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El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó esta madrugada a prisión perpetua al ex militar Angel Gómez Pola y al ex comisario Abel Oscar Bracken por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico militar. Los magistrados también sentenciaron a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich; y a 15 al ex comisario Edgardo Mastandrea.

Todos los acusados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal dispuso también que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria. Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski leyeron el fallo en el auditorio de Junín de la Universidad Nacional del Noroeste, que estaba colmado al momento del veredicto, informó Télam.

A lo largo de la jornada, los magistrados escucharon los extensos alegatos de los abogados defensores, Ariel Hernández y Paula Colombo. Los letrados pidieron la nulidad del proceso por entender que “se violó el legítimo derecho a la defensa” de sus representados, y en consecuencia, solicitaron la absolución para los imputados. Los fiscales Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, junto a los querellantes, rebatieron esos argumentos y ratificaron sus pedidos de condena para los siete acusados, que iban desde 19 años de condena hasta la prisión perpetua.

El Tribunal le otorgó a los imputados el derecho de pronunciar unas palabras antes del fallo y sólo dos de los acusados hicieron uso de este beneficio. Primero fue el turno del ex policía Miguel Ángel Almirón, que agradeció a “familiares, amigos y defensores el apoyo prestado a lo largo del juicio”. Luego le tocó el turno al ex comisario Edgardo Mastandrea, que a pesar de que el auditorio estaba repleto, aseguró que “la sociedad de Junín le dio la espalda a este proceso”.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal desechó los requerimientos de nulidad presentados por la defensa y dictó las sentencias. El auditorio rompió en aplausos. Los delitos que se juzgaron fueron calificados como “privación ilegítima de la libertad y tormentos" contra 24 víctimas. Gómez Pola y Bracken también fueron acusados de homicidio en base a las pruebas que se incorporaron durante el debate.

Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín y que estuvo comprendido en la subzona 13 del Área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejercía como jefe. Sucedieron entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la comisaría 1ª de Junín; la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial –en aquella época estaba en construcción– y el Destacamento policial ubicado en la localidad de Morse.

Según la acusación que leyó el Tribunal al inicio del proceso, "el Estado se desdobló, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas". Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, por eso el caso formó parte de la megacausa del Primer Cuerpo, que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.