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El abogado Luciano Hazan asumió hace unas semanas como nuevo coordinador del programa Verdad y Justicia, cuyo objetivo es acelerar los juicios de lesa humanidad en todo el país y para ello coordinar con otros actores políticos y jurídicos. El programa depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación y tiene delegados en las provincias donde se desarrollan juicios de lesa humanidad. 

El programa fue creado en mayo de 2007, a instancias del ex presidente Néstor Kirchner. El objetivo de entonces es "impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado".

Hazan trabajó durante diez años como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “Soy sensible a los intereses de las querellas porque es de dónde yo vengo”, dijo Hazan, en una entrevista con Infojus Noticias.

Dentro de la propuesta de trabajo, el funcionario adelantó que se avanzará sobre los controles de las prisiones domiciliarias y en la digitalización de los juicios, para su preservación y, además, permitir su acceso de manera pública.

Respecto a los obstáculos en los juicios, Hazan manifestó: “Se avanzó mucho pero sigue habiendo demoras. El sistema de justicia penal es ineficiente, no está preparado ni diseñado para casos de esta complejidad. Es un problema estructural, que requiere de una política y va más allá del programa”.

“La ley dice que los juicios deben hacerse de manera oral con audiencias públicas. No todas las cámaras lo están respetando. En las cámaras de Capital no se cumple, tampoco en San Martín. Se cumple cuando lo piden las partes”, explicó. Y agregó: “Una cámara que lo cumple a rajatabla es la Cámara del Crimen: todas las audiencias se hacen de manera oral y son públicas. Y las decisiones son mucho más rápidas. Si lo puede hacer esa cámara, que además se tiene que ocupar de resolver todos los delitos de la justicia común penal, ¿por qué no lo van a poder las cámaras federales que tienen una carga de trabajo mucho menor?”, se preguntó Hazan.

El funcionario señaló que otro dificultad tiene que ver muchas veces con las intenciones del tribunal y también la burocracia judicial, pero destaca la incidencia del Ministerio Público Fiscal: “Su intervención fue clave a través de los fiscales ad hoc –que tienen especificidad en lesa humanidad- que empezaron a participar en la justicia federal de muchas provincias, que es justamente por lo cual denunciaron a la procuradora Alejandra Gils Carbó”.

Verdad y Justicia trabaja en conjunto con los programas nacionales de Protección de Testigos y con el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa, que brinda asistencia integral a víctimas del terrorismo de Estado. “La idea es que el testimonio se dé en las mejores condiciones posibles”, aseguró Hazan. “Hay que coordinar los recursos que uno tiene y con el Poder Judicial también”.

Según los datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos hay un total de mil procesados por delitos de lesa humanidad. Se han juzgado a 449 personas en causas por delitos de lesa humanidad: 404 han sido condenadas y 45 han sido absueltas. Hay 788 personas detenidas.

Para el funcionario, “memoria, verdad y Justicia es una política de Estado. Ha habido un compromiso político: el Congreso sacó un proyecto de resolución por instancias del CELS que decía que los juicios de lesa humanidad son cuestiones de Estado que deben avanzar”.

Hazan es uno de los cinco integrantes reelectos en mayo pasado para integrar la Convención para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Al tratado lo integran 38 países y están presentes la mayoría de los países de América Latina.

El comité está integrado por diez miembros, un presidente, un vicepresidente y un relator. Uno de los objetivos del organismo es investigar los actos de desaparición forzada y llevar a los responsables ante la justicia. El cargo es ad honorem y Hazan fue propuesto por la Cancillería argentina para ocupar el cargo.