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El comienzo de la audiencia estaba fijado a las 10. Empezó media hora más tarde, debido a los preparativos de las videoconferencias que darían los represores que están detenidos en otros puntos del país. Mientras se ultimaban los detalles técnicos, el ex juez Luis Francisco Miret deambulaba por el recinto y saludaba a abogados defensores y a familiares de los represores. La segunda audiencia del megajuicio finalizó esta tarde: Mendoza juzga de manera inédita a funcionarios judiciales partícipes de la dictadura. Hoy se leyó el detalle oficial de las bajas que hasta ahora afronta el proceso: de los 41 imputados iniciales, 34 se mantienen en pie. Seis fueron apartados por razones médicas y uno por comparecer ante otros tribunales. Hoy un ex policía que había sido declarado prófugo se presentó a declarar y quedó detenido. Otro, en cambio, no se presentó a declarar y tampoco fue hallado en su casa.

Finalmente, el debate se inició con el ingreso al recinto de los imputados que cumplen prisión preventiva en la provincia u otras penas de juicios anteriores. El ex camarista Otilio Romano fue quien encabezó la larga fila de los esposados. Una vez retomado el juicio, el tribunal concluyó las identificaciones que no habían podido concretarse en la jornada inicial.

El cuarto en identificarse fue el ex oficial de policía José Antonio Lorenzo Constantino, que hasta esta mañana se encontraba prófugo. El represor de 57 años, que durante la dictadura cumplió funciones en la comisaría 7° de Godoy Cruz y estuvo al servicio de los operativos del D2, reconoció “estar al tanto” del pedido de captura que regía sobre su persona, motivo por el cual decidió comparecer esta mañana ante el tribunal de manera “espontánea”.

Luego de las identificaciones, el juez Alejandro Waldo Piña le informó a Constantino que permanecerá detenido a lo largo del proceso y dio cuenta de una nueva fuga. Se trata del ex policía Francisco López Rodríguez, que tampoco asistió a la primera audiencia y no fue hallado en su domicilio al momento del allanamiento.

El TOF 1, en repuesta a la celeridad que se le reclamó desde las querellas en torno a la información engorrosa que resultó de la primera audiencia, clarificó la situación de los imputados que se han apartado del proceso por razones médicas.

Así se supo que a las bajas del ex juez federal Gabriel Guzzo y del ex agente militar de Inteligencia Enrique Gomez Saá, se agregaron hoy las de Alfredo Milagros Castro Videla, Timoteo Rosales Amaya y Aldo Patrocinio Bruno Pérez. Todos policías retirados que se desempeñaron en el D2 durante el terrorismo de Estado y ocuparon su jefatura durante 1977, como es el caso de Bruno Pérez.

Mientras que el apartamiento que completa las siete bajas corresponde al ex jefe del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien ha sido excluido por comparecer ante otros tribunales del resto del país.

A mitad de la jornada, el abogado defensor de Otilio Romano, Bernardo Calderón, solicitó al TOF 1 que, por un pacto previo que mantiene con su representado, contemple el ejercicio de la defensa compartida sobre el ex camarista.

“Asumí con la condición de que entre los dos haríamos la defensa, es decir que  Romano se autodefendería”, expresó, para luego advertir que de no aceptarse este pedido se vería obligado a abandonar la representación. Los motivos que arguyó el letrado y que sorprendieron a los presentes en la sala, se basan en “el incuestionable conocimiento del derecho que tiene Romano”. El ex juez está imputado por participar en 98 crímenes contra la humanidad.

La decisión de la defensa propia para el ex magistrado quedó en manos del tribunal. Se presume que en la próxima audiencia se expedirá al respecto.

Abril de 1977

El proceso ganó ritmo hacia el final de la audiencia, cuando el fiscal Dante Vega comenzó con la lectura de los requerimientos de algunas de las causas. Los tiempos permitieron que desglosara solo las referidas a la caída grupal de abril de 1977 contra un grupo de militantes de Montoneros y de la Juventud Peronista.

En concreto se trató de una serie de operativos que fueron ejecutados por el Ejército y la policía provincial. De allí se desprenden las acusaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios agravados a un grupo de ex militares que integran Paulino Furió, Ramón Ángel Puebla, Dardo Migno y Alsides París Francisca. En tanto que los miembros de la patota policial involucrada en los operativos y presentes en el debate, Héctor Rubén Camargo, Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa fueron acusados de encubrimiento.

Entre la quincena de víctimas de la llamada “caída de abril del 77” se encuentran los estudiantes Gisela Tenembaun, Ana María Moral y Billy Lee Hunt (de origen estadounidense). En relación a esta causa,  también el fiscal narró los hechos que derivaron en los secuestros y desapariciones, en julio de ese año, de la pareja constituida por Laura Terrera y Alfredo Manrique, y la apropiación de Celina Manrique Terrara, la hija de ambos. La joven, arrancada de los brazos de su madre a los 8 meses de edad, recuperó su identidad en 2007.

El debate se reanudará mañana a las 9.30. Se estima que la lectura de los requerimientos abarcará numerosas audiencias, en vista de las 15 causas que conforman el megajuicio.