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La especialista en Derecho Internacional Stella Maris Biocca explicó a Infojus Noticias que el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa impide que se concrete el pago a los bonistas, pero “técnicamente el país no entraría hoy en default”. “No se puede interpretar como una cesación de pago. No hay default porque Argentina pagó”, afirmó la actual directora del doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Morón que participa de la Convocatoria Económica y Social que llamó a concentrarse hoy -frente al Cabildo de Buenos Aires- “en rechazo al accionar de los fondos buitres y en defensa de los intereses nacionales”.

“La ciudadanía tiene que estar informada sobre estos temas que parecen lejanos pero terminan afectando la microeconomía”, dijo la abogada que, con este objetivo, participa de la convocatoria junto a otros intelectuales, docentes, economistas y referentes del derecho y la política. “Hay que recordar que justamente los que cedieron la soberanía, los que después endeudaron al país son los que hoy levantan el dedo diciendo miren lo que nos pasa”, señaló y advirtió que es necesario explicar cómo se llegó a esta situación.

—¿Cómo llegó Argentina a enfrentar un litigio sobre su deuda soberana ante un juez de Estados Unidos?

—El primer antecedente lo encontramos con la derogación del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación durante la última dictadura cívico-militar, que prohibía delegar en jueces extranjeros los conflictos nacionales. En la década de los ’90 –con el auge del pensamiento neoliberal-eso se incrementó con la firma de los llamados tratados de protección recíproca y del reconocimiento del CIADI como tribunal externo. Eso lo hizo el Congreso que dejó la potestad en manos del Ejecutivo, durante el gobierno de Carlos Menem. Y se extendió, con todos los endeudamientos y refinanciaciones, hasta la crisis del año 2001 con la firma del llamado Megacanje, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En 2005, lo que se reestructuró fue esa deuda que ya tenía jurisdicción extranjera.

— ¿Con qué consecuencias para Argentina?

— La jurisdicción de Nueva York es bastante perjudicial porque considera que el Estado, aún en sus deudas públicas, debe ser considerado como un particular. Privatizan las relaciones internacionales, con una salvedad: cuando EEUU emite bonos o deuda pública.

—Eso ahora impide que se concrete el pago que vence hoy para los bonistas que ingresaron a la reestructuración de deuda en 2005 y 2010, ¿eso coloca al país ante un eventual default, como en 2001?

—Default es una palabra inglesa que tiene contenido jurídico. Quiere decir cesación de pagos, y significa que no se puede pagar ni a los proveedores, ni los sueldos, ni la deuda externa, ni la deuda interna. Los economistas y operadores financieros podrán decir que se avecina un default técnico, un default parcial, un default temporal, un pequeño default. Pero eso es como decir que alguien está un poquito embarazada. O estás embarazada o no estás, pero no existe estar un poquito embarazada. Argentina tuvo esa situación en 2001, cuando no se le podía pagar ni a los jubilados y se usó una cuasi moneda porque no había ni un centavo.

—¿La expresión default técnico tampoco se ajusta?

— El default es técnico o no es default. No hay default porque Argentina pagó. No es que depositó el dinero, sino que se dio el pago: el dinero salió del patrimonio del Estado argentino e ingresó potencialmente en el patrimonio de los bonistas pero una restricción del juez Griesa les impide cobrarlo. Ese dinero ya no pertenece al país y es por eso que Griesa no lo puede embargar. Si lo hace se extralimitaría en su competencia y en su jurisdicción.

—¿Cómo eso?  ¿Ese dinero ahora está en una suerte de limbo judicial?

—El litigio fue entre los fondos buitre y el Estado argentino, y al impedir el pago el juez Griesa se extralimita en su competencia porque está afectando a terceros ajenos al juicio. También se extralimita en su jurisdicción porque él no puede avanzar sobre el territorio belga, ni sobre el territorio inglés, ni sobre el argentino, y sin embargo lo ha hecho al imponerle restricciones a bancos cuya sede se encuentran en esos países. Por eso liberó los pagos del Citibank, hizo lo que tenía que hacer.

—¿Qué puede pasar a partir de hoy? ¿Todavía es posible un arreglo?

—El único arreglo que puede haber es que los fondos buitres se avengan a incorporarse a la ley argentina que estableció el régimen de reducción de capital e intereses que se usó en 2005, y en 2010. No lo van a hacer, desde ya. Ese el único arreglo que se puede aceptar, porque si no se corre el riesgo de que se active la cláusula RUFO, que vence en diciembre. Esa cláusula dice que si Argentina voluntariamente mejora la oferta a otros acreedores se podrá revisar otra vez el acuerdo con los que entraron al canje. En su redacción está la palabra voluntario pero es complejo, necesitaría otra vez fatalmente una interpretación judicial.

—Si se activa la cláusula RUFO o “gatillo”, como algunos analistas la llaman, ¿estaríamos en riesgo de entrar en default?

—Obviamente ahí sí. Algunos economistas dicen que los nuevos reclamos serían por 120 mil millones de dólares, otros dicen 500 mil millones (deben estar incorporando los intereses). Cualquiera de esas dos sumas obviamente arrastra a la Argentina por varias generaciones.

—¿Cómo se explica entonces que algunos sectores pretendan cumplir al pie de la letra lo que dispuso el juez?

—Ellos quieren el endeudamiento, volver al sistema anterior incluso a la época de Martínez de Hoz. A tomar deuda para poder pagar solamente los intereses y luego refinanciar esa deuda con otra deuda, como se hizo desde el plan Brady (1989) hasta el Megacanje (2001). Ahí sí podríamos perder todos los avances que se han hecho en la macro y en la microeconomía en estos últimos años. El ciudadano puede pensar que estos temas no lo afectan, pero cuando un país cae en el sobreendeudamiento se cierran las fábricas, se reducen los sueldos, no hay inversiones para sostener la industria nacional. Es decir esto termina afectando a cada una de las familias.

—Eso le conviene a los fondos buitres.

—Los fondos buitres son esencialmente especulativos. Su gran ganancia se produce cuando un país entra en debacle. Si por hipótesis Argentina volviera a caer en esa situación ellos rápidamente comprarían los bonos a precios inferiores, depreciados al máximo. Al fondo buitre no le interesa el tiempo, puede esperar 10, 15, 20, 30 años porque están en el orden de la especulación.

— ¿Qué pasa con los vencimientos de los pagos acordados a futuro con los bonistas que entraron al canje?

— Primero esos bonistas podrían inmediatamente accionara contra los bancos porque ese dinero le está siendo indebidamente retenido. Por eso Argentina no tienen que ni pedir, ni interceder al respecto.  Es un problema entre el bonista reestructurado y los bancos. En septiembre hay que pagar otros intereses, y en diciembre hay que pagar otros. Yo creo que se darán cuenta que les conviene venir y cobrar directamente acá. Creo que se van a ir dando cuenta que no les conviene la jurisdicción norteamericana. Sencillamente se puede firmar un nuevo acuerdo y cobran acá.