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DECLARACIÓN DE MEDELLÍN

APOYO A DEMANDA DE LA PERIODISTA MEXICANA CARMEN ARISTEGUI ANTE LA CIDH

Los periodistas abajo firmantes reunidos en Medellín, Colombia, en ocasión del Festival de Periodismo Gabriel García Márquez 2015, más otros colegas de distintos países que se han sumado, hemos decidido suscribir junto al equipo de reporteros, redactores, comentaristas y productores mexicanos, encabezado por nuestra colega Carmen Aristegui, una demanda contra el Estado mexicano por obstrucción y denegación de justicia. Lo hacemos en calidad de peticionarios, acorde a lo que establece el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese equipo periodístico fue el ganador del Premio Gabriel García Márquez 2015 en la categoría Cobertura, porque un jurado internacional  independiente, integrado por destacados profesionales, todos reconocidos como maestros de la profesión en el continente, consideró que “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” es el trabajo que mejor reúne los requisitos de excelencia y ética profesional entre 337 postulaciones de toda Iberoamérica.

La información recogida en Medellín por todos los firmantes nos permite decir que esta es la historia:

En noviembre de 2014 un grupo de periodistas mexicanos, entre los que se encuentran Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, culminaron una importante investigación periodística que tomó varios meses en torno a una millonaria residencia en posesión del Presidente de México Enrique Peña Nieto, avaluada en más de 7 millones de dólares y cuya propiedad legal estaba registrada a nombre de un próspero contratista del gobierno mexicano. La residencia, ubicada en Lomas de Chapultepec, la zona de más amplia plusvalía en la Ciudad de México, fue diseñada por un renombrado arquitecto al gusto y necesidades del hoy Presidente de la República.

La investigación reveló que antes, durante y después de la construcción de esa casa, ocupada por Peña Nieto, el grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario legal de la casa, fue beneficiado con contratos millonarios de reparticiones del Estado, algunos obtenidos en cuestionados procesos de licitación y otros por asignación directa. La investigación demostró que los contratos millonarios en obras públicas del empresario Hinojosa Cantú, amigo del Presidente, habían crecido de manera considerable precisamente durante las gestiones políticas del mandatario.

En el desarrollo de esa investigación, los periodistas solicitaron información del tema a la presidencia de México -vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información- para incorporarla al reportaje. La respuesta del gobierno mexicano fue no entregar ninguna información sobre las interrogantes planteadas por los periodistas, y poner en conocimiento del contenido de esa investigación a los concesionarios de la radio donde trabajaba ese equipo periodístico.

Los empresarios Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas, propietarios del grupo MVS Comunicaciones, concesionario del espacio radiofónico, fueron presionados por el poder político, que buscó impedir que los periodistas dieran a conocer en sus frecuencias esta investigación. De hecho, los dueños de MVS Comunicaciones pidieron ex profeso a la directora del grupo periodístico, Carmen Aristegui, que esa información fuera omitida de sus frecuencias. El argumento principal que expusieron fue que divulgar un reportaje de ese calibre pondría en riesgo su relación con el gobierno y los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarios para la operación de sus frecuencias concesionadas, particularmente la relacionada con la banda 2.5 para explotar Internet de alta velocidad y la más rentable.

En ese contexto, los periodistas enfrentaron el dilema de aceptar la censura y guardar el reportaje en sus cajones para no afectar millonarios intereses empresariales, o bien buscar una salida alterna que les permitiera mantener al aire su programa y, a la vez, garantizar una amplia cobertura para un tema de claro interés público. Eligieron la segunda opción. Convocaron a colegas corresponsales de los más importantes medios de comunicación internacionales y les adelantaron el contenido del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” que fue difundido simultáneamente  en el sitio web “Aristegui Noticias”, en la revista Proceso, en los diarios La Jornada y Reforma, y en el sitio web “Sin Embargo”.

« La casa blanca de Enrique Peña Nieto causó polémica, indignó a una sociedad agraviada, mostró cuán endebles y sometidos pueden estar en México los sistemas de justicia y rendición de cuentas, y cuán dócil y sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas, mandatos de aniquilación y censura contra periodistas independientes» (esta es una cita del prólogo del libro “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, editado por Penguin Random House).

