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Un proyecto de ley para el resarcimiento económico de las personas trans que por su identidad de género hayan sido privadas de su libertad se presentó hoy en el Congreso de la Nación. El propósito es resarcir con una pensión graciable a aquellas personas mayores de 40 años que fueron violentadas tanto por aplicación de los edictos policiales como cualquier otro acto vejatorio de las fuerzas de seguridad. Según los impulsores se trata de una reparación histórica: esas identidades que fueron negadas y criminalizadas ahora tienen DNI, siempre tuvieron derechos, y para hablar de inclusión y respeto se debe reparar el maltrato. El proyecto fue iniciativa de las organizaciones ABOSEX (Abogad*s por los Derechos Sexuales), ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), FUTURO TRANSGENÉRICO y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación). Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria, fue la encargada de llevarlo a Diputados.

“La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el estado-nación. Entre estos grupos figuraban las personas trans, cuyas identidades de género constituían por sí una contravención y por lo tanto eran víctimas del aparato represivo del Estado, tanto en tiempos de dictadura como en democracia. Travestis y transexuales eran cuerpos instituidos como abyectos que ponían en riesgo la moral sexual. Las identidades trans se forjaron a la luz de la persecución policial por aplicación de los edictos del artículo 2 incisos F, H e I”, dice el proyecto. Infojus Noticias habló con algunos de los impulsores.

Emiliano Litardo: resarcir es reconocer

Emiliano Litardo es miembro de AboSex y uno de los principales activistas de la comitiva que redactó la Ley de Identidad de Género.“Después de sancionada la ley de Identidad nos quedaba pendiente el régimen reparatorio del Estado. Esta es una propuesta que se gesta dentro del movimiento trans desde el 2000, cuando Marlene Wayar –Futuro Transgenérico- empezó a pensar en una reparación integral para reparar la sanción de las identidades trans y las violencias que sufrieron las compañeras, porque avanzamos despatologizando pero debemos seguir. Queremos reforzar ese punto del reconocimiento de las identidades a través de la reparación y el sustento económico y jurídico”, dijo.

La Yogyakarta a la que Argentina adhiere (Principios sobre la aplicación de la Legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género), dice en su artículo 28 que toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Y que las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos.

Para Litardo es un buen momento para presentar el proyecto “porque la semana pasada la Secretaría  de Derechos Humanos junto a la Anses otorgaron las primeras pensiones graciables a ex presos políticos de Argentina, lo que fue inspirador para este proyecto. Pensamos en una pensión graciable mensual cuyo monto estará de acuerdo a lo que fija la Oficina Nacional de Empleo Público y abarcará en principio aproximadamente a 200 personas. También se considerará como agravante la violencia a la  integridad sexual”.

Lohana Berkins: memoria en el cuerpo

Lohana Berkins  preside ALITT y es directora de La oficina de Identidad de Género y orientación sexual en Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Sus recuerdos la movilizan: “Cada centímetro de mi cuerpo tiene memoria del encarcelamiento, los arrestos y el lenguaje agresivo, despectivo y discriminatorio. Esto no solo en la vida prostitucional sino también cuando ibas por la calle, al cine o a comprar el pan: había violencia porque movilizarnos presuponía una peligrosidad que había que encarcelar. Éramos interceptadas por policías uniformados y de civil que jugaban el rol del buen policía y del malo. Teníamos un pedido de coimas y en caso que no fuere así éramos arrestadas y se nos imponía 30 días de arresto en Caseros o Devoto en las peores condiciones. Muchas veces también se nos llevaba a la cárcel de Olivos y no se nos asentaba en ningún lugar por lo que si en el edificio nos pasaba  algo nadie podía reclamar”.

“Con la sanción de la Ley de Identidad de Género empezamos a ver cuáles son las inequidades que produjeron los estados anteriores con respecto a nuestras sexualidades, que siempre fueron penalizadas y restringidas. La importancia de este proyecto es que por primera vez nos reconocerían como víctimas selectivas que fuimos de los edictos policiales, cuando el Estado solo aparecía para punirnos en todo el devenir de nuestras vidas, porque sufrimos la aplicación sistemática de los edictos policiales en nuestros cuerpos”, dijo Berkins.

Amancay Diana Sacayán: trabajar para nuevas generaciones

Amancay Diana Sacayán es miembra de M.A.L., una organización que promueve la defensa de los D.D.H.H. y lucha contra toda forma de discriminación, denunciando con acciones directas. “Nuestra ley de identidad de género es la mejor del mundo no solo porque lo digamos nosotras sino porque así se reconoce en todas partes e incluso en la ONU. La razón es que por primera vez aplica los principios de la Yogyakarta y no patologiza, aunque todavía falte preparar a los médicos y armar un protocolo médico obligatorio. La ley de identidad fue para nosotras una bisagra que nos reconoce como sujetas de derechos y como ciudadanas plenas. A partir de ahora lo que viene es reparar todo el daño que desde el Estado se cometió y avanzar en nuevos derechos, por eso venimos trabajando por políticas públicas laborales”, dijo Sacayán.

Para la activista “esta ley es clave en los derechos humanos para advertir que esto no tiene que pasar nunca más y reconocer el error histórico que el Estado cometió. Recuerdo el gesto de Cristina cuando dijo ‘pedimos disculpas en nombre de todos los argentinos’ y pienso que la magnitud que tiene para nosotras es como cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros de Videla”.

“¿Cómo era el maltrato? No quiero que solo quede en una cosa narrativa, pero las condiciones cuando caías detenida fueron vejatorias, inhumanas y violatorias de los derechos humanos.

Recuerdo los momentos difíciles y desagradables pero la perseverancia pudo más y creo que nuestra lucha es un gesto de cariño para las generaciones que vienen. Creo que estamos dejando una nueva sociedad a los niños trans. Verla a Lulú con su DNI apenas a los 6 años para nosotras es muy emocionante. Y creo que estamos trabajando para las nuevas generaciones”, dijo Sacayán.