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La abogada Claudia Cesaroni, quien encabeza el equipo jurídico que impulsa la reapertura de la causa por la masacre que en 1978 ocurrió en el pabellón séptimo de la cárcel de Villa Devoto, se presentará mañana a una audiencia pública ante la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal para solicitar que ese hecho sea investigado como un delito de lesa humanidad.

La audiencia se llevará a cabo a partir de las 11.30 en los tribunales de Comodoro Py 2002, y la querella que representa a las víctimas expresará ante los jueces de la Sala I, Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, su descontento ante el fallo del juez Daniel Rafecas, quien en marzo consideró que el caso no merecía la calificación de lesa humanidad.

"Rafecas consideró que si bien había una violación a los derechos humanos que debía ser investigada, el caso no era un crimen contra la humanidad. Para él, se trató de un delito cometido contra presos comunes que no tenían militancia política", explicó la letrada en diálogo con Télam.

Y al respecto, fundamentó: "No se puede desdoblar la imputación de un delito en función de la condición de los detenidos. Las víctimas de este caso fueron víctimas de un régimen que no hacía diferenciaciones a la hora de aplicar el terrorismo de Estado".

La apelación ante la Sala I, que contará con el respaldo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuestiona además el hecho de que Rafecas "haya tomado por válidas la versiones que dieron los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), sin escuchar los testimonios de los sobrevientes".

"Pareciera que los reclusos se rebelaron porque sí en el marco de una requisa normal que se descontroló", sostuvo Cesaroni, autora de del libro "Masacre en el Pabellón Séptimo", un texto que reconstruye las alternativas de la represión en la que perdieron la vida 64 personas.

La matanza fue una respuesta de los efectivos del SPF que decidieron castigar a los detenidos que habían protestado contra la decisión de apagar la televisión del pabellón, cuando había autorización de dejarla encendida hasta que terminara el programa que los presos miraban.

En la mañana del 14 de marzo, los agentes penitenciarios entraron al pabellón para castigar a los presos en el marco de una violenta requisa que incluyó golpes, patadas y disparos de armas de fuego, y que derivó en un incendio que ocasionó varias de las muertes que se sucedieron en esa jornada.

"Bajo el estatuto de Roma, este es un hecho que se ajusta a los parámetros de los crímenes contra la humanidad. Hace años que el expediente descansa en la Justicia ordinaria y es hora que pase a los fueros Federales", remarcó la letrada.

La intención de la querella es que la Masacre del Pabellón Séptimo se analice en el marco de las megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, que en esos años tenía bajo su comando al SPF. Cesaroni presentó el año pasado una denuncia ante el Juzgado Federal 1, a cargo de Rafecas, para que se investigue la responsabilidad que tuvieron en esos hechos varios ex integrantes del SPF.

Entre ellos se encuentra el represor Víctor Hugo Dinamarca, que reportaba como subjefe operativo del penal, y que también actuó en el centro clandestino de detención conocido como "El Vesubio". La acusación no se limita sólo al SPF, ya que en la denuncia se solicita que se revisen las actuaciones que los funcionarios judiciales tuvieron en la instrucción del hecho.

Ellos son el entonces juez Guillermo Rivarola, quien "no constató las heridas de balas que había en los cuerpos de las víctimas", y de Julio César Strassera, el primer fiscal que tuvo esta causa, que luego lideró la acusación en el juicio a las Juntas.

"Esperamos tener en esta apelación un resultado mejor que el que obtuvimos en primera instancia. Esta masacre no puede quedar impune. Como decimos en el libro, `mientras no haya Justicia, el fuego seguirá quemando`. Por eso, vamos a recurrir a todos los estamentos que sean necesarios para honrar a las víctimas", enfatizó Cesaroni.