El reportaje nunca fue difundido en las frecuencias de Noticias MVS. Aún así, esa empresa escaló un conflicto artificial hasta llegar al punto de  pretender sustituir el modelo de libertad editorial, contemplado en el contrato suscrito por la periodista Aristegui y la empresa MVS Comunicaciones, por uno de control editorial y censura previa. El intento de imponerle al equipo de “Noticias MVS, primera emisión”, nuevos mecanismos de censura y control de contenidos, fue rechazado por el equipo de ese noticiero radiofónico. El desenlace de ese episodio significó el despido fulminante y masivo de todo ese equipo. Esa ruptura también significó que la empresa de comunicación desconociera unilateralmente los términos del contrato suscrito con la directora del informativo.

En 2009, Carmen Aristegui había suscrito un contrato civil con la empresa  MVS Comunicaciones, en el cual se establece que la periodista es directora y responsable de los contenidos editoriales del noticiero radiofónico “Noticias MVS, primera emisión”. En dicho contrato se incorporó un código de ética mediante el cual se asumen compromisos mutuos entre la periodista y la empresa de comunicación frente a su audiencia. También se incluyó un árbitro al cual se recurriría en caso de un diferendo editorial que no pudiera ser resuelto a la luz de la interpretación de ese código de ética.

Ese modelo de avanzada en la regulación de la relación profesional entre periodista y concesionarios, basado en la libertad editorial, funcionó durante seis años y permitió a los periodistas desarrollar un trabajo profesional e independiente que generó contenidos editoriales que, a juzgar por su creciente audiencia, fueron altamente apreciados. Ese exitoso modelo editorial resultó también un rentable modelo de negocios.

En respuesta a la violación de contrato y censura cometidos por MVS Comunicaciones contra los periodistas, miles de oyentes y algunas organizaciones no gubernamentales relacionadas con la libertad de expresión, no solo se manifestaron en la calle y recolectaron firmas de apoyo a los periodistas, sino que promovieron recursos legales para buscar el amparo de la justicia ante la arbitraria acción que los sacó abruptamente del aire. El público, que había establecido lazos de identificación y pertenencia con el noticiero, reclamó su derecho a ser tomado en cuenta. A su vez, la periodista buscó el amparo de la justicia  para tratar de revertir el golpe de censura.

Simultáneamente, en un documento firmado por 114 organizaciones se hizo pública la “preocupación sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica”.

El juicio de amparo interpuesto por Carmen Aristegui fue admitido en primera instancia por el juez Fernando Silva García, lo que encendió las alarmas no solo del poder político. En efecto, la posibilidad de que ese juicio prosperara puso en alerta a la industria concesionada de radio y televisión ante el peligro de que un juicio devele las malas prácticas editoriales en esa industria. Fue así como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión le pidió al juez que escuchara sus argumentos sobre por qué el amparo demandado por Aristegui no debía ser acogido. La presión ejercida sobre el Poder Judicial fue de antología. No se permitió siquiera que el juicio se realizara ya que un tribunal colegiado, que actuó en sentido contrario a la jurisprudencia aplicable, dio el tiro de gracia a un proceso con el que se buscaba dilucidar un punto crucial para la libertad de expresión y de información: dirimir si las empresas privadas de comunicación concesionarias de un bien propiedad de la Nación, tienen derecho a censurar o imponer modelos editoriales contrarios a la libertad editorial y a lo que establece el marco de la ley.

“La denegación de justicia a una periodista que pedía amparo por un hecho de censura y violación a sus derechos fundamentales no sólo es una aberración jurídica, sino un signo muy preocupante de regresión autoritaria en este país. El juez podía darnos o no la razón, pero teníamos derecho -mis abogados y yo- a que se nos escuchara y a presentar nuestras pruebas y alegatos”, afirmó Carmen Aristegui. “La justicia nos cerró la puerta. Nos dejaron, literalmente, en la banqueta”, señaló el connotado jurista Javier Quijano, representante del cuerpo de abogados que lleva el caso, al conocer la sentencia.

Aniquilar de esa forma la posibilidad de un juicio por la libertad de expresión impidió, entre otras cosas, que se analizara y resolviera sobre uno de los alegatos jurídicos principales: que en un litigio por censura, la empresa de comunicación no puede ser tratada como si fuera solo un ente empresarial, sino como autoridad responsable, dado que, con sus acciones, viola el derecho fundamental de la libertad de expresión.

