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Desde 1994 el Centro de Estudios Legales y Sociales es consultado por la Comisión de Acuerdos del Senado sobre los antecedentes de los postulantes a ascensos en la cúpula militar, antes de confirmar las designaciones propuestas por el Ejecutivo. El CELS cuenta con una vasta base de datos con la que confronta los nombres de los candidatos, para sentar posición con respecto a las designaciones y alertar en caso de que se trate de funcionarios o militares que puedan estar vinculados a los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar. Durante los últimos años, el Ministerio de Defensa también consulta al CELS sobre esta información, como una de las tantas fuentes que utiliza para determinar los antecedentes de militares y civiles propuestos para ocupar determinados cargos públicos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer que los diarios Clarín y la Nación tergiversaron su posición respecto de la designación del general César Milani como nuevo jefe del Ejército. La institución dedicada a la defensa de los derechos humanos presidida por el periodista y escritor Horacio Verbitsky había difundido un comunicado el 1 de julio, del que Clarín se hizo eco hoy.

La Nación publicó el viernes pasado una editorial donde además de agitar los fantasmas del terrorismo de Estado vincula a Milani con el CELS. Pero ocultó la réplica que la asociación le envió como respuesta a través de una carta de lectores. La nota que dirigió el CELS al senador Marcelo Guinle, presidente de la Comisión de Acuerdos, sobre la designación de Milani, tampoco tuvo difusión de parte de esos diarios.

El 28 de junio Clarín había publicado que el senador radical Gerardo Morales “tildó a Milani como un ’personaje nefasto’, dijo que ‘no es saludable para el Ejército’ su designación y lamentó que organizaciones de derechos humanos, como el CELS, ‘no ponen el ojo donde hay que ponerlo’”. La entidad respondió la publicación con un comunicado que difundió el 1 de julio, pero entonces tuvo casi nula repercusión. En el texto el CELS aclara que su función consiste en “informar sobre actos de los oficiales propuestos para el ascenso que implicaran participación en violaciones a los derechos humanos, atentados al orden constitucional o actividades ilegales en el presente”, y que realiza esa tarea desde 1994 a pedido de la Comisión de Acuerdos del Senado, y “en los últimos años, también del Ministerio de Defensa”.

En el comunicado también difunde las dos denuncias contra Milani en las que el CELS fue consultado: una impugnación en la que se le atribuye haber participado de la Operación Independencia en Tucumán, en 1976, de la cual no consta ninguna prueba o referencia en el CELS. La otra, la acusación de que el actual general participó del alzamiento carapintada de 1987: en el CELS se apoyan en la lista de partícipes que elaboró la Corte Suprema para pasar el expediente a la hoy derogada Justicia militar. Milani no forma parte de ella.

El CELS aclara que sus fuentes son los documentos producidos por “las víctimas del Estado terrorista, sus familiares y organismos de derechos humanos; y el litigio de las causas tramitadas en instancias nacionales e internacionales”, entre otras. Además, señala que sus datos son complementarios a los que puedan producir los organismos estatales a partir de sus propias investigaciones.

El viernes pasado La Nación publicó una editorial bajo el título el “Caso Milani: los graves peligros de una designación”. En esta columna el centenario diario de la familia Mitre dedica varios párrafos a señalar el miedo hacia una posible politización de las fuerzas armadas, o militarización de la política. Habla de un “riesgoso riesgo de los militares a la política”, por las declaraciones de Milani en el acto de asunción del cargo de jefe del Ejército. El militar sostuvo que es preciso que las Fuerzas Armadas “acompañen con renovadas ansias el proyecto nacional”, algo que va en consonancia con la política de defensa del Estado de derecho, y la subordinación de las fuerzas militares a la dirección política de los civiles.

En la misma editorial, La Nación intenta vincular a Milani con el CELS y con la ex ministra de Defensa Nilda Garré, confirmada por el Senado como embajadora ante la OEA a principios de mes. El texto resalta que “resulta incomprensible la defensa a ultranza que hace este organismo –el CELS- de Milani, dados los antecedentes del oficial”.

Con la firma de Horacio Verbitsky, presidente de la entidad, el viernes el CELS dirigió una nota a La Nación. Allí se aclara, “una vez más, que el organismo no impulsa, promueve o defiende ascensos en el ámbito militar”, y se insiste en que su tarea es la de realizar una búsqueda de información respecto de los postulantes a los ascensos, e impugnarlos cuando existe información fehaciente de su participación en delitos de lesa humanidad y atentados contra el orden democrático.  La réplica no se publicó.  Infojus Noticias accedió a la carta, que se puede leer al pie de esta nota, y a la nota dirigida al senador del Frente para la Victoria, Marcelo Guinle, que preside la Comisión de Acuerdos, en respuesta a su pedido de información al CELS sobre los oficiales Milani, Mario Callejo, Gastón Erice y Luis Carena. En la misma nota se vuelve a aclarar que, aunque no existen registros de estos militares que permitan establecer su vinculación con crímenes y delitos contra los derechos humanos o acciones contra el orden democrático, la información del CELS es complementaria de la que pueda recabar el Estado a partir de sus propios archivos y documentos.