estación Avellaneda del ferrocarril Roca.

Por esos hechos, fueron condenados en 2005 el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Costa, entre otros efectivos, pero los familiares reclamaron que se avance sobre las responsabilidades políticas, algo que hasta el momento resultó infructuoso.

Los familiares de las víctimas son querellantes desde 2002 y piden que se investigue la participación intelectual en el caso de  Duhalde; el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y Juan José Alvarez, que ejercía como secretario de Seguridad de la Nación, entre otros dirigentes.

"En todos estos años, Lijo no hizo nada. No hubo investigación, ni indagatoria ni nada. Seguimos esperando y queremos que esto se active de una buena vez", apuntó el hermano de Darío Santillán.

Familiares y compañeros de los militantes asesinados aseguran que la causa existen más de 400 cruces telefónicos entre el fallecido Carlos Soria –a cargo de la SIDE en 2002- y Fanchiotti, pero que el magistrado se avanzó en ese sentido.

Desde el Frente Popular Darío Santillán, se señaló que los querellantes se reunieron en varias oportunidades con el fiscal de la causa, Miguel Angel Osorio, quien les comentó que "no podía avanzar en función de la inacción" que Lijo evidenciaba ante el expediente.