Un grupo empresarial que explota un bien propiedad de la Nación y opera con frecuencias concesionadas, está obligado a cumplir la ley como el Estado mismo. Al practicar la censura y hacer mal uso de la concesión que le brindó el Estado, debe responder ante la justicia como autoridad responsable y no solo como empresarios que amordazan a los periodistas.

En este caso, la periodista buscó el amparo de la justicia para tratar de revertir el golpe de censura que la había sacado del aire a ella y a todos los periodistas de su equipo. Desde el poder político y el poder empresarial concesionado de la radio y la televisión se ejerció una fuerte presión para que un juicio de esta naturaleza no se llevara a cabo. Los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, Pablo Domínguez Perergrina, María Elena López Rosas y Marco Antonio Bello Sánchez fueron los encargados de enterrar el juicio de amparo al denegar justicia a la periodista mexicana.

Esa es la razón principal por la cual firmamos esta “Declaración de Medellín”, convencidos de dar esta batalla por nuestras libertades, y sabedores de que en el continente en el que vivimos estamos poblados de historias de censura, auto censura y graves ataques a la libertad de expresión. Es tiempo de que los periodistas y las audiencias no solo sepamos que tenemos derechos refrendados por leyes y constituciones, sino que debemos encontrar los caminos para que esos derechos se respeten y los hagamos valer.

Medellín, 2 de octubre de 2015.

PETICIONARIOS FIRMANTES

Dorrit Harazim, reportera y editora, fundadora de la Revista Piauí (Brasil), columnista del Diario O Globo. Premio a la Excelencia Gabriel García Márquez 2015.

Jon Lee Anderson, The New Yorker (Estados Unidos).

Rosental Alves, Profesor de la Universidad de Texas (Austin), director del Centro Knight de Periodismo de Las Américas.

Carlos Fernando Chamorro, Confidencial y Esta Semana (Nicaragua), Director.

Fidel Cano Correa, Diario El Espectador (Colombia), Director.

Daniel Samper Pizano, Diario El  Tiempo (Colombia), Asesor del Director.

Germán Rey, Centro Ático de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), Director.

Ezequiel Martínez, Diario Clarín (Argentina), Prosecretario de Redacción.

Borja Echevarría, UNIVISION News, Vicepresidente área digital.

Gustavo Gorriti, IDL-Reporteros (Perú), Director.

Elio Gaspari, Diario Folha de Sao Paulo (Brasil), Columnista.

Juanita León, La Silla Vacía (Colombia), Directora.

Tomás Munita, Fotoreportero, Ganador Premio Imagen Gabriel García Márquez 2015.

Mauricio Sáenz, Revista Semana (Colombia), Jefe de Redacción. Premio Clemente Manuel Zabala 2015 a un editor ejemplar.

 José Luis Sanz, El Faro (El Salvador), Director.

Wilber Raillo, TeleMedellín (Colombia), Director del Noticiero.

Gumersindo Lafuente, Porcausa (España), Director.

Álvaro Ibarra  Zavala, Getty Images, Fotoreportero.

Maye Primera, Univisión, Periodista.

Sergio Dahbar, El Librero (Venezuela), Editor.

Cristián Alarcón, Revista Anfibia (Argentina), Director.

Natalia Viana, Agencia Pública (Brasil), Directora.

Ginna Morello, Diario El Tiempo- CDR (Colombia), Editora Unidad de Datos y Presidenta del Consejo de Redacción de Colombia

Ester Vargas, Perú 21 (Perú), Editor.

Cristiane Segatto, Revista Época (Brasil), reportera especial.

Henry Horacio Chávez P., Tele Medellín, Periodista-Gerente.

Alfredo Meza, Diario El País (España), Corresponsal en Venezuela.

Martha Hoyos Francos, Club de la Prensa Medellín (Colombia).

Sabrina Duque, Revista Etiqueta Negra, Periodista.

Enrique Planas, Diario El Comercio (Perú), Periodista.

Jordy Meléndez, Fáctico, Director Editorial.

Carol Pires, Revista Piauí (Brasil), Reportera.

Alejandra Gutiérrez, Plaza Pública (Guatemala), Directora editorial.

Ana Cristina Restrepo, columnista de los diarios El Espectador y El Colombiano (Colombia).

Diego Osorno, periodista (México).

