Infojus Noticias

Es cuestión de tiempo: el velo de la complicidad judicial con la Juntas Militares se rasga cada paulatinamente. En diciembre el fiscal federal Adrián García Lois, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén, prohibió salir del país a nueve exjueces y fiscales de esa provincia, y pidió su declaración indagatoria. “Habrían proporcionado a los ejecutores de los secuestros, aplicación de torturas y desaparición forzada de personas, entre otros delitos, una adecuada cobertura judicial”, argumentó. El juez federal Gustavo Villanueva debe decidir si da curso al pedido. En principio García Lois se muestra confiado en que “al menos el juez va a llamar a algunos”, dijo a Infojus Noticias.

En aquellos tiempos, ante la inminencia de la dictadura, las aguas se dividieron rápido en la justicia neuquina. El entonces juez federal Carlos Ramón Arias –reconocido dirigente peronista-, no tenía la bendición militar. En 1976, el día de su cumpleaños (16 de marzo)  llegó a la puerta de su casa en Neuquén el primer aviso de lo que vendría: una bomba de fabricación casera. Días después, su casilla postal recibió una carta timbrada el 23 de marzo. “AAA Regional Comahue-Comando José Ignacio Rucci”, decía la amenaza.

Arias siguió en su cargo hasta el 14 de junio de 1976. La resolución 315 del Poder Ejecutivo lo dejó cesante, junto a la Defensora de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Federal, María Beatriz Cozzi. Otros hombres del fuero mantuvieron sus cargos, incluso ascendieron. Tres de ellos figuran entre los denunciados ahora por el fiscal García Lois.  El entonces Procurador Fiscal Rodolfo López Marquet ocuparía el lugar vacante de Cozzi como defensor, y devendría juez federal de General Roca a partir del 21 de octubre de 1977. También están en esa lista dos antiguos secretarios de Arias, Víctor Marcelo Ortiz -el 15 de septiembre ascendió a Fiscal Federal de Neuquén- y María Ester Borghelli de Poma -sucesora de López Marquet tras su paso fugaz por la defensoría de pobres y ausentes, se quedó hasta 1985-.

Subversiva por investigar denuncias de desaparecidos

Ya en democracia, la ex Defensora Federal destituida María Beatriz Cozzi inició una denuncia por su destitución, alegando “abuso de autoridad y prevaricato”. La querella incluía a dos ministros de la dictadura- el de Justicia, brigadier Julio Arnaldo Gómez, y el del Interior, general Albano Harguindeguy-, al Comandante del BIM VI con sede en Neuquén José Luis Sexton, al juez federal Pedro Laurentino Duarte, y a los jefes de la policía federal Jorge Ramón González y Gustavo Alberto Sommer. En la denuncia, Cozzi aseguraba que había sido echada del cargo por investigar los hábeas corpus que presentaban los familiares de los secuestrados por la Policía Federal. Acusaba a los ex secretarios del juez, Ortiz y Borghelli, de haberla denunciado como subversiva ante el comando militar. Ambos funcionarios, sostenía Cozzi, habían sido promovidos por sugerencia del comandante Sexton. También revelaba que el juzgado federal tenía una estrecha colaboración “con la Policía Federal, Guglielminetti, y los excesos en la represión, que hacen incurrir a los funcionarios judiciales en el delito de coparticipación necesaria”.

La denuncia fue desestimada por un juez de primera instancia y por la Cámara de Apelaciones, y después girada a la justicia federal, confirmando el espíritu de cuerpo del poder judicial.

Destinos cruzados en el poder judicial

El 8 de julio de 1976 Pedro Laurentino Duarte fue designado juez federal de Neuquén. Su señoría tenía el pedigree del momento. En 1961 había entrado al Cuerpo Profesional del Ejército como auditor, y el 1 de enero de 1967 había sido destinado al Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, donde había alcanzado el grado de Mayor. A ese comando -que orquestó la represión en la zona- el juez perteneció hasta el 5 de julio de 1976, cuando pidió el retiro voluntario del Ejército. La baja definitiva llegó el 13 de septiembre de 1982, por razones sentimentales que Duarte dejó claras en el pedido a sus superiores: “Pedí entonces el retiro sin haber y no la baja, a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército que nació con mi ingreso como cadete a los 12 años de edad”.

En 1965, mientras Duarte hacía sus pininos en el Ejército, Onofre Rosendo Mellado ganaba el concurso para entrar al Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal de Zapala. Sus destinos se cruzarían fatalmente. Luego de su ingreso, Mellado pasó sucesivamente a la defensoría de Zapala, y al Juzgado de Paz. El 10 de marzo de 1978, a pedido suyo y con la opinión favorable del juez de Paz, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén lo trasladó al Juzgado de Paz de la pequeña localidad de Plottier.

