Infojus Noticias

El fiscal Sebastián Scalera solicitó la prisión preventiva del ex policía Marcos Ariel Rodríguez y pidió, además, que su caso sea elevado a juicio oral por la Masacre de Wilde, ocurrida en 1994. El ex cabo de la Policía bonaerense, que estuvo prófugo por veinte años y fue detenido la semana pasada, está acusado de cuádruple homicidio e intento de asesinato. Se trata de la misma acusación que pesa sobre los otros ocho ex uniformados de la Brigada de Investigaciones de Lanús que participaron del operativo en el que existió “unidad de acción”, según consideró la Suprema Corte bonaerense que el año pasado ordenó profundizar la investigación.

A diferencia de los otros ocho acusados, Rodríguez se fugó dos días después del operativo que terminó con cuatro muertos y dos autos con más de 300 impactos de bala. Por eso motivo, el fiscal Scalera consideró –en el escrito presentado el viernes pasado- que Rodríguez no podía estar libre. Ese pedido debe resolverse esta semana.

Y en los próximos quince días, el juez Gabriel Vitale tiene que definir si eleva el caso de Rodríguez junto con los otros ocho acusados para que se realice el juicio oral, así lo indicó a Infojus Noticias una fuente de la investigación. El pedido del fiscal está apoyado en la definición de la Suprema Corte bonaerense: el año pasado ordenó retomar la investigación y señaló que a todos los ex policías que actuaron en ese operativo se les debe aplicar el criterio de “unidad de acción y hecho único”. Por ese motivo, a todos les corresponde la misma acusación y las mismas medidas de prueba, que ya fueron tomadas para la elevación a juicio que la semana pasada firmó el juez Vitale.

El miércoles pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Córdoba detuvo en La Falda a Rodríguez. Había abierto una rotisería y vivía allí con su familia.

El jueves fue llevado a Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, para ser indagado pero -acompañado de su defensora oficial, Patricia Babio- se negó a declarar. Siguió, en los hechos, la misma estrategia judicial planteada por el abogado Luis Galtieri, quién defiende a los otros acusados: Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes.

La Masacre de Wilde comenzó a gestarse el 10 de enero de 1994 cuando once policías de civil en cinco autos particulares iniciaron la persecución de dos autos, un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo. Eran todos integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que comandaba el comisario Juan José Ribelli.

En el Peugeot iba el remisero Norberto Antonio Corbo, quien llevaba a Enrique Héctor Bielsa y Gustavo Pedro Mendoza, dos “conocidos” la Brigada, señaló el periodista Alejandro Córdoba, autor de La Patota, un libro sobre ese grupo policial. Lo persiguieron y lograron rodearlo: “utilizando las armas que portaban, sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún tipo, comenzaron a efectuar  gran cantidad de disparos contra el Peugeot y sus ocupantes con la clara intención de  causar la muerte”, definió el fiscal. Los tres murieron casi en el acto.

El Dodge habría logrado escapar pero los policías lo habrían confundido con otro auto similar, donde viajaban los libreros Claudio Antonio Díaz y Edgardo José Cicutín.  También dispararon sobre ellos “con la clara intención de provocar la muerte de sus ocupantes, sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún  tipo”, precisó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio oral que la semana pasada confirmó el juez Vitale. Frenaron el auto y bajaron pero a Cicutín lo mataron. Sólo Díaz quedó vivo.