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En cuanto finalice la feria judicial, asociaciones y profesionales de la Ciudad de Buenos Aires pedirán a la Justicia que el gobierno porteño reglamente la ley para gente en situación de calle. Se trata de la Ley 3.706 de “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”.

Sancionada hace más de dos años, la ley aún no fue reglamentada por el Ejecutivo porteño, a pesar de que en su artículo 11 dispone un plazo de 90 días para hacerlo.
El 5 de junio de este año, el colectivo “Espacio Carlos Mugica”, junto a profesionales y trabajadores de paradores, hizo una presentación ante la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo la reglamentación de la ley en el plazo de 30 días. Denuncian que hay 17.000 personas en situación de calle o en riesgo de estarlo, de las cuales unas 2.000 son abuelos y 4.500 son niños.

En el escrito, las asociaciones firmantes sostienen que “la falta de reglamentación de una norma, implica en la práctica la imposibilidad de ejercer por parte de ciudadanos de carne y hueso un derecho consagrado legalmente” y que la norma “así como está, es letra muerta al carecer de una autoridad de aplicación”. En la presentación denuncian también una reducción significativa en el presupuesto destinado al programa de hotelados y al de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

El plazo de un mes planteado en aquella presentación se venció la semana pasada y aún no hubo respuesta de parte del Gobierno porteño. Las asociaciones consideran promover una acción de amparo colectivo reclamando “habeas norma” ante el fuero Contencioso Administrativo.

La ley 3.706 tal y como fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de junio de 2011, prevé la implementación de políticas de salud, educación, vivienda y trabajo coordinadas entre los distintos organismos del Estado. Dispone que los centros de servicios socioasistenciales estarán abiertos las 24 horas, los 365 días del año. El artículo 5° de la ley definía el “derecho a la Ciudad” como una “atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”, pero Mauricio Macri lo vetó poco después de ser aprobada la ley por considerarlo “impreciso”.

Una de las asociaciones que presentó el pedido de reglamentación es Proyecto 7, que mantiene un Centro de Integración para personas en situación de calle. Funciona en Monteagudo 435 y lo preside Horacio Ávila.

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