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El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura su descargo sobre su presunta pertenencia a la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y por haber sido personal civil de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar. En ese mismo escrito pidió que se desestime la denuncia en su contra. Mañana, el magistrado deberá debe presentarse a declaración indagatoria ante el juez federal subrogante del juzgado 1 de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, que lo investiga por delitos de lesa humanidad.

A principios de julio pasado el Consejo decidió dictar al juez Montezanti. Fue a partir de un dictamen elaborado por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, donde se señalaron conductas “incompatibles” con los derechos humanos. Fue un “defensor de la pena de muerte", con "estrecha vinculación con integrantes de la Triple A" e "hizo inteligencia durante la dictadura cívico-militar", argumentó Álvarez. La citación fue votada por otros seis consejeros –se abstuvieron los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes-.

Esta mañana, el Consejo de la Magistratura recibió el descargo del juez. Montezanti debió utilizar unas sesenta páginas para dar explicaciones a los consejeros: dijo que las denuncias ya fueron analizadas y desestimadas años atrás por el organismo.  “Nada nuevo bajo el sol”, escribió el juez.

La triple A y la inteligencia durante la dictadura.

Tanto en la causa penal donde Montezanti debe declarar mañana, como en el expediente abierto en el Consejo, el ex diputado nacional por la UCR y ex apoderado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), Juan Pedro Tunessi, habló de la relación del juez con la Triple A. Según declaró, visitó el despacho de Montezanti a mediados de los ochenta y vio que allí había “un diploma enmarcado que colgaba de la pared de una ‘Liga Anticomunista Argentina’ o algo así y que se encontraba firmado por Suárez Mason”. Otro testigo, Alberto Manuel Rodriguez, también lo relacionó con la Triple A.

Se basan en “declaraciones testimoniales que no resisten el más tenue análisis”, respondió Montezanti en su descargo.

Además, con la desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa se corroboró que Montezanti formó parte del Destacamento de Inteligencia 181. Fue  personal civil de inteligencia (CPI) entre el 1 de enero de 1981 y el 14 de junio de 1982.

El magistrado insistió con que su rol en ese periodo fue el de “asesor universitario” y que el Consejo no puede “entender sobre conductas anteriores a su designación como camarista federal”. Explicó que sólo prestó “asesoramiento sobre los conflictos con Chile y la guerra de Malvinas” pero “no incluían ningún tipo de actuación operativa”.

En tanto, en la causa judicial, a Montezanti se lo investiga también por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por Montezanti, quien era abogado apoderado de UOM, a firmar unos documentos.

Para defenderse, Montezanti citó los casos de los jueces “Caro”, “Miret” y “Romano” donde, según el camarista, el Jury de Enjuiciamiento “en ninguno de los casos analizó conductas que estos ex magistrados hubieren podido desenvolver como simples particulares”.

La pena de muerte y el maltrato al personal

También Montezanti tituló un apartado “Muera la pena de muerte” y explicó que sus posiciones a favor de la pena capital “tienen una edad promedio de 35 años”. Agregó: “Se supone que, en tanto tiempo, uno cambia”. Dijo que en 1999 publicó un libro sobre el último caso de aplicación de pena de muerte legal en Argentina donde “no aparece ni una línea favorable al controvertido instituto”.

Sobre este punto el magistrado atinó a descalificar a los testigos que declararon en su contra y los definió como “testigos hostiles”.

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