En algunos medios se habló de la “banda de las cotorras” o “las narcochicas”. En realidad, para la justicia son el eslabón más débil de una organización delictiva que comanda un jefe narco que aún no fue capturado. Participaron más de 300 policías que secuestraron 20 mil dosis de paco y mil de marihuana. A las mujeres les pagaban 400 pesos por día.
Unos 30 policías de civil, divididos en cinco grupos, entraron caminando a la villa Puerta de Hierro de La Matanza por el único acceso posible: la avenida Crovara. Minutos después de las cuatro de la tarde del miércoles allanaron cuatro casas que funcionaban, según la policía, como puntos de venta de droga. Una de las seis mujeres detenidas tenía un cargador de celular en la mano y a los gritos dijo que no era ella a quien buscaban. A su lado, sobre una mesa, había 3500 dosis de paco y 600 gramos de marihuana. En otra de las casas también apresaron a una madre y a su hija. Todas están imputadas de ser parte de una banda que trabajaba para un jefe narco, que fue alertado de la presencia policial y huyó. El fiscal a cargo de la UFI Temática de Estupefacientes, Marcos Borghi, le confirmó a Infojus Noticias que en el operativo intervinieron más de 300 efectivos de las delegaciones de Drogas Ilícitas de La Matanza y Ezeiza. Se secuestraron más de 20 mil dosis de paco y mil de marihuana.
Como en toda organización, cada miembro cumple un rol. Según fuentes judiciales, las mujeres habían sido contratadas para trabajar para un cabecilla que aún no fue identificado por la Justicia. El hombre no vive dentro de Puerta de Hierro. Le pagaba a cada mujer 400 pesos por día por el armado de las dosis y posterior venta de la droga. La banda se dividía en grupos de tres: uno de los equipos se dedicaba al fraccionamiento y preparación de la droga, mientras los otros salían a vender a tres puntos diferentes del asentamiento.
El fiscal confirmó que cada grupo de mujeres facturaba entre 15 mil y 20 mil pesos por día, a razón de 10 pesos cada dosis de paco y cinco pesos cada baguyo, que son pequeñas porciones de marihuana compactada. Además de la droga, se secuestraron balanzas de precisión, picadoras, licuadoras y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. El horario de venta era de diez de la mañana a cinco de la tarde. Las casas funcionaban como pequeños bunker: no tenían muebles, eran lugares exclusivos para la venta.
Hay una menor que está a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil. Su madre es una de las detenidas. También hay una chica que en primera instancia declaró que era mayor de edad, pero luego reconoció que tenía 17 años. Su familia le dijo a Infojus Noticias que mintió porque le tiene miedo “a la pesada”, a los que le ofrecieron el trabajo de venta de droga. La joven está indocumentada porque nunca la anotaron en el Registro Civil. Los investigadores están tratando de establecer su edad real.
El jueves fue noticia el operativo y algunos medios titularon que se trataba de la “banda de las cotorras” o de “las narcochicas”. Sin embargo, las imputadas solo se dedicaban a la venta minorista. Para la policía es habitual que sean mujeres las que se ocupen de estas tareas dentro de una estructura delictiva. “Es muy común que haya mujeres realizando ese tipo de actividad”, le dijo a Infojus Noticias el comisario de Drogas Ilícitas de La Matanza, Derli Figuereo.
Las mayores pasaron las últimas dos noches en dependencias policiales en el partido de Esteban Echeverría, jurisdicción judicial que pertenece a Ezeiza. Cinco de las detenidas están acusadas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La sexta mujer está imputada por encubrimiento agravado.
Puerta de Hierro es una de las tres villas más grandes de La Matanza y tiene una sola entrada. Son 300 metros por otros 300, que está al fondo de la avenida Crovara. Por ahí solo pasan tres líneas de colectivo, el 180, el 126 y el 242.
La investigación y el allanamiento
Desde hacía tres meses, a pedido del fiscal Borghi, la delegación de Drogas Ilícitas de Ezeiza se ocupó de la investigación. Las tareas de inteligencia consistieron en vigilancias encubiertas, la instalación de cámaras ocultas y escuchas telefónicas. También se hicieron pasar por clientes y algunas de las imputadas aparecen en las filmaciones.
Unos quince familiares de cuatro imputadas se mantuvieron durante toda la mañana y la tarde de ayer en las inmediaciones de la Fiscalía de Estupefacientes de San Justo. En diálogo con Infojus Noticias, la mamá de una de las chicas detenidas dijo, irónica: “Cuando llegaron no había ni el cinco por ciento de la droga de lo que hay habitualmente, qué raro, ¿no?”
Otro familiar, Raúl Enríquez, un remisero, se enojó cuando el fotógrafo de esta agencia sacó fotos a un camión policial. “Es todo un circo de los medios”, gritó en medio de la calle Florencio Varela al 2200. Según contó, su mujer, María Elena Bonia, estaba trabajando en la remisería y le avisó por Nextel a uno de los choferes que no pasara por avenida Crovara porque había un operativo de la Bonaerense. Esa escucha llegó a Inteligencia de la policía y la detuvieron. “Mi mujer no es transa, le avisó del operativo para que no pierda tiempo”, dijo Enríquez.
El fiscal no pensó lo mismo. “El hombre al que llamó era uno de los que buscábamos y por ese aviso se escapó”, señaló. La jueza de garantías María Castillo coincidió con Borghi y dejó detenida a la remisera.
Miguel Racanelli, abogado de tres de las detenidas, dijo que una de ellas, de nombre Sheila, la confundieron con otra joven que buscaban y se la llevaron por error. “Ella admite que la otra chica era su amiga, pero mi cliente no tenía nada que ver con la venta. Es cementera, tiene todas las manos marcadas por su trabajo”, informó a Infojus Noticias.
La investigación continúa con la búsqueda de los jefes y proveedores de la banda, de quienes se ocupará la Justicia federal. La competencia del fiscal Borghi es la de investigar y detener a quienes venden droga en la calle. Por semana recibe unas 200 causas por lugares de venta de estupefacientes. El funcionario tiene 15 días para pedir la prisión preventiva a las detenidas y ocho meses para terminar la investigación y pedir la elevación a juicio oral.