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Un hijo que llega a matar a su padre luego de ver durante mucho tiempo cómo golpea a su madre. Un joven con la familia deshecha recibe asistencia judicial desde los cinco años, y a los 17 años mata al hombre que le vende la droga. Otro chico quiere robar un colectivo con un arma inservible, y un policía de civil que interviene mata por error a un pasajero. Todos los jóvenes eran menores de 18 años. Todos recibieron del sistema penal la misma respuesta: el encierro.

“A pesar de que sus historias eran muy distintas, no hubo para ellos diferencias en el tratamiento penal”, dice Laura Tafetani, la abogada que hace algunos años los patrocinó a los tres.

Casos como esos, cíclicamente, disparan el debate mediático y político sobre la edad de imputabilidad para los menores. En el imaginario social, se instala la idea de que los menores tienen mucha incidencia en el delito. Pero las estadísticas muestran otra cosa: según datos de la Procuración General de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, sólo el 4,3% de los delitos investigados en 2012 tienen como sospechosos a menores. Otro tanto sucede en la ciudad de Buenos Aires: el último registro del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coordinado por Eugenio Zaffaroni, revela que de los 252 homicidios cometidos en la Ciudad en 2011, sólo 12 fueron cometidos por menores. Es decir, un 4.76%.

Los delitos cometidos por menores hoy son regulados en todo el país por la ley 22.278, de 1980: establece que los menores de 16 años no son punibles, y que los jóvenes de 16 a 18 años tampoco lo son, salvo que hayan cometido algún delito con penas mayores a dos años. En la provincia de Buenos Aires, se dictó en 2007 la ley 13634 -complementaria de la 13298- de procedimiento, conocida como la ley del Fuero de Responsabilidad Juvenil. “En su artículo 64, establece que los niños no punibles por la edad (menores de 16) podrán ser sometidos a una medida de seguridad cuando hubieran cometido un delito grave, por ejemplo robo agravado, u homicidio”, explicó a Infojus Noticias Alicia Romero, de la Comisión Provincial por la Memoria.

Por eso, en la práctica, muchos menores están presos. Los jueces disponen tratamientos tutelares cuando está en riesgo su integridad física o moral, o citan el artículo 64 de la ley provincial. Los chicos son enviados a institutos de menores, pero como no son punibles por su edad, no hay investigación judicial que averigüe si han cometido los delitos o no. “Hay chicos de hasta de trece años que quedan, según la discrecionalidad del juez, hasta los 18 años encerrados sin proceso, y sin investigar el hecho”.

Dos posturas

El debate sobre la baja de imputabilidad tiene, dentro de las respuestas progresistas, dos posturas. Una es la de blanquear la cifra negra de jóvenes que hoy están encerrados en institutos de menores. “Bajar la edad de imputabilidad para que los jóvenes de 14 a 16 años tengan las garantías del debido proceso, con abogados defensores e investigación del delito, y una pena máxima de tres años”, explicó Alicia Romero, especialista en Niñez y Adolescencia de la Comisión Provincial por la Memoria.

La abogada invocó un caso que le quedó grabado. Cristian llegó al centro de recepción de La Plata, su primer instituto de menores, después de un robo. Tenía 15 años. “Pasó unos meses detenido hasta que el juez de menores dispuso para él un tratamiento asistencial”. Cristian estaba en situación de calle y el procedimiento no fue demasiado efectivo: cuando cumplió 16 volvió a robar. “Se abrió una causa judicial. Fue enviado al instituto cerrado Almafuerte y otro en Lomas de Zamora. Estaba en situación de calle, había tenido un enfrentamiento policial y perdido movilidad de un brazo. El juez ordenó que le hicieran rehabilitación, nunca lo hicieron”.

Cristian empeoró de su brazo. Una psicóloga del instituto de Lomas, alertó que el joven estaba deprimido y que había intentado suicidarse. Cuando se abrió un nuevo Instituto, en Virrey del Pino, en un lugar rural muy alejado, Cristian fue incluido entre los 10 jóvenes que fueron trasladados. “No tenían teléfono, médico, escuela, ni muebles. Sólo en las celdas había camas y colchones, tenían un celular que les prestaban los asistentes de minoridad, y visitas una vez por semana”, contó Romero. Un mes después de su llegada al centro, un amigo de Cristian se suicidó ahorcándose con una sábana. El joven no lo soportó: unos días más tarde, se mató de la misma manera. Sus muertes provocaron la clausura provisoria del centro, pero volvió a abrir en 2010, cogestionado entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y la secretaría de Niñez y Adolescencia.

“Nosotros conocemos como funciona el encierro: la policía, los institutos cerrados, que cada vez se parecen más a un régimen de detención de adultos, por eso creemos que incluso desde aquella postura progresista, en estas condiciones, no van a lograr reinsertarse, y que tienen que estar en otros dispositivos de contención, que velen por la integridad y la formación de esos chicos”, explica Romero.

Otra postura, aunque ser sin tajante, es la de Julián Axat, defensor penal juvenil de la ciudad de La Plata. Desde hace algunos años, regularmente ha denunciado el maltrato policial hacia los pibes que viven en la calle. Axat advierte que la mano dura no es la solución para esos chicos, ni para mejorar la situación de inseguridad. “La baja de imputabilidad hoy existe de facto, porque el Poder Judicial encierra a los pibes con medidas tutelares”. También cree que es necesario blanquear esa cifra negra, pero deben cumplirse otras reformas previas para que sirva de algo. “Habría que encarar una reforma profunda de la policía, el sistema carcelario, y el sistema de Justicia. Antes de esos procesos, sería perjudicial”, opinó.

Los especialistas acuerdan en que la demanda social por mayor seguridad tiene poco que ver con la edad en la que se puede penar a los jóvenes. Las estadísticas de la Procuración bonaerense, muestran que, en 2012, se abrieron 29.550 investigaciones penales por delitos presuntamente cometidos por menores. Un 38% de ese total, son delitos contra la propiedad –robo, hurto, daño, estafa-. Se investigan 283 homicidios, un 0,96% del total. De esas treinta mil pesquisas, solo hay tres por secuestros extorsivos.