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La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad rechazó la recusación que el Gobierno de la Ciudad presentó contra el juez Roberto Gallardo que se había presentado en la causa en la que se investigan irregularidades en las morgues de los hospitales de la ciudad.

En agosto del año pasado el Gobierno de la Ciudad, a través de la Procuración Porteña, había recusado al magistrado considerando que existía “prejuzgamiento” y “enemistad manifiesta” del juez en la causa.

Es que Gallardo descubrió falencias en los registros de ingreso y egreso de cadáveres de cuatro hospitales porteños; Durand, Ramos Mejía, Muñiz y Rivadavia. El hecho fue descubierto luego de una solicitud de la Procuración General porteña para sepultar 23 cuerpos que estaban allí. La documentación tenía deficiencias. El juez adoptó medidas que demostraron la existencia de irregularidades en los depósitos de cadáveres.

Luego de constatar irregularidades en los expedientes en los que se pidió la sepultura, el juez allanó los cuatro hospitales y reveló la alarmante manipulación de los cadáveres. Entre los hallazgos había dos cuerpos de bebés identificados con el mismo nombre, miembros humanos desperdigados por las cámaras de frío, y cadáveres en avanzado estado de putrefacción.

La recusación fue resuelta por la cámara el 9 de abril pasado, aunque recién ahora se difundió. Sin embargo, ahora la Cámara deberá resolver un nuevo recurso presentado por el gobierno de la ciudad, que expuso un recurso de inconstitucionalidad que aún no fue resuelto.

Los jueces, por mayoría conformada por Esteban Centanaro y Hugo Zuleta, en el rechazo de la recusación citaron el dictamen de la fiscal que intervino, Daniela Ugolini, y que sostenía que la recusación fue tan sólo “discrepancia con lo decidido por el juez”.

Al tiempo que explicó que la enemistad invocada por el Gobierno, “no puede experimentarse con respecto a una persona jurídica de carácter público, como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En minoría votó Gabriela Seijas, que entendió que en un informe elaborado por el propio Gallardo daba cuenta de que “el magistrado ya habría asumido una posición con respecto a las actuaciones”.