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Un grupo de familias que fueron desalojadas el 29 de diciembre de 2013 de terrenos pertenecientes al ferrocarril Belgrano Norte mantuvieron cortada la Autopista Illia durante 8 días a la altura del kilómetro 1,5. Finalmente, el conflicto se destrabó pacíficamente con la intervención del gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. 

 

Ayer a la noche, el ministerio de Seguridad solicitó a la fiscal contravencional Daniela Dupuy el procesamiento del Comisionado de la fuerza, Roberto Panario, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

La Ley de Seguridad  Pública de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Policía Metropolitana debe brindar seguridad a las personas y bienes, prevenir ia comisión de delitos y contravenciones y hacer cesar dicha comisión. 

 

“Es por ello, y ante el claro incumplimiento de esas competencias claramente atribuidas por la normativa local en materia de prevención de la Comisión de contravenciones, y de las directivas de actuación que usted expresamente le impartiera en estos obrados, que, finalmente, y en mi condición no sólo de Secretario de Seguridad de la Nación, sino también, y fundamentalmente, de ciudadano, le solicito que tenga a bien arbitrar las medidas conducentes a instar el procesamiento del Comisionado de la Policía Metropolitana, Sr. Roberto Panario. Ello, insisto, fundado en el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, al no haber dado cumplimiento a la orden que por usted le fuera impartida de evitar y prevenir que se cometieran nuevas contravenciones en la Autopista Illia a partir del 2 de enero del corriente año”, afirma la nota presentada por Berni.

 

En el mismo escrito, el secretario Berni le solicita a la fiscal que le reitere a la Policía Metropolitana que "arbitre todos los medios necesarios para reforzar la presencia poiicial en la Autopista Iilía con miras a evitar que vuelva a oometerse la contravención que nos ocupa”.

 

La intervención del Ministerio de Seguridad en el conflicto se debió a “la inacción de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo las medidas de prevención de posibles Contravenciones en la Autopista Illia”, según explica Berni en la nota presentada a la fiscal Dupuy.

 

El 6 de enero a la noche, Berni dialogó con las personas que cortaban la autopista. Los manifestantes aseguraron que el gobierno de la ciudad no tenía voluntad de reunirse con ellos para resolver el conflicto y la situación que le dio origen. Berni intermedió para que el ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad reciba a las familias desalojadas. A las 2 y 20 de la madrugada del 7 de enero la autopista fue desocupada.