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Para el juez federal Norberto Oyarbide, la investigación judicial sobre el narcotráfico de baja intensidad que estalló en noviembre de 2013 e involucra a personajes casi célebres como el hermano de una conocida diseñadora, Rodolfo Bomparola y la modelo dominicana Zahina Rojas, está concluida y fue elevada a juicio oral.  

“Se cumplieron todas las medidas de la instrucción: ya estaban confirmados los procesamientos por la Cámara y todas las pruebas necesarias”, dijo a Infojus Noticias una fuente de la investigación. Además de Bomparola y la modelo Rojas, hay otros diez acusados de integrar una organización de “comercialización de sustancias estupefacientes”. “Las pruebas fundamentales fueron los allanamientos y las tareas de inteligencia sobre los imputados, como las escuchas telefónicas”, agregó la fuente. El juicio, que aún no tiene fecha de inicio, será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 1.

El 27 de noviembre, el caso explotó en la prensa con la detención de la modelo dominicana Zahina Rojas por presunto tráfico de drogas. En simultáneo, la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal allanaba otros diez puntos en la ciudad y el conurbano: Ciudad Evita, Lomas de Zamora, Belgrano, Palermo, Vicente López y Olivos, y otro más en zona norte. Pronto salió a la superficie el segundo nombre conocido: Rodolfo Andrés Bomparola, 41 años, hermano de la diseñadora de ropa y ex mujer de Franco Macri, Evangelina Bomparola. En el allanamiento a su casa se encontró cocaína, marihuana, éxtasis, una balanza y una máquina picadora,

Bomparola era uno de los eslabones medios dentro de la logística de la banda. Recibía la mercadería de dos “cadenas independientes de distribución”: una integrada por Ricardo García, Leandro Orueta, Alejandro Chávez -que se suicidó de un disparo cuando fueron a capturarlo- y Silvana Donatti –su novia. La otra estaba conformada por Ruth Soria, Pedro Flores, Gastón Mercau, Claudio Garrido Pineda, Osvaldo Drata y Mario Arrospide. Soria y Flores abastecían a Mercau, quien a su vez comercializaba entre sus clientes y abastecía a Garrido Pineda. Éste, con el aporte de Arrospisde y Drata, vendía y proveía también a Bomparola. Bomparola era quien proveía a Rojas y a Yesica Abigail Oyarzabal, que finalmente la distribuían entre la gente de su entorno. Los policías federales desentrañaron esta dinámica a partir de las escuchas telefónicas.

A principios de abril, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido la elevación a juicio porque consideró probado que Bomparola, Rojas,  Silvana Donatti, intervinieron “en forma organizada y con habitualidad en la venta de drogas”. En el requerimiento, el funcionario del Ministerio Público encuadraba la organización en la figura de “comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada”.

“Bomparola nucleaba dos estructuras distintas de aprovisionamiento. Tenía los contactos con los vendedores”, detallaron a Infojus Noticias fuentes de la fiscalía. “Lo que quedó en primera instancia es una investigación patrimonial de todos los imputados para recuperar activos”, agregaron. La investigación patrimonial de los involucrados en ciertos delitos -corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria o contrabando- es obligatoria desde que la resolución de la Procuración General Nº 134/09.

En el juzgado federal N°5 de Norberto Oyarbide estudiaron el expediente durante algo más de un mes. La investigación judicial develó, en rigor, que no había un tráfico de estupefacientes a gran escala. “Era más que nada venta al menudeo”, dijo la fuente del juzgado federal. “Aunque en uno de los allanamientos se secuestró mucha droga”. Se refiere al allanamiento de la casa de Mercau, en la planta baja de un edificio de la calle Entre Ríos 1371, en Olivos, donde se encontraron seis kilos de cocaína de alta pureza y una bolsa con dosis de metanfetamina. Ahora se avecina el juicio oral por venta de cocaína, marihuana, LSD, crack, éxtasis y cristal”.