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El ex agente de Inteligencia de la Policía Federal Enrique López y su concubina Carmen Saunier fueron condenados -a ocho años y seis meses de prisión él y a cinco años ella- por haber inscripto como propio al hijo Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara, una pareja de militantes chilenos del Movimiento de izquierda Revolucionario (MIR) que fueron secuestrados en Argentina durante la última dictadura. Durante 30 años, Pablo Germán Athanasiu Laschan desconoció su verdadera historia, hasta 2013, cuando un estudio genético le confirmó que era hijo de la pareja que aún continúa desaparecida. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 (TOF5) le impuso además una pena de siete años y seis meses de prisión a quien les entregó al bebé: el ex comisario Juan Dib, jefe de López en la delegación rosarina de la PFA.

“Señores Dib y López su juicio ha concluido”, dijo la presidenta del tribunal, Adriana Palliotti, al concluir la lectura de las condenas. Estuvo acompañada por los jueces Oscar Hergott y Daniel Obligado, con quienes en un fallo unánime resolvió condenar a los acusados, por entender que ocultaron, retuvieron y alteraron el estado civil de un menor de 10 años, que consideraron un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. En el caso de López los jueces también lo consideraron responsable por el delito de falsedad ideológica de documento público, dado que fue quien hizo insertar los datos falsos para la inscripción del niño.

El ex comisario Juan Dib fue el entregador del bebé apropiado.

Saunier no se encontraba en la sala: afectada por un ACV el tribunal la había autorizado a no estar en las audiencias. Aunque hoy se acercó hasta los tribunales penales en Comodoro Py, se retiró después de mostrar una descompensación al concluir el momento en el que el tribunal la autorizó a decir unas últimas palabras. Como los otros imputados, poco después de las 10, los jueces ingresaron en la sala y cumplieron con la opción de rigor. Los imputados eligieron el silencio. Dib se limitó a balbucear su inocencia; Saunier solo manifestó que no iba a hablar y López se paró para decir que no tenía nada que agregar.

Antes, los fotógrafos habían ingresado a la sala AMIA para registrar el comienzo de la audiencia. Mientras Dib enfrentó a las cámaras con su mirada, la pareja acusada por la apropiación de Pablo, eligió bajar la vista.

López, Saunier y Dib durante la última audiencia.

El rol de Abuelas

Durante 30 años, López y Saunier criaron a Pablo haciéndole creer que era su hijo; mientras sus familias biológicas lo seguían buscando. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo presentó la denuncia  por su desaparición en el juzgado que actualmente dirige la jueza María Servini de Cubría. Fue una de las primeras presentaciones judiciales de la asociación. En abril del 2013, frente a las informaciones que indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, Abuelas se acercó a él. Le comentaron esta posibilidad y la opción de hacer un estudio de ADN para determinarlo.

En agosto de ese mismo año, el resultado le confirmó que Ángel y Frida eran sus padres. En abril de este año Pablo terminó con su vida. Tenía 37 años. Sus abuelos y abuelas maternas y paternas no habían llegado a conocerlo porque fallecieron antes que él supiera la verdad.

Los fiscales Pablo Parenti y Miguel Ángel Osorio.

La maniobra

Después de conocer el veredicto, los policías a cargo de la custodia de López le volvieron a colocar las esposas, para llevarlo al penal de Marcos Paz. En su caso, además de este delito, está procesado y deberá enfrentar un juicio por 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita, cometidos durante la última dictadura en Rosario. Dib aún está siendo investigado por estos hechos pero permanece con una medida de prisión domiciliaria por la apropiación de Pablo. En tanto, Saunier continuará en libertad, hasta tanto la condena quede firme.

"Estamos frente a los hechos más graves que la escala penal aplicable puede admitir", señalaron el fiscal general a cargo de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de niños y niñas, Pablo Parenti, y el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, Miguel Ángel Osorio, que habían pedido penas de 15 años de prisión para los dos ex policías federales y de 11 años para Saunier. La querella de Abuelas había pedido 15 años de prisión para  López, 10 años para Saunier y 14 para Dib.

"Mediante la expedición de toda esa documentación falsa, se hizo aparecer a Pablo como hijo de quienes en realidad no eran sus padres. Esa alteración de identidad y su emplazamiento en la familia de Lopez y Saunier, impidió que la familia biológica localizara a Pablo pese a buscarlo desde el momento del secuestro. La maniobra orquestada por los tres acusados también impidió que el Estado argentino, ya en democracia, pudiera encontrar a Pablo y reestablecer ese vínculo familiar quebrado por la dictadura", describió Parenti ante el TOF 5, cuando argumentó el pedido de condenas.