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Gloria Girotti es una ex funcionaria judicial de Bahía Blanca acusada de colaborar con la dictadura. Está acusada por dos fiscales federales de presenciar interrogatorios a secuestrados. Está de viaje en París desde el 15 de junio, autorizada por el juez federal Santiago Martínez. El plazo para su regreso venció ayer a las 12 de la noche. Girotti tenía tiempo hasta hoy a las 14, pero no se presentó ante la Justica ni hizo ninguna presentación en el expediente. Los fiscales que intervienen en la causa analizan las medidas a tomar. en Bahía Blanca suman cuatro los prófugos por delitos durante la dictadura.

Por estos días, en Bahía Blanca se está iniciando el segundo juicio por delitos de lesa humanidad contra ocho militares. Mientras uno de ellos se profugó  unos días antes del comienzo, Girotti se fue de viaje a Francia.

En Bahía Blanca, los vínculos de pertenencia del linaje judicial están intactos. Un mes atrás, el juez Martínez se negó a detener por falta de pruebas a Vicente Massot, el director del diario La Nueva Provincia, acusado por la Unidad Fiscal de delitos del Terrorismo de Estado local de presentar en sus páginas asesinatos de secuestrados como enfrentamientos, y de tener contactos asiduos con los represores, tanto que dos trabajadores del diario están desaparecidos.

Ese mismo juez le otorgó, con poquísimos recaudos, un permiso a la abogada Girotti para viajar a Francia el 15 de junio pasado, a hacer una interconsulta médica por una intervención quirúrgica que se había hecho en enero. Debía regresar ayer y hoy se le venció el plazo.

Girotti tiene prohibida la salida del país desde 2012, por su imputación en una causa de lesa humanidad, y a comienzos de este año le fue diagnosticado un cáncer de mama. En mayo le pidió al juez subrogante viajar a París para una interconsulta. Del propio pedido se desprende que no hay una derivación hospitalaria, solo una recomendación de un colega de su marido, el psiquiatra y marino retirado Eduardo Mata, que recomendó el viaje para que pueda reducir los “niveles de incertidumbre”.

El juez fue más solícito aún: consideró que si “es su intención, y lo cree necesario” tenía el permiso, “sea el que fuere el motivo invocado”, porque no había riesgo de fuga. Martínez fue de esta forma más lejos que su antecesor Alcindo Álvarez Canale, ahora jubilado, que había sido acusado históricamente por los organismos de derechos humanos de entorpecer las causas contra represores. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron el permiso de Martínez ante la Cámara Federal, pero los camaristas la confirmaron.

Los secretarios

El 22 de diciembre de 2010, los fiscales Abel Córdoba –ahora a cargo de la Unidad de la Procuración especializada en violencia institucional- y Antonio Castaño pidieron la detención y declaración indagatoria de Hugo Mario Sierra y Girotti, los secretarios de mayor confianza con Guillermo Madueño, que fue juez en Bahía entre 1975. Madueño, ya fallecido, había sido procesado por su colaboración institucional con la dictadura.

Según la acusación de los fiscales, “las víctimas -que permanecían en cautiverio y bajo tortura en el CCD “La Escuelita”- fueron retiradas del mismo, y conducidas a otra dependencia”. Concluido el traslado, y “una vez en presencia de las víctimas, el juez Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti evitaron expresar cualquier gesto o ademán de garantía o resguardo frente a la situación de las mismas, denotando la evidente complicidad y connivencia con las autoridades militares, y omitieron toda referencia e inquietud frente a los signos inocultables e ineludibles de tortura y abandono que presentaban”. Una de las víctimas de esas insólitas indagatorias llegó tabicada. Otros tuvieron que soportar la presencia de personal militar, que los apuntaban con armas largas.

Durante el primer juicio a represores del V Cuerpo, un testigo -el ex legislador provincial Mario Medina- refirió la actuación de Sierra, el Tribunal lo mandó a detener y lo puso a disposición del Juzgado Federal de primera instancia.

El juzgado –que entonces aún conducía Álvarez Canale- citó a Sierra como imputado y a Girotti como testigo. El fiscal apeló y finalmente, por disposición de la Cámara ante la que el fiscal apeló el Juzgado debió llamarla como imputada. Álvarez Canale decidió procesar a Hugo Sierra por algunos de los delitos y dictar la falta de mérito sobre Girotti, que hoy está apelada por la fiscalía ante la Cámara Federal.

Sierra y Girotti eran profesores del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Sierra renunció a la cátedra que le quedaba en 2011, después de que el rector lo suspendió luego de la detención. Pero Girotti sigue hasta hoy al frente de tres materias. A comienzos de 2012 se presentó un pedido de Juicio Académico en su contra, con 59 firmas de miembros de la comunidad universitaria. El pedido tuvo aprobación en el Departamento de Derecho y en mayo de 2012 en el Consejo Superior Universitario. Se sorteó entonces un Tribunal Académico para juzgar el caso, conformado por profesores eméritos de la UNS. Pero el cuerpo dejó vencer todos los plazos sin emitir fallo.