Parió en su casa sin asistencia. Su bebé murió antes de salir de su panza pero un vecino la acusó de haberlo asfixiado. La culparon de homicidio y le dieron cadena perpetua. María del Carmen Viera pasó 13 años en el Penal N° 3 en Corrientes por un error del informe forense. Hoy está en libertad y quiere ser abogada.
A los 27 años, María del Carmen Viera ya había parido a sus 4 hijos en su rancho de Mercedes, Corrientes. Sin partera, esta trabajadora rural estaba lista para tener al quinto en agosto de 1999. Tenía casi todo: le había preparado un moisés y había elegido a la madrina. Pero el día del parto la cosa se complicó: entre pujo y pujo algo pasó y el bebé de cuatro kilos nació muerto. Su marido no estaba, la había abandonado. Con su madre improvisaron un entierro pero un vecino tuvo sospechas, la denunció y se la llevaron detenida mientras le decían “asesina”.
Un año después, la Cámara de Casación Penal de Paso de los Libres la condenó a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Una autopsia contradecía a la mujer e indicaba que el bebé había muerto después de nacer. El informe afirmaba que María del Carmen había estrangulado a su hijo. Pero ella aseguraba que el bebé nació muerto.
El viernes 26 abril la corte provincial falló a favor de un recurso solicitado por la Defensoría de la Cámara de Corrientes. A los 41 años María del Carmen, después de 13 años presa, fue declarada inocente.
Durante los años de prisión María del Carmen estudió cocina, repostería y computación. “Buscaba todo lo que le podía significar un ingreso, porque estando detenida le encargaban distintos pedidos”, dijo la directora del penal a Infojus.
Pero su mayor anhelo, hoy a los 41 años, es ser abogada, según sus propias declaraciones y las de las personas que la rodean. “Ella terminó la primaria y la secundaria en el Pelletier. Le gustaba todo lo que estaba relacionado con el Derecho, en verdad, la Criminología. Ella pensó en su momento que si hubiera tenido conocimiento sobre las situaciones se hubiera defendido mejor. Nadie defiende su pellejo mejor las cosas que uno mismo”, explicó Ana María Canteros, directora del Instituto Pelletier, que depende de la Unidad Penal 3 de Corrientes.
El 4 de agosto de 2000, Viera empezó a cumplir su pena. Hace cuatro años, por intervención de la Defensoría de la Cámara de Corrientes, la causa se reabrió. La secretaria relatora, Susana Arzuaga, en representación de la Defensora de Cámara, Graciela Elena Borda, pidió al Superior Tribunal de Justicia correntino que reviera la sentencia porque presumía que se habían cometido irregularidades. En 2012 el análisis de la autopsia develó que el bebé había nacido muerto.
“El recurso de revisión no es sencillo pero siempre que se aporten pruebas nuevas se puede recurrir y eso fue lo que hicimos. Después de una condena de 13 años aportar una prueba nueva fue muy difícil. Pedimos que se analizara la autopsia y se comprobó que el bebé nació sin vida”, explicó a Infojus la Defensora Graciela Elena Borda. Una de las hipótesis es que se haya fracturado un hueso llamado hioides que es un hueso situado en la parte anterior del cuello y se haya asfixiado. “Eso pasó por las condiciones en las que se produjo el parto. Fue un parto casero, sin asistencia médica para un bebé de más de 4 kilos”, dijo Borda.
Después del análisis de la autopsia, el fallo del Tribunal Superior de Corrientes especificó: “Se encontraron modificaciones que llevaron a concluir de que la personas no había cometido el hecho ilícito que se le imputaba, no había existido el hecho delictivo, por ende, no puede existir delincuente”.
Para la Defensora, el error principal estuvo en el informe del Cuerpo Médico forense, pero esta irregularidad se debió a falta de elementos técnicos que determinaran cómo fue la muerte del bebé. “En el primer informe, hubo estudios que no se pudieron hacer porque no tenían los elementos técnicos y científicos. Nosotros hicimos hincapié en que estos estudios eran incompletos. Hoy en día con el avance de la tecnología se hubiera conocido con mayor facilidad que el bebé murió antes de nacer”, aclaró Borda.
Cuando la condena de María del Carmen Viera llegó a manos de la secretaria relatora, Susana Arzuaga, de la Defensoría de Cámara, la abogada comenzó a visitarla al Instituto donde estaba detenida la mujer, al tiempo que solicitó la revisión de la pena a la Cámara del Paso de los Libres.
“Desde la creación de la Cámara de Ejecución de Condenas trabajamos con el legajo de ejecución de la sentencia de Viera. Este es un caso líder que sienta precedente. Es el primer caso de revisión de pena de estas características”, dijo Borda.
Para Ana María Canteros, directora del Instituto Pelletier donde estaba presa la mujer junto a otras 31 compañeras, el trabajo de la Defensora fue determinante. “La abogada se acercó y le dijo Estoy segura que sos inocente, eso la convenció para dejarse ayudar”, explicó Canteros.
Un antecedente
El caso presenta puntos en común con otro de Misiones que obtuvo repercusión mediática el año pasado. María Ovando estuvo detenida un año y medio acusada de abandono de persona, después de que su hija Carolina de tres años muriera por desnutrición. En noviembre de 2012 el Tribunal de Eldorado, en Misiones, absolvió a María Ovando del delito que se le imputaba.
“En su momento, más allá de la autopsia que fue incompleta, no se prestó atención en las condiciones en las que se había realizado el trabajo de parto. Esperemos que a partir de ahora empecemos a estar más atentos a estas cosas”, dijo la Defensora correntina sobre el caso Viera.
La directora del Instituto Pelletier, donde estuvo detenida la mujer coincide: “Hay que pensar el caso en su contexto. Hace diez años, en el paso previo a una crisis económica implacable, era muy común que las mujeres en el interior de la provincia tuvieran a sus hijos en sus casas. Eso la justicia no lo vio en primera instancia porque no hubo instrucción en este caso, como Mercedes no tiene Cámara intervino la Cámara de Paso de Los Libres directamente”.
El abogado que representó a María Ovando en el juicio, Eduardo Paredes, también opinó sobre el caso: “Estas cuestiones de la validez de prueba son típicas del sistema judicial. En los casos en los que son pobres. El Estado aparece para condenar a estas mujeres. Previo a esto, Todos los derechos que tiene el Estado no reconoce ninguno”, manifestó Paredes.
Consultado sobre cómo retoman su vida las mujeres condenadas, Paredes explicó: “Si no tienen alguien que la ayude, si no hay política pública que intente rescatarlas es volver a la nada. María Ovando está con la misma pobreza de antes”.
Las mujeres condenadas por un crimen que no cometieron tienen derecho a pedir una reparación civil al Estado, sin embargo, esa no parece ser su preocupación cuando salen de prisión. “Ella lo único que quiere es estar con su madre y sus hijos. Es lo único que le importa ahora”, dijo la Defensora de Cámara de Corrientes.
Sobre María Ovando, su abogado explicó “Lo único que consiguió hasta ahora es la asignación por madre de siete hijos, pero se está avanzando en la instancia civil”.