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El Estado en el territorio para prevenir, asistir e integrar: es el eje que atraviesa y articula la nueva ley de adicciones. La normativa crea un Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos (Iacop), ordena la creación de centros comunitarios de prevención y tratamiento, así como la obligatoriedad de las prepagas y obras sociales de cubrir los tratamientos. “Logramos cambiar la mirada. No se hace hincapié en la sustancia sino en la persona que tiene la problemática de las adicciones”, subrayó a Infojus Noticias el diputado Horacio Pietragalla, principal impulsor de la ley que se aprobó la semana pasada.

“No discriminamos drogas ilegales de legales, ni adicciones al juego o la tecnología. Abordamos el problema de la adicción en sí misma. Obvio que hay distintas adicciones que van a recaer en el área de Salud y no en la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) como alimentación o tabaco. Pero lo que nos preocupa es la adicción, porque el consumo es otra cosa: respetamos la decisión de cualquier persona de consumir lo que quiera. El que consume puede seguir con su vida, su trabajo, su familia. El problema es cuando la necesidad de consumir clausura cualquier posibilidad de desarrollarse en su vida”, definió.

La norma, que crea un programa específico que deberá tener presupuesto asignado en forma anual, está dividida en tres grandes bloques: prevención, asistencia e integración. En cada uno de ellos puede verse el cambio de paradigmas que orienta este texto, que fue aprobado con votación unánime en la Cámara de Diputados y necesitó más de un año de maceración en el Senado, donde finalmente se votó el miércoles pasado.

Aquí, los puntos principales y cambios respecto del modelo que subsiste hasta hoy:

Adictos, no guerreros

La Ley de Estupefacientes (23.737), que aún está vigente, está basada en un paradigma que choca con el nuevo texto: penaliza al consumidor y al adicto y los trata como delincuentes. Es un concepto de “guerra contra las drogas” que también fue desmontado con la decisión de que sea la Secretaría de Seguridad la que se encargue de la lucha contra el narcotráfico.

El nuevo paradigma deja de considerar a los adictos como delincuentes y los considera sujetos de derechos a los cuales el Estado debe garantizarles asistencia e inclusión social. Se trata de un planteo que está en línea y se complementa con la nueva Ley de Salud Mental.

En el territorio

Este cambio de foco, que se propone abordar los consumos problemáticos en lugar de reprimirlos, establece la necesidad, y obligación, de crear Centros Comunitarios de Prevención en los territorios más vulnerables. La idea es que el Estado llegue antes de que se llegue a niveles de adicciones graves.

Este tipo de centros no estaba previsto en ninguna normativa específica. En el mejor de los casos, existían espacios de asistencia desde distintos ministerios o gobiernos provinciales o municipales. Ahora, a partir de la reglamentación, el Sedronar –que será la autoridad de aplicación- deberá firmar convenios y acuerdos para aprovechar la infraestructura existente. Y dónde no haya deberá crear espacios de asistencia, difusión y contención. Según la norma, deberán tener un amplio horario de atención, priorizando el horario nocturno.

Además, sus integrantes deberán recorrer los territorios intentando identificar posibles casos de consumos problemáticos para ofrecer las herramientas de esta ley u otras del Estado. “Se trata de que el Estado esté presente”, insistió Pietragalla.

Cobertura integral

A partir de esta norma, todos los establecimientos de salud pública, obras sociales y entidades de medicina prepaga “deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático”, precisa la ley en su artículo 8. Eso significa que los tratamientos deberán formar parte del Programa Médico Obligatorio (PMO). “Permitirá descomprimir el presupuesto estatal para que se concentre en los sectores más vulnerables”, explicó Pietragalla .

Otra diferencia con la lógica que imperaba hasta ahora es que se priorizarán los tratamientos ambulatorios por sobre las internaciones y siempre pensando el adicto como sujeto de derecho. Una vez más, la nueva ley se acopla y complementa con la de Salud Mental.

Reducción de daños

Incorpora el modelo de reducción de daños para el tratamiento de adicciones, que implica poder suministrar al paciente una droga menos dañina que la que consume, con el objetivo de disminuir el daño en su salud.

Mayor control

Se crea un registro de efectores que brindan tratamientos privados, que deberán respetar pautas regulatorias para poder prestar el servicio. Hasta ahora las ONGs o “granjas de recuperación” estaban fuera de control del Estado, que a partir de la reglamentación realizará la autoridad de aplicación.

Integración educativa y laboral

Se otorgarán una becas de estudio para las personas que padezcan algún consumo problemático y no hayan terminado la escuela. La beca es a condición de asistir al establecimiento educativo. También se crea la figura del tutor para acompañar este proceso. Además, se incluirá a quienes hayan terminado la escuela y estén sin trabajo en algún plan laboral provincial o nacional.