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En su mano sostenía la portada del diario Página/12. "¿Qué temperatura tenemos ahora en Misiones? 40 (grados). Imagínense a este trabajador, durmiendo debajo de una carpa en estas condiciones y comiendo estos chorizos que están bajo 40 grados de calor. Ya ni siquiera es trabajo informal, eso es directamente trabajo esclavo", dijo la Presidenta el martes en cadena nacional. Estaba hablando de la inspección que el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) realizó la semana pasada en un campo misionero propiedad de Ramón Puerta. Allí encontraron a 61 peones que no estaban registrados, en condiciones  de alojamiento, alimentación y salubridad por fuera de la ley.

El lunes este organismo -que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social- denunció penalmente al ex gobernador de Misiones por trata laboral. E inició una segunda demanda por el posible delito de explotación infantil. El caso puso de relieve la situación de las provincias del nordeste argentino en relación a la trata en el trabajo ganadero y agrario, donde la mayoría está en condiciones irregulares. “En Misiones y Corrientes se duplica la media de trabajadores no registrados de otras provincias que es, aproximadamente, del 52%”, dijo a Infojus Noticias Jorge Sutil, gerente del área Legal, Técnica y Administrativa del RENATEA.

En Misiones, el RENATEA detectó que de los 400 peones de campo relevados, el 70 por ciento no está registrado. En la estancia de Puerta, ubicada en la localidad Santa Inés (Garupá), sobre un total de 61 hombres, 57 se encontraban en esta situación. La estampa del operativo se repite en la mayoría de los lugares donde trabajan los obreros de la yerba mate: campamentos con hombres, mujeres y niños que duermen en colchones en el piso, bajo una lona sostenida por palos. Desde abril de 2013 hasta el último allanamiento, hubo diez grandes operativos. Solo en dos no se encontraron campamentos. Esta modalidad implica condiciones de trabajo que vulneran todas las legislaciones vigentes.

El nuevo Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) de 2011 exige, como condiciones mínimas, que los peones rurales cuenten con luz eléctrica, cocina instalada y un espacio digno de descanso. Pero los campamentos no disponen de instalaciones sanitarias, ni luz ni gas. Como en el caso del campo del ex gobernador, la mayoría de las denuncias se destapan cuando los trabajadores que son víctimas se acercan al Sindicato de Tareferos de Misiones (Sitaja). 

En Corrientes, según estadísticas locales, el trabajo no registrado alcanza  al 90 por ciento. En lo que va del 2014 el RENATEA  relevó 32 empleados agrarios que no estaban registrados. El operativo más importante se hizo la semana pasada en un campo de la empresa FJW donde se encontró a 15 víctimas de trabajo esclavo. El caso tiene puntos de contacto con el de Puerta porque el dueño también está vinculado al mundo de la política. Las siglas del nombre de la estancia, FJW, corresponden a Francisco José Wipplinger, el padre del diputado provincial Claudio Wipplinger del partido correntino Trabajo y Progreso, ex socio político de Puerta.

La estancia de Wipplinger - también propietario de una empresa transportista y de un diario misionero-  tiene 17 mil hectáreas. En un perímetro de 80 hectáreas, cerca de la ruta nacional 120, se encontró a cinco hombres viviendo sin agua potable ni energía eléctrica. Tampoco tenían elementos de trabajo legales para la forestación.Cobraban 0,70 centavos por árbol podado y 20 pesos por tonelada. En total ganaban 49 pesos por cada hectárea de pino podado. Pero el contratista les cobraba la comida, el transporte y el alojamiento: la ganancia que les quedaba era mínima. Las víctimas de trata pagaban, por ejemplo, 30 pesos por un kilo de arroz.  

Uno de los hombres encontrados durante el operativo tenía un corte en la cabeza, que se hizo trabajando. Los contratistas no habían querido llevarlo a un centro de salud: el hombre caminó 40 km con la herida sangrante. Después del allanamiento, Wipplinger los echó a todos.

En Estancia Las Palmas, una finca contigua, propiedad de Pablo Enrique y Nadin Tayar, el RENATEA relevó la situación de 15 personas dedicadas a la actividad forestal y ganadera. La fotografía era similar a la estancia de Wipplinger. “El año pasado encontramos a 170 trabajadores no registrados en situación de trata. La mayoría de las víctimas están en el área agroforestal y en la ganadería”, explicó a Infojus Noticias Juan Pablo Coulleri, jefe de fiscalizaciones de la delegación correntina del  RENATEA.

Entre febrero de 2013 a enero de 2014 el RENATEA relevó alrededor de 300 empresas en todo el país, para conocer la situación de 8000 trabajadores. En el 70% de los operativos se encontraron situaciones de trabajo infantil.  Las denuncias por este delito quedaron radicadas en los Tribunales correntinos y misioneros: en la Fiscalía Federal Nº 2 de Posadas y en el Tribunal Superior de Justicia de Misiones en la Procuración General.