Un juez federal pidió a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central peritajes sobre las maniobras financieras de una banda liderada por colombianos. Vivían e invertían en countries y desarrollos en Tigre. Hoy esperan juicio tras las rejas.
El juez federal Alberto Santa Marina pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central (BCRA) peritajes sobre las maniobras económicas y financieras de la banda narcocriminal liderada por el colombiano Jesús Antonio Yepez Gaviria, desde su radicación en 2009 en el país. Ese fue el año en que llegó a Nordelta y se instaló con su mujer Claudia Arias en una lujosa residencia del barrio Los Castores. Después compraría cuatro propiedades más en el country de Tigre y comenzaría a invertir en la zona, financiando la construcción de torres y otros negocios. La “Banda del doctor” hoy tiene doce miembros procesados, cuatro de ellos con prisión preventiva.
Yepez Gaviria fue detenido en octubre del año pasado, después de catorce meses de escuchas telefónicas y cruces de información. La investigación había empezado en 2012 y desembocó en el operativo “Fondo Blanco”, que incautó 114 kilos de cocaína, detuvo a Yepez Gaviria y a otras diez personas. El mes pasado, Santa Marina dio otro paso central en la investigación de la banda, cuando allanó las oficinas de Obras de Arquitectura SRL y Oda Constructora SA. El arquitecto Walter Jorge Mosca integra el directorio de la primera y preside la segunda.
Oda Constructora inauguró el Hotel Intercontinental de Nordelta en julio de 2011, un complejo de cinco estrellas en 85 mil metros cuadrados. En aquella ceremonia, el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, cortó la cinta y apretó las manos de Walter Mosca y de Eduardo Constantini (dueño de la constructora del complejo de contries). Fue en uno de sus barrios más famosos y exclusivos, la “Ciudad Pueblo” Nordelta, donde Yepez Gaviria y buena parte de los integrantes de la banda fueron detenidos en sus viviendas. También en Nordelta habían realizado otras inversiones inmobiliarias con dinero del narcotráfico.
Fuentes judiciales confirmaron a Infojus Noticias que entre las nuevas medidas procesales ordenadas hay peritajes económicos y contables de la documentación secuestrada de las oficinas de Mosca. La UIF y el BCRA elaborarán un dictamen sobre cheques, facturas y títulos reunidos a lo largo de la investigación, y que vinculan a Yepez Gaviria con Mosca. Cientos de horas de escuchas telefónicas confirman vínculos de los negocios del colombiano con el arquitecto Mosca.
Cómo operaba la organización
Los presuntos narcos y lavadores tenían estructuras paralelas diferenciadas: un grupo se encargaba de llevar la droga desde Perú hasta la Argentina, otro manejaba el lavado de dinero. La droga era transportada en autos, un avión y camiones en su paso por Bolivia y hasta la Ciudad de Buenos Aires. Según los investigadores, en el puerto la embarcaban y enviaban a Europa. Un joven de 21 años, Oscar Matías Morfulis, era el chofer del camión que la transportaba y hoy, uno de los procesados. Los sabuesos creen que su padre, Mario, estaba a cargo de la logística del transporte internacional.
Hoy Yepez Gaviria y su mujer esperan el juicio tras las rejas. En las mismas condiciones están dos de sus socios John Eduard Martínez Grajales y Andrés Mauricio Sánchez Gálvez. El primero vivía en el barrio cerrado Santa Catalina; el segundo, en los condominios de lujo del Marinas Golf. Ninguno de ellos tocaba la droga. Tampoco Blanca Irene Rojas Núñez, la mujer de 52 años procesada por haber sido el nexo entre los capos y el piloto de avión colombiano John Hamilton Rojas Núñez.
Sus procesamientos fueron apelados: la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata no tiene plazos para resolver el planteo, pero se estima que podrían tener respuesta durante la segunda mitad del año. Algunos días después que Santa Marina enviara la causa al tribunal para estudiar los procesamientos, comenzaron a llegar informes detallados de la UIF. El ente confirmó que había maniobras financieras compatibles con el delito de lavado de dinero vinculadas a la banda". A fin de profundizar la pista, el juez remitió más documentación a ese organismo y al BCRA para que realicen los peritajes.
En el expediente, al que accedió Infojus Noticias, consta que Yepez Gaviria y su mujer tenían participación en al menos seis sociedades comerciales mediante las que reintroducían el dinero sucio al mercado formal:
-Yepez y Arias SRL invertía en los emprendimientos inmobiliarios.
-Gerentenet.com SA gestionaba transporte de pasajeros y organización de viajes turísticos.
-MPC Auto Class SA un lavadero que hacía negocios con la compra venta de autos.
-Supermercado Compra Ya SRL dedicado a la instalación, explotación y administración de supermercados y comercios de artículos para el hogar.
-Football Group International SA iba a dedicarse a la intermediación en la transferencia de pases de futbolistas, pero no llegó a realizar ninguna operación en ese rubro.
A cara lavada
Los mecanismos utilizados por la banda de Yepez Gaviria y Arias Celis coinciden no sólo con la arquitectura financiera utilizada por otras organizaciones narcocriminales: en algunos casos también coinciden en su predilección para los negocios en Tigre. El clan de los hermanos colombianos Álvarez Meyendorff también cayó en Argentina, cuando la UIF advirtió operaciones sospechosas en esa y otras zonas, a través de una docena de sociedades interrelacionadas.
La banda de Ignacio y Juan Fernando Meyendorff, vinculada al cartel colombiano del Norte del Valle, había lavado al menos setecientos millones de dólares en Colombia. No sólo amasaron la fortuna con el narcotráfico “genuino” sino también prestando sus servicios como transportistas para otros carteles. Se hicieron famosos por el desarrollo de sofisticados submarinos y semi-sumergibles para trasladar cocaína de Colombia a México y Estados Unidos.
Los Meyendorff también trajeron el dinero de la droga e invirtieron en los exclusivos barrios privados del Trigre. Los tentáculos del coloso narco llegaron hasta Nordelta y Talar de Pacheco. La UIF, que es querellante en esa causa, pidió enjuiciar a los 34 procesados de la organización, de los cuales trece –contadores y otros profesionales– se dedicaban exclusivamente al lavado, y otros 21 al narcotráfico.