Parque Indoamericano: la jueza de la causa procesó a 41 policías
Son 30 policías de la Metropolitana y 11 de la Federal. Es por el violento desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010. Ese día murieron tres personas. Los fiscales dieron por probado que los efectivos policiales se excedieron en sus funciones.
Télam.
La jueza Mónica Berdión de Crudo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 47, dictó el procesamiento de 30 integrantes de la Policía Metropolitana y 11 de la Policía Federal. Entre ellos, cinco jefes de la Metropolitana y tres de la Federal fueron procesados por los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y por lesiones culposas. Otros 25 efectivos de la Metropolitana están procesados por los delitos de homicidio y lesiones en agresión. Además, 8 efectivos de la Policía Federal fueron procesados por abuso de armas.
La medida había sido solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a los padres de una de las víctimas, y los fiscales Sandro Abraldes y Nuria De Ansó en diciembre del año pasado. “Hay que leer el fallo, pero en principio es una muy buena noticia. Las defensas van a apelar y habrá que ir a la Cámara. Esperamos que esto sea un trámite y se pueda discutir en juicio oral”, dijo a Infojus Noticias Federico Efron, abogado del CELS.
En su resolución, la jueza Berdión de Crudo afirma que la acción de las fuerzas de seguridad "no fue azarosa ni producto de la casualidad, sino que se trató de una estrategia coordinada consensuada por sus mandos con anterioridad y ejecutada en el teatro de operación bajo la conducción de la Policía Federal", señaló el CELS en un comunicado.
Por este motivo, la jueza dictó el procesamiento para los comisarios de la Federal Hugo Lompizano, Juan Antonio Quintero y Emilio Ramón Miragaya. Al mismo tiempo, la jueza decidió procesar por los delitos de homicidio y lesiones culposas al comisionado mayor de la Policía Metropolitana, Claudio Enrique Serrano; los comisionados César Enrique Menardi, Alfredo Córdoba Alberto Ojeda y al Superintendente de Seguridad de la Policía Metropolitana, Miguel Ciancio.
Esta decisión judicial refuerza la hipótesis planteada por el CELS sobre cómo fue el operativo represivo y quiénes fueron los responsables de los muertos y heridos. “La investigación llevada adelante por el fiscal Sandro Abraldes y la fiscal Nuria De Ansó prueba que la Policía Metropolitana actuó en coordinación con la Policía Federal y bajo su dirección. Las fuerzas de seguridad tuvieron un accionar violento y descontrolado en el uso de la fuerza letal. Este accionar ilegal incluyó, además, el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de cerca de 600 cartuchos antitumulto”, indicó el organismo.
La resolución judicial afirma: "Se advierte el modo en que traspasan, varios metros, el ingreso de la villa 20 por el paso peatonal debajo del puente, el lanzamiento de gases lacrimógenos y el carácter ofensivo de los disparos".
El procesamiento por homicidio y lesiones en agresión abarca a 25 agentes metropolitanos que efectuaron disparos con postas de plomo que resultaron letales, entre los que se encuentra el comisionado Mayor Ricardo Ferrón, también involucrado en la represión en el Hospital Borda y en la Villa 31 en 2013. El CELS remarcó: “Desde el inicio de la investigación, quedó clara la nula voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para colaborar en el esclarecimiento de uno de los hechos más graves en los que intervino la Policía a su cargo. Todos los metropolitanos investigados permanecen en funciones y sus abogados tienen domicilio constituido en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.
La investigación se encontró con diversos obstáculos: las autoridades porteñas brindaron información insuficiente y contradictoria en varios aspectos clave como la identificación del personal que participó del operativo y el armamento asignado. Además, la justicia también dio lugar al pedido de procesamiento realizado por CELS para ocho policías de la PFA por abuso de armas. Estos agentes aún se encuentran en funciones, cuatro de ellos son defendidos por la División de Asuntos Penales de esa institución.
El día de la toma Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron de un operativo para desalojar a cientos de familias que habían improvisado construcciones precarias en un reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
En esa labor también excedieron la orden judicial de desalojo ya que se enfrentaron con vecinos de la cercanas villa 20, ajenos a los hechos, entre los que se contaban dos de las dos víctimas fatales.
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