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"Pido Justicia y que mi hijo pueda estar bien. Es muy injusto lo que le pasó. Lucas es un chico que lo único que quiere es el bien para su familia", dijo con el micrófono en la mano Carolina Vila, madre de Lucas Cabello.El joven de 20 años baleado el lunes por un agente de la Policía Metropolitana en el barrio porteño de La Boca. Esta mañana en la conferencia de prensa realizada en el local de la Unión de Trabajadores de la Educación (UT), la mujer estaba sentada en la mesa junto a sus abogados, Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti. También la acompañaron familiares de otras víctimas que integran la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y diputados, legisladores y comuneros del Frente para la Victoria (FpV).

Carolina habló poco: quería volver rápido al Hospital Argerich para estar con su hijo que continua grave. Las balas le atravesaron la nuca, el bazo y los testículos. “No puede mover ni los brazos ni las piernas porque el tiro en la médula fue muy grave. Lucas es un chico que los fines de semana cuida coches autorizado por el restaurante de la esquina de casa. Quiero que el policía que le hizo esto esté preso y no trabaje más”, dijo la mujer y agradeció a sus vecinos que se movilizaron para reclamar Justicia.

Antes de ella había hablado la abogada Carpineti y detalló el estado de la causa penal. "No hubo errores, ni excesos, ni violencia de género como dijo la vicejefa porteña María Eugenia Vidal. Hubo violencia institucional”, señaló. Desmintió que Lucas haya estado denunciado por violencia contras las mujeres. “Decir eso es muy peligroso porque esconde que él era merecedor de esas balas”, destacó.

La versión policial

Carpineti agradeció a los vecinos de La Boca, a las organizaciones sociales y políticas que acompañan a la familia desde el lunes. “Gracias a ellos pudimos revertir el relato policial que señalaba que Lucas estaba armado. Las pruebas están a la vista: Lucas hace 48 horas que está peleando por su vida y el agente Ayala está sano y salvo”, dijo.

La abogada explicó que la consigna policial estaba asentada en la puerta de la casa de Martin Rodríguez al 500 por un conflicto de violencia intravecinal que tramita en la Fiscalía Contravencional y de Faltas 35. Es un expediente por amenazas por el que se dispuso un botón anti pánico para una mujer. Según lo que pudieron recabar los abogados, la custodia de las fuerzas de seguridad no fue pedida por orden judicial.

Al momento de hablar, Berguier, el otro abogado querellante, exigió que “salga la Policía Metropolitana de la puerta de la casa de Lucas”. Ayer a la nocheen la cuadra había ocho agentes de la Metropolitana, un patrullero con las sirenas encendidas y una camioneta. El abogado contó que el día del ataque los efectivos de esa fuerza “no dejaron entrar a la familia a su propia casa para buscar los documentos del chico”.

Berguier también adelantó que van a pedir “la exoneración del agente involucrado y su prisión preventiva”. La investigación por las heridas graves que sufrió Lucas recayó en el Juzgado de Instrucción 35, a cargo del juez Osvaldo Rappa. Ayer la fiscal de La Boca autorizó la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que presentará hoy la prueba recolectada en estos días. La familia y los testigos presenciales declararon ante los especialistas en violencia policial de este organismo.

Sentada muy cerca de Carolina, Miriam Medina, la madre del estudiante asesinado Sebastián Bordón, se solidarizó con ella. También estaban Gustavo Melmann, padre de Natalia- cuyo femicidio fue en 2001- y Eugenia Vázquez, la hermana de otra víctima de violencia institucional. Atrás de Carolina y sus abogados estaban parados los diputados del Fpv Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso; los legisladores porteños Lorena Pokoik, Paula Penacca, Pablo Ferreyra y José Cruz Campagnoli, entre otros funcionarios y militantes.

Pedido de información

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó un pedido de información al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre el ataque a Lucas. El organismo reclamó que se dé a conocer el nombre completo y el rango dentro de la fuerza del agente. También pidieron saber cuál era su función allí y los protocolos de actuación por los cuales se rigió. Quieren saber si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego.

“Resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios. De comprobarse en la investigación que el policía actuó en forma irregular en el uso del arma de fuego, nos encontraríamos frente a una clara violación por parte de dicho agente de diversos artículos de la Ley N° 2894 de Seguridad Pública”, escribieron en un comunicado desde el ODH.

Un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que la Policía Metropolitana (PM) fue responsable de la muerte de al menos 28 personas -entre ellas seis ejecutadas a sangre fría- y causó heridas en al menos 111 como consecuencia de "intervenciones violentas" desde su creación en 2010.

MFA/PW