Carlos Eduardo Huertas, Connectas, Director.

Joao Pina, Fotoreportero (Portugal).

Blanche Petrich Moreno, La Jornada (México), Reportera de asuntos especiales.

Aurelio Fernández Fuentes, La Jornada Oriente (México), Director general.

Andrea Insunza, Universidad Diego Portales –CIP (Chile), Directora.

Pablo Ferri, El Universal TV (México), Periodista.

José Palazón, Fotoreportero (España).

Sylvia Colombo, Diario Folha de Sao Paulo, Reportera de Especiales.

Germán Espinel, Noticias Caracol (Colombia), Jefe Mesa Editorial.

Julieta Fantini, Radio Mitre (Córdoba, Argentina), Periodista.

Emilia Díaz-Struck, ICIJ (Venezuela), Editora de Investigación.

Enrique Naveda, Plaza Pública (Guatemala), Director.

Mónica Torres Quitian, Canal Tele Bahía (Colombia), Directora.

Marianela Balbi, IPYS Venezuela, Directora Ejecutiva.

Manuel Jabois, El País (España), Redactor.

Santiago Cárdenas, Diario El Colombiano (Colombia), Productor web.

Xiomara Montañez Monsalve, Periódico 15 UNAB (Colombia), Directora.

Alfonso Luna Geller, Proclama del Cauca (Colombia), Director.

Javier Ortega, Universidad Diego Portales – CIP (Chile), Periodista.

Enric González, El Mundo, Reportero.

Rafael Soares, Extra Jornal (Brasil), Reportero.

Gideon Lichfield, Quartz (Estados Unidos), Editor.

César Pincheira, huelladigital.cl, Director.

Alfonso Chica Castilla, Panorama del San Jorge, Director.

Yanet Aguilar, Diario El Universal (México), Reportera.

Claudio Gleser, Diario La Voz del Interior (Córdoba, Argentina), Redactor.

Luisa María Posada, Tele Medellín (Colombia), Reportera.

Paola Guevara, Diario El País Cali (Colombia), Editora.

José Tobías Salazar, Periódico La Concha (Colombia), Director.

Gustavo Gálvez, Meridiano 90 (México), Periodista.

Ricardo Cipagauta, RCN Radio (Colombia), Subdirector.

Maricarmen Cervetti, Radio Caracol (Colombia), Periodista.

Pedro Ramírez, CIPER Chile, Periodista.

Freddy Martín Pérez, Diario El Universal de México, Periodista.

Yamit Palacio, RCN TV (Colombia), Jefe de Redacción.

Nelson Freddy Padilla, El Espectador (Colombia), Editor.

Gustavo Tatis G., Diario El Universal, Editor.

John Rodríguez, Revista Caras y Caretas (Argentina), Periodista.

Gustavo Castaño, Revista Bohemia (Colombia), Director.

Juan M. Ruiz, RCN Radio (Colombia), Periodista.

Rafael Poveda, Noticias  RPTV (Colombia), Director.

Anuar Elías Saad, Universidad Autónoma del Caribe (Colombia), Periodista y Director del Programa de Comunicación Social.

Aureliano Domínguez, Referente.mx (México), Reportero.

Andrea Vial, El Informante Televisión Nacional (Chile), Editora.

Elisabet Ramírez, Revista Variopinto (México), Reportera.

Mauricio Ballesteros, De Memoria Radio (Medellín, Colombia), Director.

Shodya Torres, El Defensor, Periodista.

Katherine Padilla, SMT, Periodista.

Salvador Méndez, CAN, Periodista.

Francisca Skoknic, CIPER Chile, Subdirectora.

Claudia Báez, Consejo de Redacción (Colombia), Coordinadora.

Teresita Goyeneche, Vice Colombia, Periodista.

Óscar Villaola, Periódico Tanimaya (integrante de CIPA), Director.

Thalie Ponce, Vistazo (Ecuador), Redactora.

Miguel Velardez, La Gaceta (Tucumán, Argentina), Redactor.

Juan Camilo Maldonado, Vice Colombia, Editor general.

Claudia Álamo, Revista Cosas (Chile), Redactora.

Luciana Stein, Trendwatching, Estratega.

Marcela Cerón Rubio, UniDiario (Universidad de Manizalez, Colombia), Periodista-docente.

Mónica González, CIPER Chile, Directora.