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La renuncia de un juez por razones de salud obligó a la suspensión del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que debía continuar la semana próxima en San Rafael, al sur de Mendoza. Se trata del juez Héctor Cortez, quien se excusó de seguir participando por razones de salud y ahora el debate oral se retomará una vez que se designe a un nuevo magistrado.

El 29 de diciembre pasado se concretó la lectura de las acusaciones contra 26 imputados y luego se hizo un cuarto intermedio hasta el 10 de febrero, fecha ahora postergada. Este segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael y cuarto en Mendoza, tendrá sobre el banquillo de los acusados a 26 imputados por 61 hechos como desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y otros delitos contra 73 víctimas en cinco causas acumuladas.

“Será el juicio más grande de la jurisdicción de la zona sur mendocina y abarcará a la mayoría de los responsables, tanto de la Policía como del Ejército, en sus roles dentro del aparato terrorista en el marco de una fuerza de seguridad del sur de la provincia”, informó a Télam el fiscal Pablo Garciarena.

Estas 26 personas imputadas, quince de las cuales están detenidas, siete con prisión domiciliaria y cuatro en libertad, surgieron de la masiva orden de detención de 35 personas dictada en 2012 por el juez Federal Eduardo Puigdéngolas, tras el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad desarrollado en el 2010 y que terminó con cuatro condenados.