El 4 de octubre de 1979 Mellado trabajaba como empleado del juez Carmelo Mario Scabece y fue sumariado. Lo acusaban de llenar un formulario del Registro civil sin autorización y de faltar el respeto a la compañera que supuestamente lo descubrió. En el sumario administrativo lo acusaban de “extremista”, de comportarse “raro”, de asumir “una posición contraria a los militares” y de querer viajar a la Alemania del Este. Cuando pidió su reincorporación, en 1983, denunció que el sumario impulsado por Scabece y sus compañeros Elida Edith Mora de Alarcón, Isabel Calluqueo de Uribe y Freyre de Lozano, había provocado su detención y cesanteo del Poder Judicial de la provincia.

El fiscal que asistía a los interrogatorios

Una tarde de 1979, Onofre Mellado iba en auto a buscar a su hijo Martín, de 7 años, a la escuela. Lo acompañaba su amiga Isabel Kohon, afiliada al Partido Comunista. Para entonces Onofre Mellado militaba en la Juventud Peronista y mantenía contacto frecuente con refugiados chilenos. Había participado en la campaña por la presidencia de Héctor Cámpora y había sido candidato a concejal en Zapala. Al llegar al colegio se encontró con dos uniformados que estaban interrogando a su hijo en el quiosco de la esquina. A punta de pistola, los tipos bajaron del auto y se llevaron a Onofre Mellado y a su amiga a la comisaría de Plottier. Otros agentes secuestraron propaganda del Partido Comunista que estaba en el vehículo -del compañero de Kohon, Miguel Rebolledo, activo militante del PC-. La pareja, Mellado y sus hijos fueron trasladados a Neuquén, detenidos en la delegación de la policía Federal y liberados días después (Rebolledo permaneció un tiempo en una cárcel federal).

A Mellado lo torturaron, lo colgaron de un árbol del patio con las esposas puestas y le hicieron simulacros de fusilamiento. Lo arrastraron de los pelos, mientras uno de sus verdugos le decía al otro “desnúdalo a ver si está circuncidado, porque creo que este es judío”. Fue interrogado sobre integrantes del Partido Comunista y el ex juez Carlos Arias.

En esas sesiones de tormentos participaba un “comisario González”, que decía ser Dios y decidir su muerte o supervivencia. También había alguien a quien los federales llamaban con reverencia “doctor”. Esta persona se acercaba a la habitación de los martirios y preguntaba a si habían obtenido información de Mellado. Después volvería a verlo, cuando lo llevaron al Juzgado Federal a declarar ante el juez/soldado Pedro Laurentino Duarte: era el fiscal Víctor Marcelo Ortiz.

El juez que escuchó las torturas y no investigó

Ahí Mellado supo que le habían armado una causa penal. El Juez Duarte le tomó declaración junto a una mujer, “la Defensora”, que los trató “como perros”. En su declaración consignó cuestiones que Mellado y Eduardo Pino –otro detenido- no habían dicho. Era María Ester Borghelli de Poma, hoy al frente del estudio jurídico “Poma-Scianca y asociados” en el centro de Cipoletti. Durante la declaración en el juzgado también había estado presente el abogado Marcelo Otharán, oficiando de defensor de la víctima. Fue despedido con honores por sus colegas cuando se jubiló de sus 12 años en el Tribunal Supremo de Justicia provincial. Mellado le contó a Duarte que la declaración en sede policial había sido firmada bajo torturas, pero el juez no dejó ninguna constancia.

En la Unidad N° 9 del SPF, donde pasó cinco meses escuchando de fondo los gritos de tortura de otros presos, Mellado vio a Rebolledo, a Pino y a otro detenido cuyo nombre no sabe. Estaban alojados en los calabozos de castigo. Los penitenciarios habían soldado una chapa al único ventiluz: “a estos subversivos hay que tenerlos sin luz”.

El de Mellado es sólo uno de varios casos en los que se les investiga complicidad con la represión ilegal. Además de los ex funcionarios de la justicia federal Duarte, Ortiz, López Marquet y Borghelli de Poma, el fiscal pidió la declaración indagatoria de Mirta Ebe Fava –sospechada en cinco causas-, Cecilio Alfredo Pagano –sospechado en una-, Hernán Etcheverry –sospechado en cuatro-, Dardo Ismael Sosa y Leopoldo Fuentes, juez y fiscal de Bariloche, sospechados en la causa del desaparecido Juan Marcos Herman, llevado al cine por Carlos Santamaría, en el célebre documental “Juan, como si nada hubiera sucedido”. Ahora el juez Villanueva tiene la palabra.