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Organizaciones de derechos humanos de las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Formosa redactaron un comunicado dirigido al Poder Judicial en reclamo de cooperación en las causas por delitos de lesa humanidad. Con unas 30 firmas, el documento rechaza, entre otros puntos, la “impunidad biológica de los represores que, en muchísimos casos, por cuestiones burocráticas no llegan a ser juzgados” y propone la creación desde el Estado de un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.

“Vemos con preocupación que, principalmente en este último año, con una obscena especulación de un cambio en la política nacional, se ha despertado una gran resistencia de la corporación judicial para avanzar en el juzgamiento a los responsables económicos y civiles, además de una burocratización que entorpece la identificación de todos los responsables”, denunciaron las organizaciones.

El comunicado fue consensuado por organismos de derechos humanos, familiares y ex detenidos políticos que sufrieron el accionar represivo del II Cuerpo del Ejército, durante un encuentro regional que tuvo lugar en la ciudad de Empedrado, Corrientes, en mayo pasado. Ahora, fue remitido a diferentes organismos, entre ellos, la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad –creada en 2008 y conocida como “Comisión Interpoderes”–, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En los puntos de reclamo, se pide atención frente a “la impunidad de los responsables civiles y económicos” y se promueve “la denuncia y remoción de los jueces actuales que actúan como encubridores, como el caso de la Cámara Federal del Chaco”.

También se repudia el tratamiento de la Corte Suprema de Justicia en la Causa Torturas en Malvinas –“negando su carácter de Crímenes de Lesa Humanidad”–, y se exige “la toma de ADN de las tumbas ubicadas en las islas para la identificación de los soldados caídos”.

Entre las propuestas, aparece “la creación desde el Estado nacional de un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y de una unidad específica”, a la par de “establecer la obligación de todo organismo público nacional, provincial o municipal de brindar información”.

Para agilizar la tramitación de las causas “se exige la designación de jueces, fiscales y secretarios que  aseguren la continuidad y celeridad de todos los procesos tanto en instrucción como en juicios orales”. A su vez, se reclama “por una nueva acordada y ley que instrumente mecanismos que agilicen y simplifiquen los trámites de las causas, en su carácter de Lesa Humanidad, y en consideración de las edades de los imputados, víctimas y testigos”. En sintonía, se plantea el  “resguardo de la documentación en poder de los organismos del Estado” y el avance en “la digitalización de las causas y pruebas de los procesos judiciales”.

El comunicado también pide por el “resguardo de todos los edificios donde funcionaran Centros Clandestinos de Detención y la creación de Espacios por la Memoria”. 

MM/LL